Gran Hermano llega al Pequeño Caribe de Madrid

“No te protegen. Te vigilan”. El mensaje, acompañado de la “A” del anarquismo, aparece estampado en negro con una plantilla sobre la pared. Un par de metros por encima de esta pintada, una cámara luce ya lista para cumplir su función, vigilar. Es una esquina de la calle Topete con la de Alvarado, en el barrio de Bellas Vistas del distrito de Tetuán. Hasta allí ha llegado esta nueva hornada de agentes. Son electrónicos y trabajan sin descanso 24 horas al día los 365 días del año. Todo pese a que no está entre las zonas de la capital con más delincuencia, según la policía, y a que los expertos dudan de su utilidad. A pie de calle no hay un rechazo generalizado. Tampoco a nivel político.

El proyecto se congeló por el equipo de gobierno de Manuela Carmena después de ser aprobado en 2017 sin ningún voto en contra en el pleno de Cibeles y en el del distrito. Ahora Madrid, que desembocó en el actual Más Madrid, se abstuvo y el PSOE lo veía necesario aunque le recuerda a Gran Hermano. Ahora PP y Ciudadanos han dado el empujón definitivo. La muerte a tiros ese año de un dominicano en Topete ahondó el debate sobre la seguridad de un barrio donde algunos locales ya venían dando problemas a las autoridades. Este dédalo de calles pequeñas en la trasera de Cuatro Caminos es conocido como Pequeño Caribe o Barrio Latino por acoger a una importante población de ese origen. En las próximas semanas el proyecto echará a andar en Tetuán con 19 cámaras y en Puente de Vallecas con 25. El último obstáculo ha sido el corte en diciembre de los cables de la preinstalación en Bellas Vistas.

Dando por superado ese “sabotaje”, la portavoz municipal y responsable del área de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, anunció el jueves que finalmente todas las cámaras habían sido ya colocadas. Bastó dar una vuelta para comprobar que algunas sí, pero no todas. Una cuadrilla de operarios ha estado estos días de esquina en esquina volviendo a instalar los cables que fueron objeto del ataque antes de poder acabar de montar el dispositivo. Pertenecen a la empresa Sice, especializada en sistemas de seguridad y que ya gestiona para el Ayuntamiento servicios como el de los semáforos. Los propios empleados destacan la capacidad de los aparatos de grabar en pobres condiciones de luz y de posibilitar el reconocimiento de una persona solo con que se le vean los ojos. Pero el margen de error existe, advierte Ariel Guersenzvaig, especialista en inteligencia artificial y profesor en Elisava Escuela Universitaria de Diseño e Ingeniería de Barcelona. Para él estos sistemas carecen todavía de madurez. “Los falsos positivos suelen afectar menos a personas blancas, es decir que el sistema está mal entrenado, reconoce peor a personas negras que a blancas”.

Su finalidad es “disuasoria”, explicó Inmaculada Sanz, “ante la posible comisión y esclarecimiento de delitos”. Es la Policía Municipal la que controla y accede de manera permanente a las imágenes desde el Centro Integrado de Señales de Vídeo (Cisevi) con sede en la Casa de Campo y desde donde supervisa las aproximadamente 2.000 cámaras que hay en la ciudad. Entre ellas están no solo las ya existentes en Plaza Mayor, Lavapiés o las calles Montera y Ballesta sino también otras como las de tráfico o las que se colocaron hace ya años en otra zona de Tetuán como es Azca. “En vez de ser los ciudadanos los que vigilan al poder, es el poder el que vigila a los ciudadanos. Esto ha sido históricamente malo”, afirma Marta Peirano, periodista y autora de El enemigo conoce el sistema. Esta forma de control “criminaliza estos lugares” y “trata de resolver de manera barata pero inapropiada los problemas de la comunidad sin contar con la comunidad”.

En algunos casos un vehículo de la Policía Municipal se detiene en el lugar en el que se llevan a cabo los trabajos de instalación en Bellas Vistas. El empleado de un taller que presencia la escena el viernes no cree que “el ataque fuera cosa de dominicanos. Debieron ser los antisistema”. El coche patrulla permanece parado en la calle Tenerife junto al lugar donde se encuentran dos de las 17 parcelas municipales que ha sacado a concurso el Ayuntamiento para la construcción de viviendas. Para el concejal Paco Pérez, de Más Madrid, esa venta de suelo público por doce millones de euros en seis distritos “vulnerables” supone un “incumplimiento” por parte del gobierno de PP y Ciudadanos de los Acuerdos de la Villa. “Son restos de suelo” de “hace más de 20 años” que no rinden, justifican fuentes del área de Desarrollo Urbano.

“Esta zona es muy golosa para pisos y promociones”, opina Gonzalo López, de la junta directiva de la Asociación Vecinal Cuatro Caminos-Tetuán. Para este antiguo asesor de Ahora Madrid, más allá de la vertiente política, el barrio goza de una buena ubicación y las cámaras de vigilancia van a respaldar el proceso de gentrificación por el que se van a levantar nuevas casas, se van a encarecer alquileres y se va a complicar la continuidad de los vecinos con menos poder adquisitivo.

