El banco malo no ejecuta ningún desahucio en la Comunidad de Madrid desde septiembre

Los colectivos antidesahucios de Madrid han observado en los últimos meses un llamativo cambio de comportamiento en la Sareb (Sociedad de Activos de Reestructuración Bancaria), el llamado banco malo, que gestiona todavía 45.618 viviendas en España, de acuerdo a su página web, de las que se desprendieron los bancos. De ellas, 2.912 están en la Comunidad de Madrid, donde destacan los municipios de Madrid, con 1.290 viviendas disponibles, y luego Parla (450), Getafe (106), y Alcalá de Henares, con 91 pisos en propiedad, respectivamente.

La sociedad se muestra los últimos meses más compasiva con los inquilinos que no pueden pagar su alquiler, y está procediendo a retirar sus demandas de desahucio. Le sucedió a Noemí Gómez, que hace pocos días vio cómo ella, embarazada de cinco meses, su hijo de cuatro años y su pareja eran expulsados del que era su hogar desde 2019, para ser readmitidos tres horas después. Los muebles, juguetes y enseres colocados en casas de amigos y familiares recorrieron un camino disparatado de ida y vuelta en 24 horas.

La sorpresa fue generalizada en la familia y en la Asamblea de Carabanchel, que ejercía su defensa. A pesar de precintar la vivienda e instalar la habitual alarma, una mediadora de la Sareb, llamó a las tres horas a Noemí. “Me dijo que me devolverían las llaves, y además quisieron que firmara un contrato con el que se comprometen a buscarme una vivienda mejor en dos meses”, relata. La casa por la que lleva luchando dos años no se puede calificar ni de estudio: 16 metros cuadrados, claramente insuficientes para los tres convivientes actuales, que serán cuatro en unos meses. “Yo firmé, y estoy a la espera de que cumplan” explica la mujer, preceptora de la Renta Mínima de Inserción, ya de nuevo desde su domicilio en la calle Rascón, en el barrio de San Isidro.

La sociedad no quiere dar explicaciones de lo sucedido, más allá de lo que publicó el mismo día en su cuenta de Twitter. El comunicado del banco malo decía lo siguiente: “No obstante, la paralización no se ha podido conseguir ante la negativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad allí presentes, que no han considerado oportuna la propuesta”. El mensaje sorprendió por su beligerancia contra la policía y el juzgado de instrucción número 29, que tampoco han querido hacer declaraciones a este periódico sobre este acontecimiento: el propietario se apiada del inquilino.

Sin embargo, este cambio de actitud de la Sareb no es un hecho aislado desde hace unos meses. Daniel Vega, miembro del sindicato de vivienda de Carabanchel, cree que “este modus operandi de la empresa es largamente conocido por el movimiento de vivienda: se presiona a la familia inquilina sin querer negociar ni hablar con ella para, en el último momento, si no se van, retirar la demanda y volver a estudiar si cumplen con criterios de vulnerabilidad social, aunque ya esté acreditada ante los servicios sociales”.

Desde septiembre del año pasado, la Sareb está pidiendo a los juzgados de Madrid la retirada de las denuncias que interpusieron de los procesos de desahucio que antes llevaban hasta el final, aunque no lo reconoce al ser preguntada, e insiste a través de su departamento de comunicación en que se estudia caso a caso.

En las últimas semanas, no obstante, han repetido dos veces la jugada. El 28 de febrero se supo de la paralización del desahucio previsto en un edificio de esta entidad para el día 31 marzo de 12 familias de Carabanchel; el 24 de marzo solicitaron asimismo la retirada de la denuncia que habían presentado contra Marian y sus dos hijas, un día antes del desahucio programado en Nueva Numancia, en Puente de Vallecas, en Madrid. Y el 18 de marzo, el mismo día que Noemí, ocurrió con Isabel, víctima de violencia machistaSareb y vecina de Villalba.

La explicación a este fenómeno está, según las asociaciones antidesahucios, en la presión ejercida por ellas denunciando ante medios e instituciones los casos. También en que el Gobierno de España se ha hecho recientemente con el 51% del accionariado de la entidad para dar salida a la obligación definida por Europa de asimilar la SAREB como pública a todos los efectos de su deuda.

La única orden ya no es desalojar y vender a toda costa. Con el cambio de titularidad se decretó asimismo vía modificación legislativa que el objeto social de la Sareb es desde el 19 de febrero, además de vender, dar utilidad social de las viviendas. Esto obliga a la entidad a crear estrategias de cesión de inmuebles a entidades públicas o a entidades no lucrativas. Un mes y medio después, nada se ha movido. “Estamos pendientes de la tramitación parlamentaria del decreto, que se está produciendo actualmente”, explican desde la Sareb.

Los portavoces de los Ministerios de Economía, Transportes (que tiene las competencias estatales en Vivienda), ambas carteras socialistas del Ejecutivo, o Derechos Sociales, en manos de Unidas Podemos, declinan confirmar si existe una orden de limitar o retirar las órdenes de desahucios.

Valencia pide el traspaso de 8.500 inmuebles

El traspaso a los parques de vivienda pública de los inmuebles de la Sareb a las comunidades autónomas sería un importante giro en la inversión en un país con uno de los índices más bajos de vivienda pública. El Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes explicó que la media de la Unión Europea se sitúa en un 4%, en cuatro hogares sociales por cada 100 habitantes, mientras que España no llega a alcanzar el 1% de vivienda social. Trasladado a la región madrileña, el índice se desploma hasta un 0,31%.

Algunas regiones están moviendo ficha: el Gobierno valenciano pedirá a la ministra Calviño el traspaso de los más de 8.500 inmuebles a la Comunidad, la bolsa más grande. El vicepresidente Héctor Illueca se entrevistará hoy con responsables del ministerio.

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