Golpe a la participación ciudadana

Primero fue en La Guindalera, luego en Moratalaz. Ahora en La Arganzuela y Chamberí. Así ha sucedido en ocho distritos de la capital. La actual Corporación municipal no parece nada favorable a promocionar los espacios de participación ciudadana. Tanto el PP como Vox, los consideran una suerte de chiringuitos que afloraron sobre todo en tiempos de la alcaldesa Manuela Carmena, a pesar de que nacieron y empezaron a desarrollarse con otros alcaldes del PP, desde Álvarez del Manzano hasta Gallardón, pasando por Botella. Las asociaciones (hay un total de 130 cesiones de espacios activas) vecinales se sienten atacadas por Almeida y sus protestas comienzan a inundar las redes sociales.

La táctica municipal está siendo insistente: no renovarles la concesión de espacios para que realicen sus actividades, algunas tan inocuas como el cuidado de huertos urbanos o la realización de clases de taichi para personas mayores, con la excusa de que sus locales son necesarios para centros sociales o ubicar departamentos municipales, pero, pasado el tiempo, esos lugares siguen vacíos. Buena parte de estas asociaciones son las que han soportado el reparto de comida para familias vulnerables y, durante la nevada, las que más se han movilizado para arreglar calles y aceras.

“Resulta increíble la falta total de empatía con proyectos que son perfectamente asumibles para cualquier administración”, dice Marisa San José, tras relatar su experiencia como parte del tejido vecinal de La Gasolinera, el espacio anexo al Centro Cultural Buenavista del barrio de La Guindalera, de escasos 150 metros cuadrados y que, desde noviembre de 2016 y hasta junio de 2019 se multiplicó para hacer posible cines, conferencias, bailes, encuentros y un huerto urbano hasta que, sin previo aviso, la nueva corporación cerró la verja y no les dejó continuar.

En algunos casos la salida de estos colectivos de los espacios municipales les aboca a no poder llevar a cabo sus actividades o a tener graves dificultades para poder continuarlas.

“Lo peor fue perder el huerto. Los primeros días nos dejaron entrar a regar, pero luego ni eso”. Marisa recuerda cómo se había juntado un grupo de mayores del barrio que durante las mañanas atendían a colegios y grupos de todo tipo. “Al concejal [José Fernández Sánchez, del PP] se le hizo llegar un documento para explicarle las actividades del huerto y preguntar cómo se podía seguir con él, pero no se dignó contestar”. Un año y medio después, el único uso del espacio es para el alumnado del colegio Natividad de Nuestra Señora durante las clases de gimnasia, pero con la verja cerrada, lo que molesta a San José: “Las demás vecinas no podemos entrar, porque mientras dan clase lo cierran al público”.

Asociaciones como La Gasolinera están sufriendo en los últimos meses revocaciones de uso de espacios municipales o cancelaciones de renovación en lo que consideran una forma bastante ingrata de reconocer su trabajo. “Pero sobre todo, es poco inteligente”, amplía Enrique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales, la FRAVM, “equivale a rechazar, a renunciar a uno de los principales activos que pueda tener una sociedad”.

En algunos casos la salida de estos colectivos de los espacios municipales les aboca a no poder llevar a cabo sus actividades o a tener graves dificultades para poder continuarlas, como es el caso de las despensas vecinales que han surgido a raíz de la pandemia. Las más inmediatas son las del Espacio Vecinal de Arganzuela (EVA) que deberá abandonar las instalaciones del antiguo Mercado de Legazpi a principios de febrero y la Casa de Cultura y Participación ciudadana de Chamberí, cuya renovación del local de Bravo Murillo en el que están alojados actualmente también ha sido denegada, con fecha de final de marzo.

Tirando de calendario, a La Gasolinera le siguió La Salamandra. Gracias a un acuerdo verbal con el mandato anterior, en el antiguo colegio Antonio Gil Alberdi de Moratalaz se daban talleres, clases de taichi, encuentros literarios y se cultivaba un huerto. Sus vecinos fueron desalojados en diciembre del mismo año 2019. Llegó el caso de la Asociación Vecinal de Las Tablas, que utilizaba El Palomar, espacio que disfrutaban en cesión demanial desde 2013, para ubicar la despensa vecinal de emergencia y alimentar así a una media de sesenta familias del distrito de Fuencarral. El concejal Javier Ramírez (PP) utilizó este argumento para ordenar el desalojo en julio del pasado año, alegando que no tenían autorización para repartir alimentos, tampoco para otras actividades como conferencias o talleres de zumba o yoga. Lorenzo Álvarez, presidente de la entidad, relata que han encontrado un local de alquiler. “Sufragamos los costes con las cuotas de socias y socios, y las tarifas de las clases y talleres que impartimos”. Mientras tanto, el edificio municipal permanece cerrado.

