Madrid dio 16 ayudas sociales por la ley de violencia de género en 2019

En 2019, 26.166 mujeres pusieron una denuncia por violencia machista en Madrid. Aquel mismo año, la Comunidad dio 16 ayudas de las vinculadas al artículo 27 de la Ley de Violencia de Género de 2004, unas de las decenas de prestaciones que existen. También entonces, con 33.977 denuncias, Andalucía otorgó 85; Galicia, con 6.551 mujeres denunciantes, concedió 189; Valencia, con 23.932, asignó 204 de estas prestaciones; y País Vasco, con 5.927, entregó 250. Como estas, la Comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso tiene otras cifras relacionadas con la cobertura a las víctimas de violencia de género bajas en comparación a las denuncias que registra y bajas también respecto a otras autonomías. Muchos indicadores apuntan a que algo sucede con esa cobertura. ¿Qué es? La Dirección de Igualdad responde a casi todo que esos raquíticos datos están relacionados con el incumplimiento de diversos requisitos por parte de las víctimas. La oposición en la Asamblea cree que tiene más que ver con la “voluntad política”. “La que no hay”, dice la socialista Lorena Morales.

La Comunidad, con una población que supone el 14,2% de España y el 15,5% del total nacional de denuncias para ese año —y teniendo en cuenta que lo que llega a una comisaría representa aproximadamente un tercio de la violencia real que existe, a veces baja hasta una cuarta parte, según la última macroencuesta de violencia contra la mujer, del Ministerio de Igualdad— es la región con algunas de las tasas más bajas en la concesión de distintas prestaciones a las mujeres. Una de ellas son esas que corresponden a la Ley Integral contra la violencia de género. Si en 2019 fueron 16, en 2020 bajaron a 14; mientras que Galicia daba 340 o Andalucía 111.

Según la Dirección de Igualdad —que contesta por escrito tras denegar una entrevista con su directora, Patricia Reyes—, “en la Comunidad de Madrid se da trámite a todas las solicitudes de ayuda económica que llegan”. No aportan el dato y explican que “hay que tener en cuenta que no todas las solicitudes se materializan en la adjudicación de la ayuda, ya que las solicitantes deben cumplir los requisitos marcados por la ley”. Uno de esos requisitos, dicen, es el relativo a que la solicitante tenga especiales dificultades para obtener un empleo por criterios como la edad, la falta de preparación general o especializada y sus circunstancias sociales: “En muchas ocasiones, en cumplimiento de la legalidad vigente, se deniega la ayuda porque la solicitante no cuenta con esas especiales dificultades para encontrar un empleo”.

Morales, la diputada del grupo socialista, se pregunta si con esto “la Comunidad quiere decir que las madrileñas que son víctimas de violencia están en mejor situación que las vascas o las gallegas, por poner autonomías con rentas equiparables a Madrid”. Y recuerda algunos indicadores. En la tasa de paro, por ejemplo, Galicia (13.61%) y País Vasco (10,42%), “están cerca de Madrid” (12,78%), según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, del segundo trimestre de 2021. Ocurre lo mismo con la brecha salarial: País Vasco (19,51%), Galicia (19,25%) y Madrid (18,53%) van correlativas en la estadística.

“Y respecto a la pobreza, País Vasco es la segunda Comunidad con inferior indicador AROPE (14,4%), junto a Navarra (11,7%), de toda España”, dice la diputada. Ese indicador —At Risk Of Poverty and/or Exclusion, por sus siglas en inglés, mide la pobreza en base a una serie de parámetros como el riesgo de estar en ella, la privación de recursos o el empleo—, “sitúa a Madrid con el 19″. Es decir, que el 19% de la población madrileña está en riesgo de pobreza y/o exclusión social.

Con ese contexto, desde que se activaron esas ayudas, en 2006, se han otorgado 8.630. En Madrid, 174, un 2%. Andalucía, con 908, recoge el 10,5%; Valencia, con 1.311, el 15,1%; País Vasco el 18,2% con 1.577 y Galicia, con 1.380, el 15,9%. “Son números y números, pero reflejan la situación en cada comunidad”, cree Morales.

La explicación que da Igualdad a ese bajo porcentaje se repite también para otra cuestión: los títulos habilitantes. ¿Qué son? Se crearon en 2004 para acreditar de forma oficial que una mujer es víctima de violencia de género sin que sea necesaria una denuncia. Se hizo, precisamente, porque la inmensa mayoría de las asesinadas por sus parejas o exparejas no presentaron nunca una denuncia: de las 1.114 desde que se registran datos oficiales, en 2003, solo 232 habían acudido a la policía y en una ocasión hubo una denuncia de oficio. En Madrid, de las 118 mujeres asesinadas desde 2003, 25 habían interpuesto una denuncia.

Desde la Dirección dan los datos de títulos: ”En 2020 recibimos 751 solicitudes, 721 fueron resueltas favorablemente, un 96%. En lo que va de 2021, hemos recibido 589 peticiones, con la concesión de 567, otro 96%“. Para la cantidad de denuncias, espeta Morales, “el número de títulos es bajísimo”. El pasado año hubo 22.463. Todas esas mujeres, tras la denuncia, constan ya como víctimas para la Administración, “pero si se tiene en cuenta que la mayoría no lo hacen, ¿cómo puede haber tan pocos títulos, que es precisamente la herramienta que se creó para las que no lo hacen?”.

Los cuellos de botella

Hay varios motivos que pueden estar detrás. Por un lado, que no todos los servicios sociales municipales y todos los puntos del observatorio de violencia de género de la Comunidad “tienen ni dan la necesaria información sobre el título habilitante para ofrecerlo a las víctimas”, explica Morales: “Y si no sabes que existe, ¿cómo lo vas a solicitar? Es responsabilidad del Gobierno regional informar de esto”.

Por otro, que desde hace años el Ejecutivo ha reducido el número de agentes que pueden participar en la elaboración de los informes. “Dejando fuera a las entidades feministas de referencia, lo que reduce los canales para acceder a estos títulos”, recuerda la portavoz de Igualdad del PSOE en la Asamblea. Y en tercer lugar, “que se formó una especie de cuello de botella en los organismos que pueden aprobar esta acreditación, quedó solo uno, la Dirección de Igualdad”. Mientras, otras autonomías tienen decenas de espacios e instituciones que pueden hacerlo, como Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña o Galicia, según recoge la información del Ministerio de Igualdad.

La suma de esas y otras cuestiones, concluye Morales, “hacen que la Comunidad más rica de España no esté a la altura de su riqueza” en la lucha contra la violencia machista: “Si voy metiendo un palito a cada vuelta de la rueda, la rueda acaba atascada y a duras penas avanza”.

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