Fumar, abrir discotecas y saltarse el toque de queda: las 195.164 sanciones locales contra el coronavirus en Madrid

Todo empieza en marzo de 2020, cuando el coronavirus no ha desatado aún la pesadilla de muertes y confinamientos que teñirá de luto los siguientes meses. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, asume en una entrevista poco antes de la aprobación del estado de alarma que la libre circulación tiene los días contados. Y advierte de que la policía va a tener más competencias. “Se dan instrumentos coercitivos más potentes para la situación que vivimos”, subraya. Entre el 19 de junio de 2020 y el 24 de mayo de 2021, la policía de la capital denuncia a 124.124 ciudadanos por saltarse las restricciones contra el virus. Una cifra que llega a 195.164 propuestas de sanción de los agentes municipales que trabajan en los 112 Ayuntamientos que aportan sus datos al Gobierno. Todo, por vivir como si no pasara nada: sin respetar el toque de queda (68.258); sin llevar la mascarilla (51.945); sin cumplir la cuarentena (919); sin mantener la distancia al fumar (2.428); o sin dejar la discoteca cerrada (584).

Ese ingente volumen de denuncias enfrenta ahora a la Administración con un Himalaya burocrático que esconde en la cumbre un tesoro millonario. Para cobrar las multas, el Gobierno regional se ha gastado 582.252 euros en externalizar su tramitación, e incentiva a la empresa contratada para que logre que los ciudadanos paguen (obtendría un 15% de lo recaudado). Las multas por infracciones leves pueden llegar a los 3.005 euros; las graves, hasta los 15.025,30 euros; y las muy graves abarcan desde esos 15.025,30 hasta los 601.012,11 euros.

Un botín potencial de valor incalculable. Además de los problemas burocráticos para completar el proceso sancionador, el Ejecutivo regional concede que el número de propuestas de sanción supera fácilmente la frontera de las 200.000, ya que no todos los municipios están remitiendo las denuncias y las están sancionando por sí mismos. A eso se añade que el registro autonómico consolidado, al que accedió este diario, tampoco incluye las multas firmadas por la Policía Nacional o la Guardia Civil.

La lucha policial contra el virus, sin embargo, abarca mucho más que las sanciones. La presencia de las patrullas actúa como elemento disuasorio. Y así impide los incumplimientos antes de que se produzcan. Por ejemplo, se hacen 228.318 controles policiales de vehículos para ver si estaba justificada su entrada y salida de zonas confinadas; o más de 3.000 visitas a domicilios para fiscalizar si los contagiados estaban cumpliendo con la cuarentena. Episodios que actúan como un recordatorio de que hay que cumplir las reglas.

La hostelería ha realizado un enorme esfuerzo: solo reúne el 2,3% del total de propuestas de sanción por incumplimiento de la normativa

Enrique López, consejero de Interior

“Una inmensa mayoría de madrileños ha cumplido con las normas establecidas por la autoridad sanitaria”, asegura el consejero de Interior en funciones, Enrique López, sobre unas propuestas de sanción que se concentran en la capital, Parla (6.726), Móstoles (5.870), Boadilla del Monte (4.279) o Las Rozas (4.133). “La hostelería ha realizado un enorme esfuerzo: solo reúne el 2,3% del total de propuestas de sanción por incumplimiento de la normativa”, añade el exmagistrado del Tribunal Constitucional, que destaca el “alto grado de coordinación” alcanzado, a su juicio, entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid, la Delegación del Gobierno y la Federación de Municipios de Madrid. Sin embargo, las fricciones entre algunas de estas Administraciones por este asunto han sido notables.

Así, durante la campaña electoral del 4-M, los multitudinarios mítines de Isabel Díaz Ayuso (PP) y Rocío Monasterio (Vox) en medio de la cuarta ola de la pandemia abrieron un nuevo frente en el choque que mantienen la Comunidad de Madrid y el Gobierno central.

Discrepancias entre Administraciones

Esas aglomeraciones, denunció Mercedes González, la delegada del Ejecutivo en la región, creaban “inquietud social e institucional”, por lo que era necesario que la consejería de Interior tomara medidas “para examinar y sancionar los incumplimientos” contra las normas de distanciamiento físico y aforo en vigor para contener la expansión del virus. A eso respondió el departamento de López afirmando que necesitaba que primero intervinieran las fuerzas de seguridad para luego poder imponer sanciones.

No fue un desencuentro aislado, ni una discrepancia puntual sobre cómo hay que afrontar la lucha contra un virus que se ha cobrado más de 24.000 vidas en la Comunidad de Madrid, contagiando al menos a 730.000 personas y poniendo al límite el sistema sanitario. Terminado el estado de alarma, González reclamó a la presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones, Díaz Ayuso, que volviera a activar el toque de queda en la región. El Ejecutivo regional mostró inmediatamente su oposición a la propuesta.

Mientras los políticos chocaban, las policías locales patrullaban para intentar frenar al virus: ha habido 1.572 denuncias contra bares o restaurantes por superar el aforo en el interior de sus locales; y 2.005 por incumplir los horarios. Todo, para acabar cuanto antes con la pandemia.

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