Detenida la exalcaldesa de San Martín de Valdeiglesias por supuestas irregularidades en las concesiones municipales
La querella de la Fiscalía aprecia la “utilización inadecuada de los contratos menores” y la existencia de facturas y subvenciones “sin justificación”
La Guardia Civil ha detenido este miércoles a Mari Luz Lastras, la exregidora socialista de San Martín de Valdeiglesias, un municipio de unos 8.000 habitantes en el suroeste de la Comunidad de Madrid, y a otras 11 personas más, entre ellos cuatro de sus concejales de la antigua corporación. Se trata del exteniente de alcalde Luis Haro, y el exconcejal de Festejos Pablo Luis Lastras, y los también exediles Félix González Otero, Mónica Martín Solano. También se ha arrestado a una pequeña empresaria de la zona Carolina de Francisco. Se acusa a los políticos de un delito de prevaricación y malversación de fondos, entre otros asuntos, por actuaciones urbanísticas en el pantano de San Juan y supuestas adjudicaciones irregulares a familiares y allegados al equipo de la alcaldesa. La operación parte de una querella presentada en 2019 por la Fiscalía de Móstoles a raíz de una denuncia del PP.
En la querella de la Fiscalía a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el ministerio público aprecia indicios de irregularidades en las cuentas municipales de 2016 y 2017. Estas consisten en pagos sobre los que no existe “fiscalización previa” y subvenciones otorgadas para las que “falta justificación”. También aprecia la utilización inadecuada de los contratos menores, aquellos que por ley no tienen que ser sometidos a concurso público para buscar la mejor oferta. La Guardia Civil ha entrado esta mañana en el consistorio y en la sede de diferentes empresas, tanto en el municipio como en Madrid, para llevarse la documentación necesaria para proseguir con la investigación. La operación se ha alargado también por la tarde.
En el escrito del Ministerio público, se apunta a cinco empresas de la zona que habrían sido las beneficiadas por estos contratos irregulares. El atestado de la Guardia Civil en el que se apoya la querella de la Fiscalía habla de “posibles afinidades de miembros de la corporación a la hora de realizar adjudicaciones”. Los agentes también han investigado diversas operaciones realizadas por el Ayuntamiento con respecto a la sociedad Costa de Madrid y al centro canino Monte Ida.
Los problemas en torno a Costa Madrid no son nuevos. Esta sociedad se creó durante la dictadura y tiene una participación municipal y privada. Se creó para urbanizar parte del monte que rodea al pantano de San Juan, pero siempre ha sido un pozo de problemas judiciales, recalificaciones y cambios de titularidad. Uno lo de los primeros inversores en este terreno fue Enrique Sarasola, padre del también empresario inmobiliario de mismo nombre, que ya en los 70 mantuvo un litigio con el consistorio por irregularidades en la cesión de los terrenos. El proyecto inmobiliario avanzó a lo largo de estas décadas a trompicones y llegaron a construirse varias urbanizaciones en los alrededores del pantano.
Muchos vecinos de estas urbanizaciones han denunciado a lo largo de todo este tiempo el abandono por parte de su Ayuntamiento y ese descontento fue el fruto, en parte, del nacimiento de la formación de la formación Unión de Ciudadanos Independientes de San Martín de Valdeiglesias. Esta agrupación dio al PP la mayoría que necesitaba tras las últimas elecciones para llegar a la alcaldía. Pero no está siendo una legislatura tranquila para Zarzalejo. El año pasado dos de sus concejales abandonaron el grupo municipal y pasaron a ser no adscritos por discrepancias con la regidora, a pesar de lo cual ha conseguido mantenerse en el cargo aunque haya perdido la mayoría en el pleno. Precisamente este jueves figuraba en el orden del día del pleno extraordinario la disolución de la sociedad Costa de Madrid.
El consistorio liderado por Mercedes Zarzalejo (PP) ha asegurado que se ha personado como perjudicado en las diligencias. El Ayuntamiento ha informado a sus vecinos de que queda suspendida la atención del departamento de Obras “al menos durante el día de hoy”. En un comunicado emitido por la oficina de Zarzalejo, el actual equipo de Gobierno señala que “pese a haberlo advertido en innumerables ocasiones a los concejales del PSOE y a los concejales no adscritos, lamentamos profundamente estos hechos, que trataremos con absoluta transparencia sin interferir en el desarrollo de la investigación”.
La alcaldesa ha detallado que fue su grupo el que puso en conocimiento de la justicia los hechos por los que hoy se ha detenido a la anterior regidora y algunos de sus ediles: “En 2019 pusimos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción de las irregularidades de las que teníamos constancia, a partir de ahí comenzó la investigación. Apuntamos los hechos que manifestaba la interventora pública en sus informes”. La actual alcaldesa ha explicado que también se ha registrado otro edificio municipal en el que se gestionan, por ejemplo, los informes de subvenciones.
El PSOE de Madrid ha emitido un comunicado en el que aseguran que cuando dispongan de información oficial por parte de las autoridades, el partido “actuará en consecuencia, respondiendo de forma inmediata y en consecuencia, bajo el firme compromiso de los socialistas con la ética y la transparencia”. En la nota firmada por Marta Bernardo, secretaria de organización, el partido afirma que se ha enterado de los hechos por los medios de comunicación .
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