La Ciudad de la Justicia: Una “oportunidad de negocio”

Resulta fácil recordar en la hemeroteca las andanzas del Partido Popular para convertir los servicios públicos, como la sanidad, en negocio en detrimento de las cuentas regionales. Sucesivos Gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid han ido haciendo lo mismo, concesiones como los siete hospitales de gestión público privada construidos por el gobierno de Esperanza Aguirre, con coste inicial de casi 1.600 millones de euros, cuyo resultado final es invaluable dadas sus revisiones continuas y la opacidad en la información; o la carretera M-45 con un coste previsto en 300 millones y que el propio Gobierno regional ya sitúa por encima de los 2.000; lo mismo sucede con el metro ligero oeste y en otros muchos casos.

Ahora acaba de exponerse al público el estudio de viabilidad económico-financiera de la agrupación de sedes judiciales del Partido Judicial de Madrid, la denominada Ciudad de la Justicia en Valdebebas, este será el tercer intento de construirla de los Gobiernos del Partido Popular. Resulta fácil recordar el megalómano proyecto de Esperanza Aguirre, cuya causa penal ahora está dilucidándose en los Tribunales. Al igual que lo está el segundo intento que Ignacio González planteó, de forma precipitada, antes de las elecciones autonómicas de 2015.

Ahora vuelve a retomarse ese proyecto, 17 años después, aplicando el mismo sistema que Ignacio González, la concesión administrativa por un periodo máximo de 40 años. Las colaboraciones público-privada pueden resultar o no de interés, pero aquí, precisamente en esta región, ya hemos sufrido los estragos económicos de esas decisiones que dejan en manos privadas lo que corresponde a la propia Administración. Y, en este caso, ni siquiera hay un anteproyecto que defina con claridad las necesidades, un anteproyecto seleccionado mediante un concurso público.

Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid ha presentado un conjunto de alegaciones para que una operación de esta envergadura no se deje en manos del operador privado que resulte seleccionado. De ahí que sea imprescindible definir el desarrollo de esa parcela de Valdebebas, con un anteproyecto que defina claramente esa puerta de entrada norte a Madrid. Es una obligación de las administraciones, así como de los profesionales de la arquitectura que no pueden quedar al margen de este proyecto.

Simultáneamente desde el Grupo Parlamentario Socialista defendemos que esas sedes judiciales se promuevan por parte de la Administración regional, entendemos que una vez definido el proyecto a desarrollar se busque la mejor vía para que esas sedes judiciales, únicas en Madrid, sean propiedad de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de que la parte comercial del proyecto y la explotación de determinados servicios se dejen o no en manos de operadores privados.

Por último, nos preguntamos por qué le han entrado estas prisas a la señora Díaz Ayuso en lanzar este proyecto con tanta celeridad, cuando recientemente han arrendado edificios para sedes judiciales hasta el año 2029.

Suscríbete aquí a nuestra newsletter diaria sobre Madrid.