Los servicios sociales de Madrid comienzan el año en desbandada

Los trabajadores sociales de los distritos de Madrid no pueden más. Una silenciosa huida, tanto de técnicos de intervención como de administrativos, está vaciando los departamentos a petición propia, al no poder asumir la presión asistencial. A fecha de hoy, hay sin cubrir 111 plazas de diplomados y administrativos de estructura y su falta es ya insostenible. En la última comisión informativa del Área de Familias, Seguridad y Bienestar Social, la concejala socialista Emilia Martínez denunció que la situación está preocupando en Salud Laboral, debido a que hay más solicitudes de adaptaciones de puestos entre los servicios sociales que en la Policía Municipal o en el Samur Protección Civil.

“Estas peticiones tienen mucho que ver con la sobrecarga laboral, emocional y la tensión constante que sufren”, afirmó Martínez, que exigió diligencia en la reposición de las plazas. El director general de Servicios Sociales y Emergencia Social, Alejandro Gonzalo López, remitió al departamento de personal del Ayuntamiento. “Los problemas de gestión en la organización de recursos humanos no son competencia de este equipo”, aseguró, para emplazar a un nuevo modelo de servicios sociales que se presentará, aseguran, en primavera del año que comienza. Mientras que el área de Familias es una de las concejalías en manos de Ciudadanos, Personal depende de Hacienda, que corresponde al PP en el reparto de competencias de la coalición de gobierno.

“Nadie quiere venir a los servicios sociales de los distritos por el volumen tan inmenso de trabajo que hay, el poco personal y la presión que se mete a los responsables para llevar a cabo dos o tres cuestiones políticas del programa político”, explica un trabajador del Ayuntamiento que prefiere mantener el anonimato. Setenta plazas de diplomado en trabajo social están vacías, 11 más que en julio.

Pero hay más: a principios de año, el distrito de Tetuán se quedó sin jefatura de servicios sociales, a petición propia de la persona que hasta entonces ocupaba el puesto y que decidió abandonar. Le siguieron el de Salamanca en primavera, Centro en septiembre, este diciembre Villa de Vallecas, y el próximo enero, una responsable adjunta de Moncloa también saldrá libremente de los servicios sociales. “Esto dice mucho de la situación actual y no ha trascendido”, sostiene el trabajador.

Especialmente complicada es la falta de personal administrativo. Siguen estando sin cubrir las 41 vacantes que ya estaban desabastecidas en agosto. Varias convocatorias para ocupar plazas fijas de trabajadores sociales y personal de gestión han quedado desiertas recientemente porque nadie se presenta, lo que confirma la situación. En las dos últimas, publicadas en el boletín municipal los días 9 y 21 de diciembre, se puede comprobar cómo de las nueve plazas de Villa de Vallecas, ocho no han sido cubiertas. Tampoco en Centro, Vicálvaro y Ciudad Lineal.

La presión es insostenible, según relatan varios miembros de los equipos de los distritos. Hay que tener en cuenta que no solo de las Tarjetas Familia, la ayuda para alimentos que se lanzó en plena pandemia, viven los servicios sociales. El catálogo de actuaciones se alarga hasta los 143 puntos, que van desde tutelas urgentes de menores y mayores, gestión de plazas residenciales de todo tipo para colectivos vulnerables, asistencia para retornos voluntarios a migrantes sin regularizar, ayudas económicas para pagos de alquiler o pequeñas obras, atención psicológica, apoyo socioeducativo y laboral a jóvenes, solicitud y gestión de pensiones de todo tipo y hasta servicio de lavandería.

En Villa de Vallecas, donde a fecha de hoy faltan nueve trabajadores sociales fijos ―una se cubrirá en breve con el concurso recientemente publicado― y tres administrativos, a Ana Belén, de 44 años, le han denegado la tarjeta, con una hija con parálisis cerebral y 387 euros de dependencia como único ingreso. La tuvieron hasta julio y entregó los papeles para poder renovar en septiembre, pero finalmente no ha sido así, ya que su marido tiene pendiente el cobro de una cantidad de paro que hará que sean 700 euros lo que llegue al domicilio, insuficiente para la familia pero válido para denegar la solicitud. Ha solicitado una audiencia con el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, o con la vicealcaldesa Begoña Villacís, pero no se la conceden. “Una niña con estas discapacidades, del 75% y movilidad reducida, debería tener más ayudas. Lleva un mes en cama y necesitamos productos frescos y verduras para hacerle purés”, cuenta Ana Belén al teléfono.

Lo que sí se puede saber es que no es la única forma en la que los equipos de servicios sociales están asistiendo a las familias más necesitadas cuando estas acuden a pedir alimentos. Desde octubre de 2020, cuando se comenzaron a activar las tarjetas, se han dado 15.526 ayudas para necesidades básicas de alimentación en los 21 distritos de la ciudad. Por lo tanto, casi la mitad de las tramitaciones desde los Centros de Servicios Sociales, un 47%, ha tenido salida mediante otras fórmulas.

