El responsable de las ambulancias en la Operación Bicho: “En algunas residencias no había ni paracetamol”

La quinta sesión de la comisión de investigación de lo que pasó dentro de las residencias entre marzo y junio se ha saldado con una verdad ya repetida: más 11.000 mayores murieron, muchos de ellos en condiciones inhumanas. Este viernes pasó por el estrado de la Asamblea de Madrid Eduardo Aragonés, el gerente de la empresa privada de ambulancias al que recurrió Encarnación Burgueño, al cargo de la supuesta asistencia médica a las residencias. Ha denunciado estar arruinado y apartado y ha revelado que la Administración todavía le debe 16.000 euros, es decir, que no le ha pagado nada.

Durante 12 días, del 26 de marzo al 6 de abril, Aragonés siguió las instrucciones telefónicas de Burgueño para acceder a los centros de mayores donde hacía falta asistencia sanitaria. Fue un plan caótico e insuficiente. Catorce personas para frenar el horror en 473 geriátricos. “En alguno no había ni paracetamol”, recordó este viernes el encargado de Transamed, una pequeña empresa de ambulancias que antes de la pandemia ya bordeaba la crisis. “Residencias sin EPI, con bolsas de basura”, enumeró, “profesionales que dormían en el suelo, otros que nos recibían llorando, suplicando”, dijo. En el recuerdo, de nuevo, quedó una imagen dantesca de aquellos días.

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Aragonés, de 43 años, es un técnico de ambulancias que en 2017 montó su propio negocio. Cuando Burgueño se puso en contacto con él, a principios de marzo, Aragonés pensó en dos cosas: por un lado podrían ayudar en el momento en que más se necesitaban ambulancias y los medios de los que ellos disponían y, segundo, podría ayudarse a sí mismo a salir adelante y aliviar las deudas que ya tenía. “Dijo que su padre estaba ahí para ayudarnos”, admitió, en referencia a Burgueño, la mujer que se puso al mando de lo que iba a ser la atención sanitaria de las residencias para no colapsar los hospitales. Antonio Burgueño había sido presentado a principios de marzo como el principal asesor de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para coordinar la lucha contra la pandemia. Antes había sido el impulsor de la privatización de los centros sanitarios con Esperanza Aguirre.

Así que Aragonés se fio de aquellas credenciales. Tanto, asegura, que puso dinero de su bolsillo para comprar material sanitario que necesitaban y que la Administración regional no adelantó en ningún momento. También para pagar en parte a su equipo, con el que después ha tenido sus tiras y afloja por problemas contractuales.

Por todo aquello no recibió un duro. Él reclama a Burgueño 16.000 euros, una estimación “muy a la baja” de los gastos generados. Burgueño desapareció del mapa cuando la Comunidad le dijo que parara, después de que este periódico revelara su papel. Aragonés se quedó esperando nuevas instrucciones hasta que se dio cuenta de que no solo no las iba a recibir, sino que tampoco iba a cobrar.

Así que Aragonés accedió a destapar la denominada “Operación Bicho”, el código que Encarnación Burgueño usaba para denominar el plan que intentaron ejecutar sin medios adecuados y con ansias de poder desmesuradas (soñaba con dominar el mercado una vez se pusiera fin a la pandemia). Burgueño compareció ante la Asamblea hace dos semanas y contó que a ella tampoco le ha pagado la Comunidad de Madrid. El alto cargo de la consejería de Sanidad que la contrató, Carlos Mur de Víu, fue destituido en mayo.

Según Burgueño, los trabajadores de Transamed fueron a las residencias a hacer un trabajo de campo, es decir, a recabar información de cómo se encontraban los geriátricos por dentro. Pero el contrato que envió a Aragonés, firmado por Mur de Víu, le encargaba la “gestión integral de la crisis” en los geriátricos. “No se manda a un equipo médico para realizar un estudio de campo”, dijo ayer Aragonés. “Si quieres eso, no mandas a alguien preparado para atender pacientes. Llevábamos una UVI móvil, y era para hacer una primera ayuda”.

Hoy, varios meses después de aquello, Aragonés cuenta que se ha convertido en un chivo expiatorio al que la Administración le ha dado la espalda, pues considera que no ha tenido ninguna relación contractual con él y por tanto no le va a pagar los 16.000 euros que le debe. “Hemos recibido amenazas, insultos, ha habido y hay una persecución solo por sacar a la luz algo que consideramos que no era legal. A mí me han cesado en el Summa de un día para otro como técnico de emergencias (donde estaba apuntado desde 2003 para cubrir suplencias)”, enumera. Hundido, sin dinero y sin trabajo, admite que sobrevive gracias a su pareja. “¿Si volvería a hacerlo? Si me llama Encarnación, no. Si me llama la Comunidad de Madrid para continuar, pero con medios, encantado”.

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