La tensión Gobierno-Comunidad de Madrid llega también a los más vulnerables

El último episodio de la tensión entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid tiene como protagonista a las ayudas que recibe la población más desfavorecida. La batalla entre el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que concede y administra el Gobierno central y la Renta Mínima de Inserción (RMI), de competencia autonómica, se ha cobrado una víctima inesperada: los hijos de los perceptores de IMV se han quedado sin ayudas para beca comedor. En total, según cifras oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se trataría de 34.125 menores afectados. El debate ha saltado a las redes sociales y tanto el ministro José Luis Escrivá como el Consejero de Educación Enrique Ossorio se dedican cada día acusaciones a través de Twitter.

La relación entre la renta autonómica y la estatal es compleja y profunda. La fricción ha subido a la superficie en estos primeros días de agosto a cuenta de las familias más necesitadas. La Comunidad y el Gobierno de España se han enzarzado en otra discusión, esta vez entre el consejero de Educación y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El detonante ha sido la exclusión por parte de la región madrileña de menores beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital de las becas escolares de alimentación, mientras que los receptores de la Renta Mínima de Inserción autonómica sí mantienen su reducción a un euro por menú. Esto ya ocurrió en septiembre pasado, y fue denunciado por la plataforma RMI Tu Derecho. Diez meses después, la situación sigue igual de enconada.

Osorio y Escrivá llevan tres días lanzándose acusaciones cruzadas en Twitter. El consejero de Educación ha llegado a decir: “Llevamos meses reclamando el listado de familias de Ingreso Mínimo Vital para incluirlos como beneficiarios de las ayudas de comedor, pero el Gobierno de España no nos lo ha facilitado”. El ministro le ha respondido, también en esta red social, con pantallazos de los envíos semanales que desde su departamento se remiten a todas las comunidades autónomas con las resoluciones tramitadas.

Fuentes del equipo de Escrivá explican a EL PAÍS que no saben en qué se basa el consejero regional, ya que desde hace más de un año existe un protocolo de intercambio de información semanal con las comunidades autónomas para el traspaso de datos de las solicitudes resueltas del IMV. Consultada la Consejería de Educación, una fuente oficial contesta que el listado de familias que se recibe desde el Gobierno central los lunes no incluye los datos necesarios para que los menores de estas familias puedan acceder a las ayudas de comedor: la renta per cápita familiar de los perceptores del IMV y su número de hijos de 0 a 3 y de 3 a 12 años. “El departamento que dirige Escrivá conoce perfectamente la situación”, indica la fuente oficial. “De hecho, el pasado mes de marzo [a través de correo, que también ha publicado en Twitter Ossorio], la Consejería informó al Ministerio de la necesidad de tener esos datos, pero no obtuvo respuesta”, aseguran fuentes del Gobierno regional, que sí incluirá en las becas a las familias que fueran receptoras de la RMI antes que del IMV, pero no al resto.

Al Ministerio de Inclusión le sorprende que soliciten la renta per cápita familiar, “cuando les estamos dando la información de personas beneficiarias del IMV, por lo tanto, con clara pertenencia a un colectivo vulnerable”, apuntan. El ministro añade que, “en lugar de pedírsela a las familias, la reclaman a quien no tiene esos datos y aunque los tuviera por privacidad, no podría darlos”. Escrivá cuantifica en 34.125 los menores madrileños que esperan ayudas de comedor.

El portavoz de la Plataforma RMI Tu Derecho Roberto Borda va más allá: “Es incomprensible que desde la Consejería de Educación se amparen en que les falta información de la edad de los hijos y sus rentas, cuando tienen las solicitudes de beca que las familias formalizan en los centros educativos, que son suyos, que dependen de ellos. Cualquier madre o padre lo sabe. ¡Claro que tienen esa información! Es que es un despropósito”, se indigna, mientras los dos representantes políticos continúan su duelo en redes sociales. Una rápida consulta a la resolución de la propia Consejería de Educación, colgada en el portal Educa regional, confirma la afirmación de Borda: en los impresos que rellenan las familias se pide información de la renta per cápita y se puede autorizar a la comunidad a consultar los datos directamente.

El caso de las becas de comedor es un ejemplo del abandono burocrático que sufren miles de personas usuarias de los servicios sociales regionales, pero también municipales, y solicitantes del IMV. La brecha digital, de convivencia difícil con la exigencia de pedir las citas en línea, el colapso de las Administraciones causado por falta de personal y la descoordinación entre las dos instituciones, hace que quienes sufran sean las personas vulnerables.

El caso de Olga

Un ejemplo es Olga, vecina 48 años de Arganzuela y receptora de la RMI desde hace años, que vio que en mayo pasado no se le ingresaba el importe de la ayuda en su banco. No entendía nada hasta que le llegó una carta de su trabajadora social de la Comunidad con un párrafo que daba miedo: “El Instituto Nacional de Seguridad Social nos comunica que su expediente de Ingreso Mínimo Vital ha sido resuelto, por lo que deberá aportar la copia de la resolución”. Ella no había recibido notificación alguna, llevaba meses esperándola y, sin embargo, la Comunidad le suspendió cautelarmente la ayuda.

Olga fue una asociación vecinal que asiste con los trámites a personas en situación de riesgo de exclusión, la que la acompañó a la junta municipal, exigió que se la empadronase en el centro social de referencia de su distrito y consiguió copia de la resolución del IMV que, además, era negativa. “Las trabajadoras sociales nunca me han ayudado, hasta que desde la asociación me han echado un cable y hemos ido con las soluciones creadas, vía registro de reclamación, a exigirlas. No han podido negarse”, explica. Con el papeleo entregado, recuperó su renta mínima en junio pero la mensualidad de mayo está perdida, según le confirman. No hay nada que se pueda hacer.