EL PAÍS ha podido saber, por dos fuentes distintas de trabajadores municipales, que desde abril no se ha tramitado ninguna, por ejemplo, en el distrito Centro. El Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social lo niega, e indica que se han entregado 42 entre mayo y finales de septiembre. “Se tardan en tramitar varios meses”, contesta un funcionario, por lo que ambas cosas podrían ser ciertas y que las entregadas hubieran sido tramitadas previamente.

Para gestionar la tarjeta se han incorporado 118 trabajadores sociales y 41 administrativos en un programa de refuerzo temporal, única y exclusivamente para esta herramienta, y se ha creado un incentivo de remuneración extra a personal funcionario que extienda su jornada laboral para tramitar estos expedientes, al que se han apuntado 92 trabajadores de distritos y del área competente. No parece ser suficiente. Se sigue usando el anticipo de caja, según una portavoz del Área de Familias: “Si una familia se queda sin nada que comer, servicios sociales tiene la posibilidad de tramitar una ayuda de esta manera para que al día siguiente reciba un dinero para alimentación”. Mientras tanto, se le va gestionando la Tarjeta Familias, asegura.

Son los trabajadores sociales quienes dan la cara frente a las personas necesitadas que no pueden esperar meses de espera hasta que la tarjeta pase por todos los estadios administrativos necesarios, y deciden derivar a las personas solicitantes a bancos de alimentos ajenos al municipio. “Claro que lo hacemos, hacer derivaciones para que atiendan a las familias en los bancos de alimentos que conocemos. Es lo más rápido”, asegura otro trabajador social.

Derivación a las ONG

Parroquias, ONG o despensas vecinales asumen la carga. “Muchos distritos prefieren hacer esto antes que tramitar la Tarjeta Familias, porque es un trajín para la familia y para los equipos”, agrega. Pero desde agosto, los bancos están diciendo que están colapsados y piden que no se les derive más. También se han ido reactivando acuerdos con supermercados, tal y como se hacía antes de la Tarjeta Familias. El área reconoce estas colaboraciones con comercios y grandes superficies de alimentación, siempre previa, según su versión, a la entrega de la tarjeta.

Las cifras al margen de la medida estrella son altas: desde junio y hasta finales de agosto de este año, por ejemplo, los distritos de Puente de Vallecas y Hortaleza no entregaron ninguna tarjeta, pero tramitaron 323 ayudas para alimentos. En el mismo período, de Chamberí y Chamartín se dio salida a cinco ayudas en cada uno vía tarjetas y otras 250 más con otros sistemas. Dos meses después, del 1 de agosto al 30 de septiembre de este año, en Salamanca se asistió a 19 familias con alimentos, pero ninguna a través de la Tarjeta Familias. Moncloa-Aravaca registró en estos dos meses 199 ayudas de emergencia para comida y solo 10 de ellas fueron gestionadas con la herramienta digital. Los datos de atenciones se pueden consultar en el portal de datos abiertos de la web municipal y las cifras de tarjetas entregadas han sido proporcionadas por la portavocía del área a lo largo de varios meses.

A Pilar, de 56 años y con un 65% de discapacidad, se le acabó el 31 de diciembre la tarjeta que le concedieron para tres meses en la junta de Fuencarral-El Pardo. “Me llamaron en junio y me dijeron que me la daban para octubre, noviembre y diciembre, 270 euros cada mes”, explica. Desde entonces, no recibió ninguna llamada hasta el 29 de octubre, cuando le dijeron que fuera a recogerla. “Tuvimos tres días para gastarla”, relata. Los importes caducan cada mes y no se pueden acumular. Pasó todo noviembre sin que se la recargaran, tampoco al llegar diciembre. El día 20 tuvo cita de urgencia con un trabajador social que le pidió perdón “por el desmadre” y le ingresaron el importe. “Me gasté corriendo 182 euros en carne, en avíos de guisos, y lo demás, pues en seco: jabón, suavizante, papel higiénico y botes de comida”. “El lunes [3 de enero] llevé todas la facturas y a ver si me dicen que me la amplían, no sé nada”, cuenta Pilar.

La medida ha sido calificada de éxito histórico por el equipo de Gobierno municipal en varias ocasiones a lo largo de estos cuatro trimestres, tantas como de fracaso absoluto por la oposición. Entre los triunfalismos y las acusaciones se deslizan un contrato de 657.000 euros para hacer las recargas y diseñar una aplicación móvil y la provisión de 19 millones de euros para el año entrante, un 180% más de presupuesto en el nuevo año, para una medida que sigue sin tener trabajadores suficientes que la gestionen.

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