El beneficio que dejan los pacientes de la sanidad pública al ir a la privada: 263 millones de euros en la Fundación Jiménez Díaz

En Madrid, las listas de espera médicas también son un negocio: la Fundación Jiménez Díaz (FJD), un centro privado con concierto público, ha ingresado 263 millones entre 2015 y 2021 por ocuparse de pacientes de otros hospitales que se cambiaron de centro para ser tratados antes, según datos enviados por el Gobierno a la Asamblea a principios de junio. El sistema, que también beneficia a otros cuatro hospitales públicos de gestión privada, fue ideado por el Gobierno de Esperanza Aguirre (2003-2012). El actual Ejecutivo, liderado por Isabel Díaz Ayuso, lo defiende con el mantra de la libertad de elección. Pero la oposición ve en esa cifra una parasitación del sistema público, que incluye el pago de otros 2.215 millones a la fundación entre 2015 y 2021 por atender a la población que le corresponde (para un total de 2.478 millones), y que puede multiplicarse próximamente: los gestores del centro privado reclaman en los tribunales unos 22 millones de euros más a la Comunidad, según documentación a la que ha accedido EL PAÍS.

“Estos datos confirman que el Gobierno está impulsando la parasitación de la sanidad pública por parte de la privada”, opina Vanessa Lillo, diputada de IU integrada en el grupo parlamentario de Podemos. “Es insultante la cantidad que se les ha pagado por la denominada ‘libre elección’, el corazón del negocio de este modelo de gestión”, prosigue. “Mientras año tras año asistimos al cierre de camas de los hospitales de gestión pública en verano, y a que la Consejería de Sanidad no toque ni un solo euro del Plan de Listas de Espera, los hospitales concesionados hacen caja a costa de nuestra salud”, añade. Y denuncia: “Esa es la libertad de nuestra región, que te llamen para darte esa cita que estás esperando y te digan que si vas a la Jiménez Díaz, en vez de esperar tres meses, producto del desmantelamiento programado de la sanidad pública, te la hacen la semana que viene”.

“El gasto total de la Consejería de Sanidad durante esos siete años ronda los 63.000 millones de euros”, contrapone un portavoz del Gobierno para poner en contexto la cifra de 2.478 millones gastados en la Jiménez Díaz entre 2015 y 2021. “En la Comunidad de Madrid está vigente desde finales de 2009 la Ley de Libertad de Elección Sanitaria, que regula el ejercicio de la libertad de elección de profesional sanitario”, añade. “En virtud de esa ley, los madrileños pueden elegir libremente en qué centro sanitario quieren recibir asistencia sanitaria. Y en virtud de esa elección, el Servicio Madrileño de Salud realiza las compensaciones correspondientes tanto a favor como en contra con los centros de gestión indirecta [que son los de gestión privada que forman parte del sistema público]”.

Desde principios del siglo XXI, la Jiménez Díaz es el hospital de referencia de medio millón de madrileños. Al igual que este centro, cobran por recibir pacientes adscritos a otros hospitales, generalmente públicos, otros cuatro privados (Villalba, Torrejón, Valdemoro y Móstoles) y un público de otra Administración (el Gómez Ulla, dependiente del Ministerio de Defensa, que ingresó 24 millones entre 2015 y 2021 por ese concepto). De esta manera, el sistema de libre elección de médico especialista y hospital, instaurado por el PP en 2010, ha engordado el negocio de los hospitales de gestión privada.

Por ejemplo, en 2018, miles de pacientes dejaron de tratarse en sus hospitales públicos de referencia —los siete más grandes perdieron 89.000 primeras consultas— y se pasaron a los de gestión privada —que ganaron 144.000—. Y ese trasvase se traduce en dinero, y en una competencia desigual.

