Ecologistas en Acción pide que se anule el auto del Supremo que invalidó Madrid Central

Ecologistas en Acción no se da por vencido y ha pedido la anulación del auto judicial del Tribunal Supremo que invalidó Madrid Central. La asociación ecologista piensa agotar todas las vías para conseguir que la justicia le dé la razón, por eso ha presentado este miércoles una solicitud de nulidad de actuaciones, argumentando los graves defectos del fallo del alto tribunal que supuso la invalidación de esta zona de bajas emisiones. De admitirse la solicitud, se recogería el recurso de casación y, por tanto, Madrid Central volvería a estar plenamente vigente, con la obligación de sancionar a los conductores que realicen accesos indebidos. “Hemos consultado a varios expertos que nos han confirmado que el auto de Supremo es inconsistente y está lleno de contradicciones, así que finalmente nos hemos decidido a pedir la anulación”, explica Paco Segura, portavoz de Ecologistas en Acción, que no descarta acudir también al Tribunal Constitucional.

Hace dos semanas, el Tribunal Supremo notificó a la asociación ecologista que rechazaba su recurso de casación de la organización contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). El tribunal daba por buenos los argumentos del contencioso que inició el Grupo Municipal Popular en 2018, donde defendía que no se había tramitado correctamente esta zona de bajas emisiones, ya que no se tuvieron en cuenta los 11,7 millones de impacto económico que, se estimaba, tendría sobre las cuentas del Ayuntamiento de Madrid. Esta sentencia, dictada a instancias del contencioso interpuesto por el Grupo Municipal Popular cuando estaba en la oposición, anuló algunos artículos de la Ordenanza de Movilidad Sostenible (OMS) que daban cobertura a Madrid Central.

Ecologistas considera que la resolución por la que no fue admitido su recurso es arbitraria e incurre en errores patentes, vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva de la organización ecologista, según argumenta en su escrito de solicitud de nulidad de actuaciones. Una de las contradicciones a las que hace alusión se refiere al punto en el que el Supremo sostiene que “carece de toda relevancia la anulación de la norma [la Ordenanza de Movilidad Sostenible]” que daba cobertura a Madrid Central, “mientras que paradójicamente reconoce la transcendencia social de este asunto”. También niegan el argumento del tribunal que aseguraba que la asociación recurrente, es decir, Ecologistas en Acción, no explicaba bien sus argumentos cuando recurrió la sentencia del TSJM, “cuando sí que se hacía de forma palmaria”.

La asociación no duda en poner el foco en “la irresponsable actuación del gobierno de Martínez-Almeida”. “Todo lo que van avanzando que van a hacer ahora ya se hacía con Madrid Central. Solo van a sembrar el caos y el desconcierto en la gente”, argumenta Segura. La asociación ecologista asegura que, sin tener ninguna alternativa a Madrid Central ni a las APR, también suspendidas, el alcalde se negó a solventar los supuestos defectos de forma de la tramitación señalados por el TSJM, que considera “en todo caso subsanables”. También incide en que Almeida ni retiró los recursos ni defendió la zona de bajas emisiones que más ha reducido la contaminación en Europa. “El alcalde ha decidido priorizar la confrontación con las actuaciones de la anterior corporación frente a la defensa de la salud de la ciudadanía”, explica.

“La alternativa propuesta, Madrid 360, es solo propaganda. Sin soporte legal hasta la fecha, algunas de sus medidas más anunciadas son menos ambiciosas que las recogidas en el Plan A que puso en marcha el anterior equipo de gobierno municipal”, defiende Segura por teléfono y la asociación ecologista a través de una nota.

La Plataforma en Defensa de Madrid Central – Respira Madrid, compuesta por un centenar de organizaciones y federaciones que aglutinan a muchas más, entre las que se encuentra Ecologistas en Acción, va a convocar diversas movilizaciones “en los próximos días” para demostrar el apoyo a Madrid Central de los vecinos de la capital.

Mientras continúa el tira y afloja entre los defensores y detractores de la zona de bajas emisiones que puso en marcha Manuela Carmena en su mandato, los tribunales ya han empezado a anular las primeras multas basándose en el auto del Supremo. La semana pasada ya se conoció el resultado de dos sentencias en las que el juez falló contra las sanciones que impuso el Ayuntamiento haciendo mención directa al auto. La Administración, que defendía que las multas se ajustaban a derecho, fue condenada, además, a pagar las costas.

Solo en las primeras horas después de conocerse el fallo, empresas como Pyramid Consulting recibieron “miles de llamadas” de personas interesadas por recuperar el dinero de las sanciones impuestas por Madrid Central. El Consistorio dejó entrever que el dinero ya recaudado no iba a salir de nuevo de las arcas municipales y que en ningún caso iban a devolver lo ya pagado de oficio, como pedían las empresas expertas en recurrir multas. Pero el aluvión de peticiones no ha hecho más que empezar, según los gabinetes jurídicos de las empresas especializadas en recurrir multas.

En el momento en que salió el fallo del Supremo se habían puesto 1.393.000 sanciones, según datos ofrecidos por fuentes municipales, lo que en términos económicos significaría una recaudación de 125 millones (o 62 por pronto pago). La Administración no ha aclarado cuántas ha cobrado hasta ahora.

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