Atender a 30 familias vulnerables y lidiar con abusos y amenazas por 1.200 euros al mes

Hace unas semanas, la trabajadora social Sara Ramos determinó que una familia no estaba capacitada para cuidar de su bebé de cuatro meses. Lo cuenta llorando, a unos metros del Centro de Atención a la Infancia del barrio madrileño de Carabanchel en el que trabaja. “Ese día solo pude llegar a casa y meterme en la cama”, apunta. Las lágrimas reflejan las situaciones tan complicadas a las que se enfrentan estos trabajadores que lidian diariamente con casos de abusos, maltrato, abandono, precariedad de las familias y también con amenazas por parte de algunos padres que les ven como el enemigo. Pero esas lágrimas también hablan de la presión de un conflicto laboral que parte de la plantilla mantiene con la empresa privada adjudicataria de este servicio público municipal, Grupo 5. Desde el viernes, una parte de estos empleados está en huelga indefinida en protesta por sus condiciones laborales.

El pulso entre la plantilla y la empresa, cuyo contrato con la Administración pública para gestionar estos centros data de 2010, dura ya varios años. En este tiempo ha habido paros parciales, muchas negociaciones y algunas propuestas que no han dado fruto. “Solo pedimos unas condiciones dignas para llevar adelante un trabajo muy sensible. En nuestros cálculos los empleados del resto de las contratas cobran, como mínimo, un 15% más que nosotros y ese dinero es el beneficio que se queda la empresa”, asegura Álvaro Prieto, educador y miembro del comité de empresa. Si comparan su sueldo con el de los compañeros que están directamente contratados por el consistorio, la brecha se abre hasta un 45%, según sus estimaciones.

La adjudicataria del centro de Carabanchel es Grupo 5, que en 2018 fue adquirida por el fondo de inversión Corpfin Capital. Esta empresa gestiona además otros dos en Madrid de los 12 que hay en total. De ellos, solo tres están gestionados directamente por el Ayuntamiento. “En este proceso hemos mantenido una posición de negociación constructiva y posibilista con el objetivo de alcanzar un acuerdo, llegando a realizar dos propuestas de mejoras salariales en el marco del órgano de mediación que se han rechazado por el comité”, aduce la compañía.

“Firmamos con nuestro nombre y apellido medidas duras, hacemos visitas a las casas, tenemos que lidiar con cierto grado de peligrosidad y hacemos esto por 1.200 euros al mes en una ciudad como Madrid”, se lamenta Maite Martín, educadora social. El salario bruto de estos profesionales oscila entre los 19.000 y los 21.000 euros por un horario de 38 horas semanales, incluidos dos días en los que tienen que trabajar mañana y tarde. Cada uno de ellos se responsabiliza directamente de 30 familias y está implicado como apoyo en los casos de otras 30. “Además de los casos de urgencia que surjan”, especifica Violeta Cámara, psicóloga. “Sentarse con una familia y decirle que se ha detectado un problema no es fácil. La primera reacción es preguntarte que quién lo ha dicho o temen que te vayas a llevar a sus hijos”, añade.

En su agenda de trabajo mantienen citas semanales o quincenales con las familias a las que atienden en sus casas o en el centro. Encuentros para los que se desplazan por el distrito utilizando su propio coche para no perder tiempo en desplazamientos en transporte público, que les quitaría minutos de atender a los niños. “Hay trayectos que en coche supone 20 o 25 minutos, imagínate si los hiciéramos en autobús”, recalca la educadora Maite Martín. La empresa, explican, solo les cubre un abono mensual de metro y autobús.

Rotación constante

Los empleados se quejan de que, con tanta precariedad, a poco que surja cualquier otra oferta en la que les paguen un poco más, la gente prefiere irse. Cuentan que esto provoca una tremenda rotación en unos puestos en los que la regularidad es fundamental. “Nuestro trabajo se basa en alcanzar cierto nivel de confianza y si una familia ve a cuatro trabajadores sociales en menos de un año, es complicado”, recalca Maite Martín, educadora social. Los trabajadores hacen cuentas del número de compañeras que han visto pasar por un mismo puesto a lo largo de los últimos años. “En mi grupo hay uno por el que en lo que va de año han sido tres trabajadoras sociales diferentes, con lo que eso implica, empezar de nuevo todos los procesos y volver a empezar de cero”, resume Prieto. También cuentan que hay vacantes que es imposible cubrir. “Con todo lo que exigen y las condiciones que dan, ya ha habido dos veces que yo sepa que no han podido conseguir a alguien porque se echan para atrás”, señala Ramos.

En medio de todo esto, el responsabe de este servicio público, el Ayuntamiento de Madrid. “El personal de las empresas adjudicatarias se encuentra bajo el poder de dirección de las mismas. No existe relación laboral alguna entre ellos y el Ayuntamiento”, especifica una portavoz municipal. “Se velará para que la huelga no afecte al servicio que se presta a las familias usuarias y si se detectara que la empresa no cumple las obligaciones, se adoptarán medidas que incluyen sanciones económicas”, añade. Los trabajadores han convocado este lunes una protesta ante la sede del área de Familias, Igualdad y Bienestar Social.

Grupo 5 alega que la compañía cumple lo establecido tanto en los pliegos públicos de la concesión como en los convenios colectivos. “De hecho, este mismo servicio se venía prestando en condiciones similares para el equipo de la alcaldesa Manuela Carmena, con la plena satisfacción del Ayuntamiento y también de las personas usuarias y de la plantilla”. Según el último convenio sectorial, la compañía cumple con los sueldos mínimos establecidos por el documento aprobado por empresarios y sindicatos. Prieto, presidente del comité de empresa, argumenta que los trabajadores no acusan a la empresa de hacer nada ilegal, pero sí de “enriquecerse de un servicio público” a costa de congelar el sueldo de los empleados.

Los profesionales apuntan al aumento de carga de trabajo que han tenido después de la pandemia, cuando las conductas autolíticas de los menores han aumentado de forma considerable, según constatan con su experiencia. La trabajadora Sara Ramos se plantea muchas cosas en días en los que le toca tomar decisiones muy duras: “Sabemos que este trabajo es vocacional, si no, no estaríamos en esto, pero queremos llevarlo a cabo de forma que atender a los niños más desfavorecidos no signifique que dejamos de ocuparnos de nuestra propia familia porque no llegamos a fin de mes”.

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