El terremoto provocado en el PP por la guerra entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso seguirá teniendo réplicas hasta 2023, cuando tocará elaborar las listas para las elecciones municipales y autonómicas de mayo de ese año. La posibilidad de que la baronesa controle ese mecanismo de premio y castigo de lealtades al lograr la presidencia del PP de Madrid fue el primer punto de fricción entre los dos líderes conservadores. Y ahora, con el conflicto interno descontrolado, permite retrasar el ajuste de cuentas por las adhesiones recibidas por cada bando: tanto en el grupo parlamentario popular de la Asamblea como en el Gobierno hay representantes con peso específico que saben que su futuro está en peligro.

Todos los cargos populares operan bajo la premisa de que el posicionamiento de cada uno en el conflicto interno afectará a la elaboración de las listas de 2023. Queda poco más de un año para esos comicios, y nadie sabe quién estará al mando del PP nacional y del madrileño para entonces. Lo único seguro es que las decisiones presentes sobre la guerra civil de la formación conservadora tendrán efectos futuros: por ahora, Díaz Ayuso, que puede dar y quitar tanto en el Gobierno como en el grupo de la Asamblea, parece inclinada a esperar.

“No está prevista una crisis de gobierno”, dice una fuente de la confianza de la líder conservadora sobre la posibilidad de un cambio de alineación inmediato en el Ejecutivo autonómico, claramente dividido entre los consejeros que han mostrado en público su apoyo a la líder (la mayoría), los que se mantienen al margen, y los que no.

“Me reafirmo en mi orgullo de pertenecer a un gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso y de estar dentro de una organización como el PP que preside Pablo Casado”, afirmaba este lunes el titular de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, protagonizando un difícil ejercicio de equilibrismo que refleja la precariedad de su situación. Al tiempo que asesor de Díaz Ayuso, López es vicesecretario de Casado. Una situación imposible que le ha colocado en el ojo del huracán, como a su compañero y responsable de Transportes e Infraestructuras, David Pérez, que tampoco ha expresado en público su apoyo a la presidenta regional.

Pero la situación es incluso más complicada en el grupo parlamentario del PP en la Asamblea. Aunque múltiples fuentes consultadas quisieron restar importancia a que apenas una veintena de diputados se quedaran tras el pleno del jueves para hablar con Díaz Ayuso (”salimos a la carrera”), lo cierto es que una minoría de menos de una decena de representantes está en una posición crítica.

Entre ellos se encuentra Diego Sanjuabenito, que al mismo tiempo es diputado del PP regional y jefe de gabinete de Casado. Y sus dos jefes están enfrentados. Lo mismo le ocurre a Ana Camins, diputada gracias a ir en las listas de Díaz Ayuso, pero también senadora y secretaria general del PP de Madrid por su vínculo a Casado, que se remonta a sus tiempos en las juventudes del partido, cuando él le llamaba a ella su “general secretaria”. Un puesto, este último, que no retendrá en la organización madrileña si Díaz Ayuso logra el poder en el PP regional, puesto que prefiere a Alfonso Serrano, el actual portavoz parlamentario, para ese cargo.

El mensaje está claro. Aplaudida por haber conseguido movilizar a un partido deprimido por los escándalos de corrupción, los desencuentros del equipo de Camins con el de Díaz Ayuso ya no tienen marcha atrás. Entre otras cosas, porque Génova puso a circular su nombre como alternativa para presidir el PP de Madrid.

Cordones sanitarios

“Pero desde que hay problemas, en el grupo nunca ha habido cordones sanitarios en función de quién está a favor o en contra de la presidenta, que además nunca ha pedido nada de eso”, asegura una fuente conocedora del día a día del grupo parlamentario popular en la Asamblea. “Salvo algunos, que pueden tener sus dudas, o sus adhesiones a la dirección nacional, el resto lo tiene muy claro”, añade, en referencia al evidente y mayoritario apoyo de los diputados madrileños a su presidenta.

En ese discreto segundo plano estarían los llamados diputados paracaidistas, sin vinculación con Madrid, pero con escaño en el Parlamento autonómico, y que en el PP regional siempre se han considerado como parte de la cuota de Génova en la elaboración de la lista electoral. Sería el caso, por ejemplo, de Mari Mar Blanco, que dejó su cargo como asesora de vivienda del Ayuntamiento de la capital para llegar a la Cámara regional. O de Alicia Sánchez-Camacho, exlíder del PP de Cataluña, muy activa en la última campaña electoral de Díaz Ayuso, pero sin ninguna raíz en la política madrileña.

También mantiene un calculado silencio Toni Cantó, normalmente muy expansivo en sus redes sociales. El exdiputado de UPyD y Cs llegó al puesto que ocupa ahora en la Administración madrileña (director de la oficina del español; 75.000 euros anuales), gracias a la insistencia de la dirección nacional, y pese a que el equipo de Díaz Ayuso no apreció que se le impusiera para su lista electoral. Es decir, su cargo depende de Díaz Ayuso y se lo debe a Casado. Mejor mantenerse en silencio.

No es el caso, sin embargo, de los diputados de Cs que fichó Díaz Ayuso de cara al 4-M, cuando quiso lanzar el mensaje de que la absorción de ese partido por el PP podía conseguirse por la vía de los hechos y de las urnas. Así, tanto Sergio Brabezo como Marta Barbán han mostrado su apoyo a la líder conservadora. Cuestión de valores, y de convicciones, pero también de defender sus opciones para repetir como diputado en apenas un año, cuando se celebren las elecciones de mayo de 2023.

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