Pensionista y sin casa propia

Pablo Molina, de 73 años y que lleva más de 15 compartiendo piso, se sienta a conversar en la cama de su habitación en el barrio de Ventas, en un piso que comparte con otras cuatro personas. Paga por ella 430 euros al mes y le hace las veces de alacena, salón comedor con un ordenador y dormitorio.

Vivió muchos años en Hamburgo (Alemania), donde trabajó como peluquero y estilista. De ahí cobra la pensión de 800 euros con la que sobrevive. Aunque hay más apoyo en vivienda pública, la vida es más fría, dice. Prefiere envejecer en Madrid.

Resulta difícil imaginar cómo se vive en Madrid con unos ingresos de entre 396 a 850 euros al mes, pero hay 296.627 personas en la región que percibieron en marzo pensiones de viudedad y no contributivas de jubilación de esas cantidades. En los programas electorales del 4-M son prácticamente inexistentes las referencias a mayores y vivienda, aunque sí se contempla para ellos medidas para la soledad no deseada, que aparecen en todas las propuestas menos las de Vox.

“Me gustaría que hicieran eso que han prometido los de izquierdas con los precios de alquileres”, afirma Pablo Molina. “No puede ser que haya tanta gente en la calle. No ya de mi edad; en general. Es lo mínimo”. Estos días está pensando en mudarse a otro piso con otro hombre de su edad. “Es mejor, la gente joven a veces se cansa de mí, y yo también de ellos, no me gusta vivir así”, concluye.

La pandemia no es el origen de este problema, pero sí convierte en extremadamente vulnerables a pensionistas y jubilados. Y aquí donde la cobertura pública ha fallado. Es además un problema más feminizado. La brecha de género persigue a las mujeres hasta la tercera edad. Como ejemplo sirve el importe de las pensiones de jubilación: en febrero, según los datos del Ministerio de Seguridad Social, la media fue de 1.360 euros para ellos, mientras que la cifra se redujo para ellas en un 33%, hasta los 915 euros.

Menos aún cobra Antonia, de 72 años y vecina de Hortaleza, que perdió a su marido en la pandemia. Se ha quedado con una pensión de viudedad de 800 euros y sola, y debe hacer frente a un alquiler de 600. No ha encontrado otra manera de pasar el mes que acudir a la despensa vecinal del colectivo La Tribu.

Soledad, tras cotizar 19 años en España en el sector de los cuidados, se ha encontrado con que el dinero del primer mes de pensión de jubilación (530 euros) ha sido ingresado en otra cuenta bancaria por error. Cumplidos los 66 años ha tenido que volver a limpiar casas sin contrato, mientras se subsana el fallo. Solo así puede hacer frente a los 800 euros de alquiler del piso en Arganzuela que comparte con su hermana, que a su vez tiene dos trabajos, de mañana y noche.

La Comunidad de Madrid encabeza un listado peculiar: es la región europea con mayor esperanza de vida en mujeres (88,1), y la segunda en hombres, (82,5). Una cifra que en abstracto es positiva y que supone unos 20 años de vida tras la jubilación, pero es un período que no siempre coincide con la visión de la puesta de sol plácida que ofrecen las compañías de seguros y pensiones.

Federico Armenteros, presidente de la Fundación 26 de Diciembre, entidad que trabaja con el colectivo LGTBI, está convencido de que la discriminación por la edad lo puede todo. “Ni hablamos de la tercera edad. Mucho menos de las condiciones de vivienda. Yo empecé a pensarlo cuando escuché a amigos decirme que antes de irse una residencia, al hacerse viejos, se suicidarían”, afirma.

Muchos de los madrileños aún sufren la crisis inmobiliaria de 2008, al mismo tiempo que han envejecido. A María Joaquina Rodrigues le rompió el sueño de una vida. Durante 30 años fue empleada de limpieza y, a finales de los noventa, se compró un piso de dos habitaciones en Vía Carpetana, en Carabanchel. Firmó una hipoteca de casi 200.000 euros. Como tantas otras personas, no leyó la letra pequeña, y la cuota de poco más de 800 euros al mes se transformó en 1.400 en pocos años. Durante un tiempo decidió compartir su hogar y subarrendar una habitación para hacer frente a los gastos mensuales, pero ni aún así.

La izquierda llega al 4-M dividida por el límite del precio del alquiler

En 2016 un familiar pudo negociar por ella un alquiler social, y la vivienda se quedó en manos del banco. “Yo me culpo, por no leer todo lo que el banco me puso delante, por no ser más lista” dice hoy, a punto de cumplir los 70 años. Cobra una pensión de 1.030 euros, aunque siente que lo ha perdido todo.

Desde Provivienda, Alberto García, investigador de la asociación, reprocha que la región no haya desarrollado ningún proyecto de inversión de vivienda para mayores, como contempla el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021: “Madrid en cuatro años no ha querido hacer nada sobre este tema”.