La deslealtad institucional de Ayuso

La voluntad política de trabajar para la gente no puede ser tan solo un deseo o un mantra, sino un mandato al que deben adscribirse todas las personas representantes públicas. Cuando uno gobierna, no puede hacerlo solo para quienes le han votado. Por desgracia, eso es lo que hace la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuando se trata de Rivas.

Ayuso no es capaz de aceptar que, a apenas 15 kilómetros de la Puerta del Sol, haya una ciudad de 100.000 habitantes donde gobierna la izquierda desde hace más de 30 años y en la que el Partido Popular apenas está representado. ¿Su castigo? Dejar a la población de Rivas sin servicios básicos. Tal es la marginación a la que la Comunidad de Madrid somete a Rivas que nos han obligado a paralizar la construcción urbanística ante la falta de infraestructuras educativas o sanitarias, ambas de competencia autonómica.

Las acusaciones que la presidenta de la Comunidad de Madrid arroja contra el Gobierno de España son las mismas con las que luego ella hostiga a Rivas: castigo y marginación. La diferencia es que, en nuestro caso, están fundadas.

En nuestra ciudad llevamos más de diez años reclamando la construcción de un cuarto centro de salud con urgencias y especialidades. Hace tres años ofrecimos incluso a la Comunidad de Madrid un convenio según el cual desde Rivas podríamos haber adelantado los fondos para construir el nuevo equipamiento. Se negaron entonces y han vuelto a negarse ahora sin más argumento que el “ya lo haremos nosotros”. Según sus plazos, podríamos no tenerlo hasta 2026.

Quizás a Ayuso le sorprenda que un gobierno de izquierdas haya terminado el año con un superávit de 22 millones de euros. ¿Por qué no nos permite construir este centro de salud? ¿Porque la gente de Rivas vota mal? No sería la primera vez que llevemos a cabo un marco de colaboración en este sentido. El último centro educativo construido en la ciudad se hizo así: adelantando el dinero desde el Gobierno local.

La deslealtad que demuestra la Comunidad atenta directamente contra la ley. Según la norma 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las Administraciones Públicas deben respetar en su actuación y relaciones la buena fe, la confianza legítima y la lealtad institucional. Si no pueden hacerse cargo de las necesidades de su población, al menos deberían dejar que lo hagan los Ayuntamientos que, gracias a una buena gestión económica, sí tienen la voluntad y la posibilidad.

En Rivas apostamos siempre por agotar las vías institucionales para hacer realidad las reivindicaciones de la ciudad. El enfrentamiento, partidista o entre Administraciones, no está en nuestro ADN. Sin embargo, cuando estos caminos concluyen, no tenemos más opción que pasar a otro tipo de acciones y llamar a nuestras vecinas y vecinos para que exijan el cumplimiento de sus derechos.

Es por ello que desde el Gobierno ripense hemos decidido encerrarnos durante 24 horas en el Ayuntamiento, con la única intención de reivindicar el regreso a la senda de la contribución mutua a una demanda ciudadana, personas que no solo son habitantes de Rivas sino también de la Comunidad de Madrid.

Confiamos en que la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y su consejero, Enrique Ruiz Escudero, sepan comprender que esto no va de siglas, sino de necesidades urgentes de la población. Regresemos a la pista del entendimiento.

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