“La Comunidad de Madrid ha generado todo un sistema de competencia dopada”, critica Javier Padilla, médico y diputado de Más Madrid en la Asamblea regional. “Centros como la Jiménez Díaz pelean por captar pacientes de fuera y cobrar por ello, pero al sentido contrario el dinero no fluye de la misma manera”, añade sobre unas cuentas opacas, ya que el dinero por tratar a pacientes externos se diluye en el conjunto del servicio de salud madrileño cuando son atendidos en otro hospital público. “Esos 2.500 millones son la cifra que señala un dinero que podría estar utilizándose en prestar atención, mientras se mejoran las instalaciones de los centros públicos, pero sin embargo se utilizan en reforzar un modelo de funcionamiento que debilita a los centros públicos y que anualmente mete varios millones de euros en el apartado de deudas de la Consejería de Sanidad”.

Todo gira alrededor del tiempo. El paciente tiene un problema. Busca un especialista que se lo solucione. Cuando la espera es mayor es su centro público de referencia, y menor en uno de gestión privada, como la Jiménez Díaz, la salida parece evidente: irse al segundo. Los ciudadanos aplauden el sistema: el servicio sanitario mejor valorado por los madrileños en una encuesta de abril hecha por Ipsos y recogida por Servimedia fue precisamente la libre elección sanitaria, con una nota media del 8,1.

“En la Comunidad de Madrid los hospitales de gestión privada y los hospitales de gestión pública juegan con reglas muy diferentes”, lamenta José Manuel Freire, profesor emérito del departamento de Salud Internacional de la Escuela Nacional de Sanidad, exdiputado autonómico del PSOE y exconsejero de Sanidad del País Vasco. “Esas reglas están claramente diseñadas para que los hospitales de gestión privada tengan beneficios y los de gestión pública tengan que gestionar con las manos atadas a la espalda y con menos capacidad de innovación, de autonomía, de ingresos...”

Por su parte, la Comunidad de Madrid defiende que su modelo permite a los pacientes ser tratados donde quieran, y que el precio a pagar por ello se ajusta porque va vinculado al uso del servicio. Una explicación que no convence tampoco a los sindicatos.

“Hay una política de desangrar la sanidad pública en favor de las empresas y las grandes multinacionales que están detrás de la sanidad privada”, dice Julián Ordóñez, portavoz de UGT, que tilda de “puro eufemismo” que se hable “de actividad sustitutoria o libre elección”. “Lo primero son derivaciones al sistema privado porque han estrangulado al público, y lo segundo es la gran mentira, porque los pacientes lo que quieren es que les traten cuanto antes”, denuncia. “Si les dicen que les van a tratar antes en el Gómez Ulla, pues eligen el Gómez Ulla”.

En la memoria del servicio madrileño de salud, denuncia Mariano Martín Maestro, de CC OO, se pueden observar datos interesantes. Por ejemplo, que el último presupuesto que la Comunidad de Madrid destina a la Jiménez Díaz es de 372 millones, teniendo en cuenta que tiene 485 camas funcionales. Sin embargo, hospitales como el Puerta del Hierro, con 555 camas, recibe 289 millones, y La Princesa, con 398 camas, 175, detalla Martín Maestro. “Luego, además, inyectan un presupuesto adicional con todas esas derivaciones de las listas de espera o la lista única con el argumento de que tienen un convenio de colaboración del que se benefician los ciudadanos madrileños”, remata.

Como fruto de ese convenio, la fundación reclama ahora unos 22 millones de euros a la Comunidad de Madrid en el Tribunal Superior de Justicia autonómico. “Es posible que surjan controversias jurídicas entre las partes que pueden dirimirse en el orden contencioso-administrativo”, reconoce un portavoz gubernamental sobre ese acuerdo. “En este caso, la Jiménez Díaz solicitó al SERMAS el abono de intereses como consecuencia de la demora en la liquidación de la actividad de libre elección del año 2016 y en el pago de facturas de dispensación de determinados medicamentos y realización de trasplantes en ese ejercicio”, detalla. “Dicha solicitud fue desestimada mediante resolución de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria (en su calidad de órgano superior de dirección del SERMAS), frente a la que la Jiménez Díaz ha interpuesto recurso contencioso-administrativo en el TSJ de Madrid”.

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