El Defensor del Pueblo exige más control de las casas de apuestas tras la denuncia de un padre

El chico esta diagnosticado con ludopatía e inscrito en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego, un sistema de la Comunidad de Madrid para evitar que los adictos puedan seguir apostando. Sin embargo, las casas de apuestas a las que acudió no le impidieron gastar más de 8.400 euros a lo largo de todo un año. El padre denunció, pero el proceso sancionador se inició demasiado tarde. El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha recordado este jueves a la Administración regional que debe actuar con más celeridad en este tipo de casos porque, por la lentitud con la que tramitaron los expedientes contra la empresa de juego, uno de ellos prescribió.

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Todo sucedió entre septiembre de 2017 y octubre de 2018. El registro de 125 transacciones bancarias en 47 días distintos ha permitido a un padre demostrar ante el Defensor que su hijo mayor de edad pudo acceder a dos casas de apuestas de la franquicia Codere y apostar más de 8.400 euros. El padre denunció en agosto de 2018 pero, como apunta Fernández Marugán, no se inició ningún procedimiento sancionador hasta diciembre de 2019 y además sucedió una vez después de la reclamación del Defensor del Pueblo. La institución señala que, para entonces, la Administración era “conocedora de que la infracción había prescrito”.

La institución destaca que esta falta de control “dificulta la rehabilitación del afectado y suma al daño emocional por la adicción la sensación de impotencia ante la impunidad de la empresa”. Desde la Comunidad puntualizan que se llevó a cabo el procedimiento y sí se llegó a sancionar a una de las casas de apuestas con 15.000 euros, pero que en el caso de la otra no se pudo demostrar suficientemente que se hubieran realizado esos pagos. El Defensor insiste en que sí existían indicios suficientes para iniciar un expediente con más celeridad, algo que hubiese evitado que la infracción prescribiera.

Inscripción voluntaria

La Administración regional pone a disposición de los ciudadanos el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego para inscribirse voluntariamente o por un tercero en caso de que exista una resolución judicial que lo permita. El chico estaba incluido, pero la empresa hizo caso omiso en numerosas ocasiones y le permitió apostar tanto de forma presencial como online. Por este motivo, el Defensor transmite a la Administración “la frustración y la impotencia del compareciente” por la ineficacia de los sistemas de control. La Comunidad realiza alrededor de 20.000 inspecciones anuales a estos negocios.

En 2019 el Gobierno regional endureció las medidas que deben cumplir las casas de apuestas, a las que obligó entonces a tener un control de acceso para evitar la entrada de adictos al juego o menores. El periodo de adaptación a la nueva normativa se extendió hasta febrero de 2020. La multa por permitir jugar a adictos y menores puede llegar a los 9.000 euros. El Defensor ha recordado a la Comunidad que para que las infracciones no queden impunes, no puede existir solo una “ley formal”, sino que, además, es preciso “una administración que haga cumplir la ley con eficacia y diligencia, pues la demora en la tramitación favorece en última instancia la impunidad”. “La Comunidad es la más interesada en que no se produzcan infacciones de este tipo”, subrayan fuentes de la Consejería de Justicia.

685 locales en la región

En toda la región hay 685 locales de este tipo, solo la capital concentra más de 360. Actualmente está suspendida la concesión de apertura de nuevas casas de apuestas. Además tienen la obligación de situarse a un mínimo de 100 metros de los centros escolares, aunque los locales disponen de nueve años para adaptarse a esta norma que se implantó con la última modificación de la regulación.

El número de casas de apuestas se multiplicó en la región un 125% entre 2014 y 2019. Ese año, la presidenta Isabel Díaz-Ayuso declaró que el juego es “un problema de salud pública” que afecta en especial a los jóvenes. De hecho, Madrid tiene ocho veces más negocios de este tipo que Barcelona debido a la laxa legislación que hubo durante muchos años en la Comunidad para conceder estas licencias. Los vecinos de algunos barrios como Aluche mantienen una batalla contra este sector porque consideran que la adicción al juego es un problema que afecta especialmente a aquellos jovenes con menos recursos.

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