Otros murieron antes de empezar, como es el caso del Mercado Municipal San Enrique de Tetuán, o como la Casa de Asociaciones, en Hortaleza, que no ha llegado a ver la luz. Los seis colectivos que conforman el proyecto esperaban el decreto de convocatoria de cesión para optar a gestionar los 1.000 metros cuadrados en la parcela del antiguo colegio Rubén Darío.

Caso aparte es la llamada Casa del Cura en la castiza Plaza del 2 de Mayo en Malasaña. Su permiso de uso está asegurado, de momento, gracias a unas medidas cautelares interpuestas por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº10 de Madrid en junio de 2020, a petición de la Asociación Vecinal de Malasaña, Universidad y Centro, adjudicataria del edificio hasta 2023 tras una convocatoria abierta.

La crisis se desató cuando el concejal del distrito Centro, José Fermández Sánchez (PP), el mismo de Salamanca, quiso repetir la mecánica utilizada en La Gasolinera un año antes cambiando la cerradura del edificio tras revocar la autorización para asignar el edificio a servicios sociales. La diferencia con el espacio del barrio de La Guindalera es que en este caso, sí existía documento de cesión vinculante más allá de acuerdos verbales o correos electrónicos. Además, las más de diez asociaciones vecinales que llevaban meses utilizando el espacio se negaron a irse. La esperpéntica jornada del jueves 30 de julio del 2020 terminó con efectivos de la policía nacional protegiendo a vecinos frente al ayuntamiento de la ciudad.

El tejido asociativo de la capital lleva décadas implantado en los 21 distritos y son reconocidos como agentes culturales, de integración, convivencia, religiosas o deportivas de sus barrios por sus habitantes, y también por el ayuntamiento, que las censa y con las que se mantiene una relación a través de las juntas municipales de distritos.

Concesiones

Coros de barrio, asociaciones de bádminton, el Gobierno de México, parroquias, la Fundación ABC, la Universidad Carlos III, clubs de scouts, de mayores, de ajedrez, de lectura… y así hasta ochenta y cuatro cesiones de espacios de las juntas municipales de distrito están registradas como cedidas en diciembre de 2019, fecha de la última actualización, y alrededor de otros cuarenta que son titularidad del Ayuntamiento de Madrid .

La primera cesión del que el municipio tiene registrada su fecha de inicio data de junio de 1994, hace casi 27 años, siendo entonces alcalde José María Álvarez del Manzano, cuando se cedió a la Asociación El Despertar un edificio de 1.700 metros cuadrados, donde hasta la fecha se encuentra ubicado un centro asistencial y atención a niños y jóvenes con parálisis cerebral en el distrito de Latina. En 2010 y bajo el mando de Alberto Ruiz Gallardón, se rubricó la cesión de un local comercial en Moratalaz a la Asociación de Víctimas contra el Terrorismo ampliada hasta el 2030. En 2017, Manuela Carmena cedió al Gobierno de México el edificio de más de 2.600 metros cuadrados sito en Alberto Aguilera 20 por diez años, prorrogables a 50. La propia sede de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales, FRAVM, fue ubicada en un edificio municipal cedido en el mismo distrito en mayo de 2013.

Durante el mandato de Carmena fueron entregados treinta y un espacios a diversas entidades vecinales, también parroquias como Santa Cecilia o Nuestra Señora de Loreto en Barajas, la Asociación Confraternidad Carcelaria de España (CONCAES) en Ciudad Lineal, grupos scouts en Moratalaz o asociaciones fotográficas en Villaverde. El actual regidor, José Luis Martínez-Almeida, ha autorizado cuatro: tres en Vicálvaro a un club musical de batucada y a las Asociaciones de Artrogriposis múltiple congénita, la Asociación histórica Vicus Albus, y a la Asociación Madrileña contra la fibrosis quística en Hortaleza.