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En mayo, 10.479 familias fueron beneficiarias en la Comunidad de Madrid de la RMI, un 47% menos con respecto a 12 meses atrás, en los primeros meses de la pandemia. El importe medio recibido fue de 404 euros por familia. En el mismo mes, 24.726 beneficiarios madrileños han cobrado el Ingreso Mínimo Vital, IMV, la ayuda estatal para personas en riesgo de pobreza activada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigración, con una media de subsidio de 524 euros.

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Hace unos días, según el informe del Alto Comisionado contra la pobreza infantil, la región madrileña fue significada como el ejemplo más visible de la desigualdad que sufren los niños y niñas vulnerables en las grandes zonas urbanas. La capital es la ciudad donde hay más menores en situación de pobreza: son cerca de 230.000, el 9% del total nacional. En enero de este año, Intermón Oxfam cuantificó en 1.137.664 los madrileños en riesgo de pobreza relativa como consecuencia directa de la pandemia, lo que supone un 17% del total de habitantes de la región.

El Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid en marzo elaboró un informe en el que señalaba como causas de la minoración de recursos y beneficiarios, nada menos que en medio de la pandemia, a la interpretación por parte de la región de la compatibilidad con el Ingreso Mínimo Vital, junto con los graves problemas de coordinación entre administraciones.

La suspensión de la tramitación de nuevas solicitudes de RMI hasta no tener resuelto el expediente de IMV es uno de ellos. En la norma de la Comunidad, se contemplan excepciones ante situaciones de extrema necesidad (artículo 7 de la Ley) que permitirían la concesión del subsidio sin esperar al IMV, pero no se está aplicando. Tampoco se está incorporando a los expedientes el silencio administrativo de seis meses del IMV. Las familias quedan así colgadas en el limbo, esperando una respuesta escrita que no siempre llega y que se les exige para solicitar la RMI.

Este infierno para solicitudes nuevas se complica aún más cuando la persona ya es receptora de la renta mínima. Tras la implementación del IMV y la interpretación de la región, se han producido suspensiones cautelares de ayudas, como la de Olga, que arrojan a estas familias al mismo laberinto: el de solicitar el Ingreso Mínimo Vital bajo amenaza de suspensión, y esperar la respuesta que tarda meses en llegar, o suspensiones inmediatas cuando se deniega este, sin coordinación entre Administraciones.

Las deficiencias del Ingreso Mínimo Vital en Madrid tampoco se libran del escrutinio del Colegio. Existe una falta de agilidad en la resolución de dicha prestación, y un bajo nivel de protección aseguran, reflejada en los propios datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Las cifras públicas hablan solas: se niegan 8,7 de cada 10 solicitudes en la región, que deben esperar, además, a esta resolución que tarda meses antes de intentar conseguir la renta autonómica.

La plataforma RMI Tu Derecho planteó al Gobierno central, en febrero pasado, 44 medidas para mejorar este ratio, entre ellas la flexibilización y agilización de los procedimientos para adecuar la cuantía del IMV a los ingresos reales en cada momento, y no del año anterior, ambas causantes de gran parte de las numerosas denegaciones. El equipo de Gobierno no ha contestado aún a su propuesta.

Mientras solo el 13% de las peticiones de IMV son aceptadas en la región (datos de marzo), la Comunidad de Madrid, de enero a junio de 2021, ha gastado casi 34 millones de euros menos en el RMI que en 2020.

Las CCAA interpretan de forma distinta del texto que regula el IMV

El IMV quedó configurado en el Real Decreto Ley 20/2020 como “una prestación suelo que se hace compatible con las prestaciones autonómicas que puedan conceder en concepto de rentas mínimas, tanto en términos de cobertura como de generosidad.”

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Más de un año después, la interpretación del texto del BOE no ha sido la misma en las distintas comunidades, ni su actuación de gobierno. La principal diferencia consiste en quién entiende las rentas autonómicas como complementarias o no a la ayuda estatal, aportando a las familias más dinero del que se les pueda llegar a conceder desde el estado, y las actuaciones al respecto, que van desde modificaciones de leyes autonómicas, decretos de compatibilidad, reestructuración de protocolos de servicios sociales o aumento de presupuesto.

En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, en junio del pasado año se modificó la ley regional para asegurar la compatibilidad de la renta valenciana de inserción, la RVI, con el IMV. Baleares decretó en diciembre adelantar el pago de su renta, la RESOGA, ante los retrasos de tramitación del IMV. En Asturias y Euskadi las regiones recabaron de oficio el consentimiento de las familias beneficiarias para poder pasar sus datos a la Seguridad Social y así acelerar las solicitudes del IMV. En Navarra se asumen todas las peticiones del subsidio estatal y se cubren con la renta autonómica, y son los servicios sociales autonómicos los que deciden si parte de la misma puede ser abonada por el Ingreso Mínimo Vital, de cumplir el solicitante los requisitos. En Castilla y León se conceden desde septiembre subvenciones directas a familias que han perdido ingresos en el paso de la renta autonómica a la estatal, por ser los importes concedidos menores que aquella. En Aragón directamente se acaba de crear una prestación aragonesa complementaria del IMV que pretende derogar y sustituir a su renta autonómica, para posibilitar la convivencia de las dos.

En Madrid no se han producido modificaciones legislativas de la renta autonómica ni decretos que adapten la norma existente a la implementación de la ayuda estatal. “Son marcos legislativos diferentes y la entrada en vigor del IMV no implica ningún cambio normativo en la primera”, explican desde el gobierno madrileño.

Mientras solo el 13% de las peticiones de IMV son aceptadas en la región (datos de marzo), la Comunidad de Madrid, de enero a junio de 2021, ha gastado casi 34 millones de euros menos en el RMI que en 2020.

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