La gran picaresca para celebrar fiestas en el toque de queda

Seis de la mañana de un fin de semana. Los policías municipales del distrito de Puente de Vallecas se acercan a un local que se dedica a agencia de viajes. Tiene el cierre bajado y desde fuera no se observa ninguna luz. A esas horas, debería estar en silencio. Pero conforme se aproximan oyen música que sale de dentro. Los agentes empiezan a golpear el cierre, pero nadie les abre. Mientras intentan encontrar cómo acceder al interior, un hombre abre la puerta y pueden acceder al interior. El decorado no es el típico de un establecimiento de venta de cruceros. Está adornado con guirnaldas, hay una mesa con bebidas y hasta dos camas. En una de ellas, está postrada una mujer completamente ebria, ajena a todo lo que está ocurriendo a su alrededor. Ninguno de los asistentes lleva mascarilla.

Este es uno de los muchos casos a los que se han enfrentado en las últimas semanas la Policía Nacional, la Policía Municipal de Madrid y la Guardia Civil. Solo desde el 2 de octubre, cuando se reforzaron las medidas sanitarias para frenar la segunda oleada del coronavirus, los agentes han tramitado más de 15.000 propuestas de sanción por incumplirlas. Eso, con los datos hasta el pasado viernes, lo que no incluye por tanto los datos de este puente de La Almudena, y sin contar las denuncias puestas por el centenar de cuerpos policiales locales que hay en la región.

“La gente está demostrando una gran picaresca para celebrar fiestas ilegales. Hemos llegado a detectar estancias en locales en las que se oía música y con la entrada camuflada en la pared”, explica el comisario de la Policía Municipal, José Luis Morcillo, encargado del dispositivo de vigilancia en la capital.

La broma de acudir a una fiesta ilegal puede resultar especialmente cara. En cuanto entran los agentes, lo primero que comprueban es si los asistentes llevan o no mascarilla. El no hacerlo ya supone, de entrada, 600 euros, a los que habrá que sumar otros 600 por participar en reuniones de más de seis personas. Es decir, que como poco, el infractor ya se va con 1.200 euros. Pero la cuenta puede subir, en caso de que estén fumando o de que haya menores. Aparte, el promotor será denunciado por una falta grave, cuya cuantía puede llegar a los 600.000 euros. Desde el 2 de octubre y hasta el pasado viernes, los agentes de la capital habían encontrado más de 860 fiestas ilegales. Solo durante este puente de La Almudena, los agentes han intervenido en unas 400 celebraciones en domicilios o en locales que superaban la hora de cierre, según fuentes de la Concejalía de Seguridad y Emergencias. En muchas de ellas, no se usaban mascarillas ni otras medidas de seguridad frente a la covid-19. Estas 400 fiestas suponen un notable incremento respecto al último puente de Todos los Santos, cuando hubo 313 intervenciones policiales.

Positivos en las fiestas

Pero aún puede resultar mucho más cara la salida, si se es positivo en covid-19. Según recuerda el comisario Morcillo, la Policía Municipal de Madrid tiene acceso a la base de datos de la Consejería de Sanidad, por lo que permite comprobar si una persona debe estar en cuarentena o si en el domicilio hay algún contagiado. Esta base de datos permite la consulta por calles y por el carné de identidad, entre otras entradas. Si un positivo es detectado en una reunión ilegal o en una fiesta, puede tener dos consecuencias. O se le propone para una sanción administrativa grave al incumplir su confinamiento o incluso se le puede acusar de un delito contra la salud pública. Este último, que acarrea hasta penas de prisión, supondrá que el infractor vaya detenido a comisaría.

“De lo que esa gente no se da cuenta es que se convierten en vectores y están propagando la enfermedad. Madrid tiene que bajar la tasa de contagios y, desde luego, vamos a centrarnos en perseguir las infracciones. Nos hemos convertido en estos últimos meses en una policía sanitaria”, añade el comisario Morcillo. Los agentes locales habían tramitado hasta el pasado viernes más de 7.200 denuncias por no llevar la mascarilla. Eso sí, estas denuncias se han registrado en todos los horarios y en todos los distritos, de muchas personas que van por la calle sin el tapaboca.

Una de las fiestas más llamativas ocurrió en el distrito de Salamanca. La llamada de los vecinos puso en alerta a los agentes. Se trataba de un chalé, donde supuestamente se ejercía la prostitución y el consumo de drogas. Cuando llamaron a la puerta, la persona que les abrió les permitió entrar. Para su sorpresa, comprobaron que la vivienda estaba señalizada como un local y no como un domicilio particular. Las 15 mujeres que estaban dentro confesaron que se citaban con “amigos” por teléfono para mantener relaciones sexuales a cambio de dinero. Eso sí, no aportaron ningún documento ni licencia como bar especial o como hotel. Mientras los funcionarios registraron el lugar, se encontraron que en las habitaciones había diferentes personas manteniendo relaciones sexuales.

