Madrid rechaza casi dos millones que Educación ofrecía para estudiantes vulnerables

La Comunidad de Madrid ha anunciado que los contratos de los profesores de refuerzo covid terminarán el 22 de diciembre a no ser que el Gobierno central amplíe las ayudas por la pandemia, pero a su vez la Consejería de Educación ha rechazado 1.904.699 euros ofrecidos por el Ministerio de Educación para el programa #PROA+, es decir, para los alumnos más vulnerables. El pasado día 13 de noviembre la Consejería de Educación remitió un escrito al ministerio en el que rechazaba el dinero correspondiente al segundo reparto, “a la vista del desarrollo y la participación de los centros de la Comunidad de Madrid”.

La Federación de asociaciones de padres y madres del alumnado (FAPA) Francisco Giner de los Ríos tiene muy claro que el Programa para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo, el nombre completo de #PROA+, “es necesario, ahora más que nunca y funciona muy bien”. La participación de los centros de Secundaria y Bachillerato, cuando la Administración lo apoyaba y lo promovía, según explica Carmen Morillas, presidenta de la FAPA, siempre ha sido muy alta y eficiente, “por lo que no es comprensible que no exista por parte de la Consejería de Educación un apoyo explícito a este programa, máxime cuando se está aportando un importante dinero desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional para este fin”. Morillas, además, critica que en lugar de apostar por ello, “prefiere no renovar los contratos de los docentes y acabar con el necesario apoyo al alumnado”.

En el acuerdo del Consejo de Ministros del 21 de julio de 2020 se formalizaron los criterios de distribución a las Comunidades Autónomas y a la madrileña se le destinaron 3.768.353 euros. Tras un primer reparto del dinero para el programa PROA+, el 6 de octubre la subdirectora de cooperación territorial e innovación educativa comunicó el segundo, pero la Comunidad respondió el 13 de noviembre a través de una carta que no participará en él.

“A la vista del desarrollo del programa y de la participación de los centros de Madrid durante este curso, se comunica que la Comunidad de Madrid no participará en ese segundo reparto anunciado por la subdirectora general de cooperación territorial e innovación educativa el pasado 6 de octubre”, escribe Jose María Rodríguez Jiménez, Director General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, en la carta enviada al Ministerio.

Lo cierto es que solo 97 centros solicitaron la ayuda destinada a los menores más vulnerables, algo que la FAPA achaca a los tiempos que se han modificado por la pandemia. La administración regional recibió el primer pago antes de verano, pero no se lo comunicó a los centros hasta finales de septiembre, dando un plazo de 15 días hábiles para que pidieran adherirse al programa. Finalmente, amplió el plazo hasta el 30 de octubre, pero, según Morillas, justo en unas fechas los centros educativos “han tenido un trabajo ingente que no han podido abordar”. “Los plazos se podrían haber ampliado perfectamente sin ningún problema, algo que Madrid no ha querido ni siquiera plantear”, asegura.

El rechazo por parte de los representantes de los padres a esta decisión es tajante. “El impacto negativo que la covid-19 está generando en todos los centros educativos es más que patente y la semipresencialidad lo está agudizando, no se entiende que se rechacen recursos para una atención más personalizada, precisamente en aquellas etapas educativas donde la Comunidad de Madrid es incapaz de asumir la presencialidad en las aulas”, explica Morillas. A todo ello se suma, dice, que mientras el Ministerio de Educación y Formación Profesional coloca como destinatarios al alumnado de educación primaria, ESO y Bachillerato, con especial atención al alumnado más vulnerable, la Comunidad de Madrid solo lo ha ofrecido a los centros de ESO y Bachillerato.

La federación de padres trasladó a la Consejería de Educación varias cuestiones relacionadas con la atención educativa del alumnado, una de ellas fue sobre los refuerzos covid, cuyos contratos terminan en diciembre y dejan al descubierto cientos de estudiantes. La falta de docentes aún se sufre en muchos centros educativos. Según datos de los sindicatos, todavía hay al menos 847 plazas vacantes sin cubrir, es decir, hay alumnado que aún no ha podido recibir clases de algunas materias. “La contratación de los profesores de refuerzo para este curso tiene otra vía de financiación diferente, los fondos covid del Gobierno, en la que no se exige una participación voluntaria de los centros ni la presentación de un proyecto por parte de los mismos, y que la Comunidad ha empleado, en parte, para contratar a casi 11.000 docentes”, han respondido fuentes de la Consejería de Educación.

Otras cuestiones que los representantes de los padres han hecho llegar a la Administración son las sustituciones de bajas docentes no cubiertas y los problemas relacionados con la semipresencialidad o la Formación Profesional. A día de hoy, dicen, aún no han recibido ningún tipo de respuesta por parte de la consejería.

“Es inadmisible que en la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra gran parte del alumnado de la Comunidad se rechacen los fondos destinados precisamente a paliar estas necesidades que se han producido en nuestros estudiantes. Es absurdo. La vulneración constante de los derechos de la infancia madrileña queda patente con esta toma de decisiones realizadas de manera unilateral sin ningún ápice de participación de la Comunidad Educativa”, dice la presidenta de la FAPA.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional, puso en marcha el programa #PROA+, financiando, inicialmente, a las comunidades autónomas con 40 millones de euros a repartir entre todas. Contempla líneas de actuación elegibles por cada centro en función de sus objetivos, características, necesidades y posibilidades. En primer lugar, busca la adecuación de proyecto educativo del centro a las necesidades de este curso (atención a la acogida, el vínculo escolar y las transiciones entre etapas; adaptación de la programación curricular y estímulo de la renovación pedagógica inclusiva).

En segundo, un impulso de las competencias docentes y orientadoras más necesarias (ajuste del Plan Formativo del centro), en coordinación con los servicios o redes de formación de la comunidad autónoma. En tercero, un plan de acompañamiento, motivación y refuerzo escolar personalizado para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Y en cuarto, la promoción de la implicación y colaboración de las familias y del entorno comunitario con el proyecto educativo del centro para el curso 2020-21.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, asegura la Administración, “ha hecho un esfuerzo extraordinario” este curso para ayudar a los aquellos alumnos que por diversas razones no pudieron seguir la actividad educativa a distancia durante el confinamiento. Para ello, asegura, el Ejecutivo ha puesto en marcha diversas acciones de refuerzo tanto escolar como extraescolar, con un presupuesto de cerca de 23,4 millones de euros.

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