Ayuso impulsa la comisión que evaluará las peticiones de eutanasia y el registro de objetores

Solo unas horas después de que tomaran posesión sus consejeros, el lunes, Isabel Díaz Ayuso ha iniciado los trámites para crear la comisión que evaluará las peticiones de eutanasia y el registro de sanitarios objetores a su aplicación. La ley que regula el suicidio asistido fue aprobada por el Congreso en marzo, entrará en vigor este viernes, y sumó a España al reducido listado de países en los que la práctica está regulada: Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Canadá. El PP votó en contra de la norma, como Vox, y ahora su líder regional impulsa tanto la creación del registro de los objetores a su aplicación como la comisión profesional que permitirá su puesta en marcha, al evaluar los casos y decidir sobre ellos (solo seis Comunidades la han formado hasta ahora)

Preguntas y respuestas sobre la ley de eutanasia

Solo cuatro Comunidades han constituido las comisiones de eutanasia

”En referencia a otro asunto especialmente sensible, el de la muerte, debo recordar que la Comunidad de Madrid defiende una atención paliativa integral, por lo que aprobaremos una norma que garantice dos aspectos fundamentales”, argumentó la presidenta de la Comunidad de Madrid durante el debate para su investidura como presidenta. “Uno, que los ciudadanos puedan manifestar en el documento de instrucciones previas los supuestos y circunstancias en los que se les aplicaría la ley nacional, así como su voluntad, si es el caso, de que no se le aplique la prestación de ayuda a morir, ni que su representante pueda solicitarlo”, enumeró. “Y dos, que todos los profesionales sanitarios del Servicio Madrileño de Salud puedan seguir ejercitando el derecho a la objeción de conciencia sanitaria en la prestación de ayuda para morir, y que su confidencialidad quede garantizada”.

Esta semana, la Comunidad de Madrid ha abierto el periodo de consulta pública del decreto que articulará la creación de la comisión de eutanasia y el registro de objetores. El primer órgano tendrá la última palabra cuando una persona solicite la prestación de ayuda para morir. Después de que el médico responsable del paciente y otro facultativo consultor avalen la petición del enfermo y constaten que cumple los requisitos de la ley —ser mayor de edad, pedirlo por escrito dos veces y padecer una enfermedad incurable o un padecimiento grave—, la comisión tendrá que revisar el caso y decidir si concede la prestación.

La comisión que decidirá sobre cada caso estaría compuesto por 25 miembros. Además del presidente, con formación sanitaria, y el vicepresidente, licenciado en derecho, habría nueve vocales especializados en el mundo de la salud, otros nueve en el del derecho, tres graduados en enfermería, uno en psicología, y otro en trabajo social.

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