Otro ejemplo claro de incumplimiento se produjo este fin de semana en la Cañada Real, en Villa de Vallecas, cuando agentes de la Policía Nacional acudieron a un bar a las cuatro de la madrugada en el que había 67 personas. Los funcionarios, que tuvieron que pedir refuerzos para poder identificar a todos los asistentes, propusieron para sanción a todo ellos y al responsable del local. Desde el inicio del segundo estado de alarma, a mediados de octubre, hasta el pasado 5 de noviembre, la Policía Nacional y la Guardia Civil habían levantado 990 propuestas de sanción en la región, según datos del Ministerio del Interior.

Otro fenómeno que también ha tenido una gran incidencia en estas últimas semanas es el botellón. Solo en la capital, la Policía Municipal ha puesto 5.210 denuncias por consumo de alcohol en la vía pública. Centro, Puente de Vallecas, Tetuán y Chamberí son los distritos con mayor incidencia.

Pero el botellón no es un fenómeno único en la capital. Solo en Las Rozas, donde están empadronados unos 20.000 jóvenes, se han tramitado más de 1.250 propuestas de sanción por este motivo. Este municipio ha reforzado la presencia policial a base de pagar horas extras con hasta siete patrullas más entre las siete de la tarde y las tres de la madrugada. “En general, la gente respeta las restricciones. Lo que hemos detectado es que gran parte de los infractores provienen de otros municipios cercanos. De hecho, los jóvenes ya se aconsejan en las redes sociales que no vengan a Las Rozas porque hay mucha vigilancia”, reconoce el comisario y máximo responsable del cuerpo, Manuel López. “Tampoco podemos criminalizar a los jóvenes. En lugar de riñas y denuncias, necesitan modelos de comportamiento”, añade este mando. Este recomienda también que se controlen los puntos de ventas de alcohol, en especial las tiendas que están abiertas las 24 horas o las gasolineras, para evitar que se haga botellón.

Algunos alcaldes de la zona sur, donde residen más de un millón de personas, reconocen que el cumplimiento de la normativa sanitaria por parte de los jóvenes y de los empresarios de la noche está siendo “bastante alto”. De hecho, el cierre de los parques durante la noche y el hecho de que los agentes patrullen por ellos de manera aleatoria está haciendo que el botellón se haya reducido. A ello también ha ayudado el frío que hace por las noches y que no apetezca estar en la calle como en verano, según reconocen estos regidores. Las multas también ayudan a disuadir el incumplimiento, según añaden.

Denuncias por ruido

Las policías municipales son las que suelen detectar en mayor medida las fiestas ilegales, gracias a que reciben las denuncias de los vecinos por ruido. Así ocurrió por ejemplo en el distrito de Centro, cuando los agentes tuvieron que desalojar un solar en el que había un concierto con 75 personas o un local de Tetuán con 150 clientes dentro. En Ciudad Lineal, tuvieron incluso que acudir los bomberos para abrir un establecimiento cuyos responsables se negaban a abrir. Eso sí, al oír cómo arrancaban la radial, prefirieron levantar el cierre y dejaron pasar a los agentes.

Las denuncias son remitidas en su mayoría a la Comunidad de Madrid, que es la que ha aprobado las órdenes de la Consejería de Sanidad que regulan la apertura de comercios, los aforos máximos y la prohibición de hacer reuniones de más de seis personas.

Un fenómeno que se reproduce en los pueblos

La Guardia Civil también ha tenido bastante actividad por incumplimiento de las órdenes de la Consejería de Sanidad, incluso con detenciones de por medio. Solo durante el mes de octubre, los agentes del instituto armado han notificado 861 propuestas de sanción por ignorar las medidas del Ejecutivo regional.

Uno de los puntos con reincidencia se ha registrado en el municipio de Chinchón, donde los guardias civiles han desmontado dos fiestas ilegales en el punto kilométrico 10,500 de la M-311 (Arganda del Rey-Belmonte de Tajo). En una primera intervención, los agentes denunciaron a 42 personas que estaban de juerga, pese a la prohibición regional de hacer reuniones de más seis personas no convivientes.

Pero no fue suficiente. A los pocos días, los agentes tuvieron que ir de nuevo a este punto. Había de nuevo otra fiesta, pero esta vez con bastante más concurrencia. Los guardias contabilizaron un total a 140 personas, que se llevaron su correspondiente propuesta de sanción. Pero 20 de ellos se marcharon con dos propuestas, a falta de una. Los funcionarios comprobaron que estaban consumiendo o llevaban encima sustancias estupefacientes. En esta segunda visita, también se detuvo al organizador, un colombiano de 57 años, acusado de atentado a agente de la autoridad.

En Arroyomolinos, 36 jóvenes pensaron que, si se iban a un bar de copas de un polígono industrial, nadie les molestaría. Eso sí, no contaban con la presencia de los agentes de uniforme verde.