Madrid financia con 20.000 euros un estudio de la URJC que avala su política fiscal

En pleno choque entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el de Isabel Díaz Ayuso por la política fiscal de la Comunidad de Madrid, la Consejería de Hacienda ha financiado con 20.000 euros una investigación de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) que parte de la premisa de que una “fiscalidad moderada” como la impulsada por el PP en los últimos 15 años explica que la región sea la locomotora económica de España. “La evidencia empírica mayoritaria recomienda reformas impositivas que reduzcan el impuesto de sociedades y el de la renta”, se puede leer en el convenio que une a ambas partes.

Desde 2004, los sucesivos gobiernos de la formación conservadora han diseñado rebajas fiscales que se han traducido en que más de 48.000 millones de euros dejaran de ingresarse en las arcas regionales, para financiar servicios públicos o infraestructuras, mientras permanecían en las cuentas de los contribuyentes. Que Madrid bonifique al 100% el impuesto del patrimonio y al 99% los de sucesiones y donaciones ha despertado las críticas de otras regiones, fundamentalmente las gobernadas por el PSOE, que acusan a la Comunidad de competencia desleal y dumping fiscal, ya que su oferta impositiva atrae a grandes fortunas hacia la capital.

Con el Ejecutivo de Sánchez decidido a patrocinar una armonización fiscal (al alza) de los impuestos autonómicos, y ERC azuzando para que se active esa medida a cambio de sus decisivos votos en el Congreso, la Consejería de Hacienda de Madrid acaba de firmar un convenio con el Centro de estudios Economía de Madrid, de la URJC, que viene a avalar su posición en el documento que articula el proyecto, centrado en analizar la incidencia en la economía regional de la política fiscal de la Comunidad.

“Pero nosotros no prejuzgamos nada a priori”, asegura la catedrática Pilar Grau, codirectora de los trabajos. “Será científico y riguroso”.

El Viceconsejero de Hacienda, José Ramón Menéndez, y el rector Javier Ramos —no los investigadores— firman el convenio. En él, ambas partes exponen como antesala de los trabajos que “una política fiscal moderada” se traduce “en mayores cotas de desarrollo, prosperidad y riqueza”; que “la experiencia acreditada por la Comunidad de Madrid en este ámbito ha hecho posible que el PIB autonómico haya crecido por encima de la media nacional y comunitaria, ha permitido registrar la mayor renta per cápita de España, encabezar la lista de creación de empresas y acaparar el grueso de la inversión extranjera”; y que las dos partes firmantes “consideran (que eso contribuye) al avance de la economía y a la solidez y fortaleza de las finanzas públicas”.

Así, ambas partes exponen como antesala de los trabajos que “una política fiscal moderada” se traduce “en mayores cotas de desarrollo, prosperidad y riqueza”; que “la experiencia acreditada por la Comunidad de Madrid en este ámbito ha hecho posible que el PIB autonómico haya crecido por encima de la media nacional y comunitaria, ha permitido registrar la mayor renta per cápita de España, encabezar el ranking de creación de empresas y acaparar el grueso de la inversión extranjera”; y que las dos partes firmantes “consideran (que eso contribuye) al avance de la economía y a la solidez y fortaleza de las finanzas públicas”.

Hay más. Antes de tener los resultados de la investigación, la Consejería de Hacienda y la universidad ya avalan en el convenio la controvertida curva de laffer, que nació en una servilleta y teoriza que una menor carga impositiva se traduce en una mayor recaudación.

“La Comunidad de Madrid ha demostrado en los últimos años que una política fiscal sustentada en una fiscalidad moderada no solo es compatible con el estricto cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, sino que resulta esencial para su consecución, ya que una tributación responsable e incentivadora se acaba traduciendo en mayores cotas de desarrollo, prosperidad y riqueza, generando con ello una ampliación de las bases imponibles y, por tanto, una mayor recaudación a medio y largo plazo”, se lee en el documento, firmado en septiembre de 2020, con vigencia hasta diciembre de ese año, y publicado en enero de 2021 en el boletín regional.

¿Está intentando el Gobierno regional que la URJC avale su política fiscal? “No es un convenio para avalar nada”, contestó un portavoz de la Consejería de Hacienda, que dirige Javier Fernández Lasquetty. “El Gobierno de Madrid baja impuestos por principios, porque cree firmemente que donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los contribuyentes, y por resultados”, aseguró. “Y esto último es lo que queremos medir. Nos interesa saber qué efectos tiene que la gente se quede con su dinero, queremos cuantificar el impacto que ha tenido sobre el PIB y el empleo”.

El proyecto es impulsado en un momento doblemente sensible. De un lado está el choque con el Gobierno central. Y del otro, los problemas de un gobierno en minoría parlamentaria para sacar adelante su programa.

Así, Díaz Ayuso no logró en marzo de 2020 los imprescindibles votos de Vox para sacar adelante un modesto programa de rebajas fiscales valorado en 16 millones de euros y que beneficiaban a unos 30.000 de los casi siete millones de madrileños. El borrón no solo convirtió a la líder popular en la primera jefa del Ejecutivo regional que no logra reducir impuestos en más de un decenio. Avanzó las dificultades que supone para la alianza gubernamental (PP y Cs) depender de la extrema derecha, que ahora aborda la negociación de los Presupuestos de 2021 en una posición de fuerza.

Vox, de hecho, exige bajar impuestos para aprobar las cuentas. Algo, sin embargo, ha cambiado desde aquella negociación de marzo: la pandemia ha puesto a Madrid frente a una crisis social, sanitaria y económica sin precedentes para la que hacen falta todos los recursos posibles, según reconocen desde el Gobierno regional.