Las cámaras han de esperar todavía al visto bueno de la Delegación del Gobierno, desde donde confirman que no se oponen y que van a dar vía libre. El próximo 18 de febrero se reúne la comisión que lo decide. Menos uno, todos los consultados por EL PAÍS en las calles y establecimientos del barrio durante paseos en dos días distintos defienden la nueva medida de vigilancia y no lo consideran un atentado contra su libertad. “¿Tú has leído 1984 de George Orwell? El estado tiene la necesidad de tenernos controlados. Esto es una variante del comunismo del que yo hui hace diez años”, se queja Antonio, un cubano de 45 años que prefiere no dar su verdadero nombre porque entre 2019 y 2020 estuvo nueve meses en prisión acusado de maltrato. “No te voy a negar lo que es verdad, que aquí se trapichea pero como en otros sitios de Madrid”.

“El índice delincuencial en el barrio está por debajo de la media del resto de distritos”, dijo el responsable de la Policía Nacional de Tetuán, José Dévora, en el Consejo de Seguridad del pasado mes de septiembre. Y dibujaba así el panorama en Bellas Vistas: “En el Barrio Latino en lo que va de año no se han producido hechos especialmente reseñables salvo lo habitual de las molestias vecinales que causan los ciudadanos de origen dominicano que viven en la zona”.

Una de las cámaras se encuentra sobre el restaurante El Mojao, en la calle San Raimundo. “Nos da más seguridad a los dueños de los negocios”, comenta su propietario, Vicente Ferrer, dominicano de 53 años que tiene diez hijos de seis mujeres distintas y siete nietos. Ángel García, de 47 años, esgrime un argumento de manual: “el que no hace nada malo no tiene nada que temer”. Es uno de los responsables del establecimiento Electricidad Ara, en la calle Carolinas. José Luis Ramos, un jubilado de 78 años y vecino de la zona desde hace 66, da su propia versión por si no ha quedado claro: “El que no tiene mierda en el culo no le preocupan las cámaras”. Interviene mientras paga un par de bombillas otro vecino, el abogado venezolano José Díaz, de 37 años. Da gracias por la seguridad que ha encontrado desde que llegó a España junto a su mujer hace tres años. “Aquí sé lo que es poder caminar tranquilo por la calle con el móvil”. Pero “los algoritmos y el big data legitiman correlaciones absurdas y dan status científico al racismo y a otras formas de discriminación. ¿Correr estos riesgos como sociedad para reconocer y detener a un carterista en el metro? No, gracias”, concluye Ariel Guersenzvaig.

La actual concejal presidenta de Tetuán, Blanca Pinedo (PP), entiende que lo decidido por el Pleno tenía que ejecutarse aunque, señala, la pandemia haya alterado a la baja en el último año la realidad de los datos sobre delincuencia. La que en 2017 era concejala presidenta del distrito por Ahora Madrid, Montserrat Galcerán, hoy retirada de la primera línea, no oculta que a ella no acababa de convencerle la idea. “Intentamos dejar bajar las aguas” porque “lo veíamos más como problema de convivencia que como delincuencia”. Reconoce que la multiculturalidad genera en Bellas Vistas algunos roces pero no como para justificar lo que ella considera una campaña contra el barrio.

“Esa mujer se negó a poner las cámaras. Nos lo dijo en la cara”, comenta de Galcerán la vecina que más ha luchado por el nuevo dispositivo de vigilancia ante la Policía, los políticos y los medios de comunicación. Es María José Andrés, de 52 años y vecina de la calle Topete desde hace cuatro décadas. Las cámaras suponen para ella una “gran victoria”. Su activismo en los últimos años le ha causado frecuentes enfrentamientos en el barrio donde, dice, algunos la conocen como la “pelirroja chivata”. Ha presentado numerosas denuncias y todavía tiene juicios pendientes.

Almeida, que es vecino de Tetuán, visitó Bellas Vistas el pasado 14 de enero, en los días en que estaba cubierto de nieve y hielo por temporal Filomena. Paseó por algunas de las vías que su equipo considera que son “puntos calientes” de la inseguridad como el lugar de la calle Topete donde el joven dominicano fue asesinado a tiros en enero de 2017. Sin ser consciente de ello, al transitar por ese mismo sitio, el regidor comentó el acto de “sabotaje” que había supuesto cortar los cables. Avanzaba hacia la esquina con la calle Juan Pantoja, donde se halla el restaurante La Roca. Hoy ese punto aparece ya a la sombra de uno de esos nuevos guardianes electrónicos. Roberto, el dominicano responsable del establecimiento, no le hace ascos. Dos días después de la visita de Almeida, cuando solo estaba todavía el armazón metálico que hoy sostiene la cámara, un hombre de nacionalidad ecuatoriana fue gravemente herido con arma blanca en ese lugar. “Esa puñalada no la dio cualquiera”, dijo a EL PAÍS el policía que llegó y taponó la sangre hasta que apareció la ambulancia. La investigación sigue abierta.