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La Comunidad de Madrid denuncia el robo de “cosas imprescindibles para salvar vidas” en el Zendal

El Gobierno regional declara la “sustracción de material médico fungible” y “posibles sabotajes en las instalaciones” del hospital, sin señalar a sospechosos concretos, pero sí a personal del centro

Un médico y un paciente del Zendal el pasado 29 de enero.
Un médico y un paciente del Zendal el pasado 29 de enero.SERGIO PEREZ (Reuters)
Isabel Valdés

“Son cosas imprescindibles para salvar la vida de un paciente”. Así comenzaba a detallar este jueves Raquel Heras Fernández, la supervisora de gestión de productos, equipamiento y tecnología sanitaria del hospital Isabel Zendal, el listado de material médico que se ha echado en falta en las últimas semanas dentro del recinto. “Laringoscopios, ambús y pinzas Magill”, enumeraba a este periódico en el hospital. Son herramientas que se encuentran habitualmente en los carros de parada y en los controles de enfermería y que son “imprescindibles”, asegura, para tratar con los enfermos. “Sí, hemos denunciado, claro”, decía. Esa denuncia presentada por el Gobierno regional, adelantada por la cadena SER, declara la “sustracción de material médico fungible” y “una serie de posibles sabotajes en las instalaciones”. No señala a sospechosos concretos, pero sí de manera genérica a personal del centro. En medio de la conversación, la supervisora recibe una llamada de teléfono para avisarle de que un equipo de policía ha llegado al centro para investigar los hechos.

“No ha sido económico, ha sido para fastidiar”, afirma tajante la supervisora. “Hay que ir dejando a un lado la parte política porque nosotros somos sanitarios, no políticos. Lo que nos están haciendo es de juzgado de guardia”. Está convencida de que tiene que ver con la polémica levantada alrededor del Zendal. “¿Tenemos defectos? Sí, como en todos los hospitales y en todos sitios hay problemas, pero trabajamos para sacar adelante a los pacientes covid”. Ni Heras ni Fernando Prados, el coordinador general del centro, apuntan a sospechosos concretos, aunque señalan a profesionales sanitarios. “No sabemos qué tipo de profesional ha sido, aquí hay muchos de distintas categorías. Pero tiene que ser alguien de aquí”, añadía la supervisora, trabajadora voluntaria desplazada del hospital 12 de Octubre.

Prados califica de “desagradable” lo ocurrido: “Un día me avisaron de que había un termo desconectado y por eso no había agua caliente. Al día siguiente, fueron tres. Al rato me dicen que falta dexametasona, en farmacia me dicen que es “imposible” y, cuando revisamos la medicación que acababa de ser repuesta, esa misma mañana, efectivamente faltaba”. Ese relato de Prados está concretado en la denuncia, interpuesta a las 12.25 del pasado 3 de febrero por el coordinador de gestión del Zendal.

En ella se lee que los hechos, “que pudieran resultar graves”, se producen desde el 18 de enero. A lo largo de la semana del 25 de ese mes desaparecieron, según se lee en el documento, dos ambús de carro de parada —un dispositivo manual para ventilar con presión positiva a los pacientes con dificultades para respirar— con un valor de unos 130 euros cada uno; tres laringoscopios de carro de parada —una herramienta para abrir las vías aéreas de los pacientes y poder intubar—, de alrededor de 175 euros cada uno; tres conexiones de oxígeno de ventiladores a pared, por valor de 400 euros; un ordenador portátil del despacho médico; “una pantalla de broncoscopio Ambú, con su fuente de alimentación del almacén para ver el pulmón por dentro, con un valor estimado de 500 o 600 euros”; una fuente de alimentación de pantalla de broncoscopio, del almacén, “del cual no se puede estimar el valor en estos momentos”; y un Airvo2, un sistema de alto flujo, sin el soporte, para ventilar a los pacientes, y con un precio aproximado de 4.000 euros.

A las zonas donde se encontraba ese material tienen acceso, siempre según la denuncia, “de forma habitual el personal sanitario (médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería) y personal de limpieza y de modo puntual los celadores y el personal de mantenimiento”, en el caso de las zonas próximas a los pacientes. Y en el caso del almacén, “el personal sanitario y la empresa Servicio Móvil encargada de la reposición de material sanitario y de modo puntual el personal de limpieza”. Fue el neumólogo Pedro Landete, responsable de la unidad de cuidados intermedios del centro, quien en un informe recogió todo lo que faltaba y lo entregó a la dirección.

Heras, la supervisora de gestión de producto sanitario, también elaboró un informe el jueves 28 de enero, en el que detalló la desaparición de 10 laringoscopios, 10 ambús y 7 pinzas Magill —”que sirven para quitar cuerpos extraños y poder colocar el tubo al paciente”—, todo con un valor aproximado de 3.610 euros. En el Zendal “solo existen cámaras de seguridad en el pasillo general de la planta 1, lugar en el cual se encuentran los servicios generales, incluido el almacén general, en el cual no se ha detectado la sustracción de efecto alguno”, apunta la denuncia, por lo que no hay posibilidad de tener imágenes de los hechos.

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Los posibles sabotajes

Además de la sustracción de material médico, el documento policial también recoge “daños perpetrados sobre las instalaciones” desde el 18 de enero. “Desenchufar termos eléctricos del agua caliente de las que hacen uso los pacientes y el personal sanitario”, también la “intrusión en la sala Rack” (en la que se encuentran las conexiones que dan suministro a la red informática) y desconexión del enchufe de latiguillos dejando un módulo sin conexión a internet durante una hora u hora y media, lo que supone que los médicos no tengan conexión con los aparatos que miden la telemetría de las constantes vitales de los pacientes y que no haya conexión al resto de ordenadores”.

A todo esto, se añade “arrojar todo tipo de material al inodoro, lo que supone dejar sin uso el inodoro al dejar atascado el desagüe”; o “activar la alarma de evacuación durante la madrugada en el cuarto de celadores del pabellón pasillo norte, lo que supone un grave trastorno a los pacientes, todo tipo de personal y generar un estado de preocupación, incluso de pánico, al activarse una grabación por la megafonía, indicando los pasos para abandonar las instalaciones”. Ahora, aludía este jueves Fernando Prados, “la policía, sin interferir en la actividad del hospital, hará su trabajo”.


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Sobre la firma

Isabel Valdés
Corresponsal de género de EL PAÍS, antes pasó por Sanidad en Madrid, donde cubrió la pandemia. Está especializada en feminismo y violencia sexual y escribió 'Violadas o muertas', sobre el caso de La Manada y el movimiento feminista. Es licenciada en Periodismo por la Complutense y Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS. Su segundo apellido es Aragonés.

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