Final para la pesadilla de 100 mayores

Final a una pesadilla para unos 100 mayores de Alcorcón, que durante más de un año han visto peligrar el poder quedarse en los pisos en los que residen desde hace más de una década. El Ayuntamiento de la localidad ha llegado a un acuerdo de compra con los administradores concursales de la empresa municipal de la vivienda. De esta forma, los beneficiarios del llamado Plan Permuta no tendrán que volver a sus antiguas casas en el centro del municipio. Muchas de ellas fueron okupadas o carecen de las mínimas condiciones de accesibilidad para estas personas.

El llamado Plan Permuta se puso en marcha a finales de la década pasada por parte de la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (Emgiasa, de titularidad 100% municipal), mientras se construía el nuevo barrio de la localidad, el Ensanche Sur, con más de 7.000 viviendas, en su mayoría de promoción pública. El equipo de gobierno, bajo el mandato del PSOE, ideó, como había pisos de sobra para la demanda de la ciudad, un sistema para las personas mayores de 70 años que vivieran en casas con problemas de accesibilidad o para minusválidos. Muchos residían en terceras y cuartas plantas del casco antiguo, sin ascensor, lo que les limitaba e incluso impedía hacer una vida normal, como salir a la calle.

Los beneficiarios recibían una vivienda en plantas bajas de los nuevos edificios promovidos por Emgiasa y a cambio entregaban sus pisos al Ayuntamiento. Este los dedicaría a alquilar a un precio reducido entre jóvenes menores de 30 años, dada la cercanía de la Universidad Rey Juan Carlos, entre otros motivos.

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El plan fue suscrito por 88 mayores, que a finales de la década pasada se mudaron al nuevo barrio de Alcorcón. Lo que falló en este plan es que parte de sus antiguas no se sacaron al alquiler y algunas de ellas fueron okupadas. Así terminaron destrozadas e incluso inhabitables. Tuvieron que ser valladas y protegidas con ladrillos para evitar nuevas okupaciones.

Con la llegada del PP al poder en el Ayuntamiento de Alcorcón, Emgiasa pidió en 2012 el concurso de acreedores voluntario. La crisis de 2008 pasaba mella y parte de los adjudicatarios no podían hacer frente al pago de sus hipotecas. Además, la empresa municipal acometió una obra faraónica, como el Centro de Creación de las Artes de Alcorcón (CREA), en el barrio de San José de Valderas, con un presupuesto de 140 millones. Eso, unido a la construcción de aparcamientos y locales públicos en la localidad y una sentencia que obligaba a pagar 52 millones de euros a los propietarios del suelo del Ensanche Sur, llevaron a Emgiasa a una situación insostenible. Así lo vio al menos el equipo de gobierno, en contra de la opinión de parte de la oposición. El pasivo alcanzaba los 333 millones de euros.

Los administradores concursales propusieron en 2014 que las viviendas del Plan Permuta fueran adquiridas por el propio Ayuntamiento, dado que en definitiva cumplían una función social. Un escrito municipal rechazó la oferta por varios motivos. El plan lo ejecutó Emgiasa –no el Consistorio-; la Ley de Racionalización y Sostenibilidad le impedía a la Corporación aportar dinero a empresas públicas y se carecía de un título jurídico apropiado para realizar esa adquisición, según el recurso municipal. Pero el más importante era que, como el Ayuntamiento no tenía entonces “recursos económicos suficientes”, aconsejaba que las entidades bancarias presentes en el concurso de Emgiasa se hicieran con esas viviendas.

Los años pasaron y el concurso fue avanzando no sin dificultades. El titular del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, Francisco Javier Vaquer Martín, firmó el 26 de marzo de 2019 un auto en el que obligaba a los beneficiarios del Plan Permuta a adquirir sus viviendas –pese al tiempo que llevaban residiendo en ellas- o a abandonarlas y regresar a sus antiguos pisos. Faltaban dos meses para las elecciones municipales y el equipo de gobierno municipal, del PP, no movió ficha. Dejó pasar el tiempo, bajo la excusa de que el Ayuntamiento no podía hacer frente a esa deuda y, por tanto, no podía comprar las viviendas. De poco sirvieron las protestas de los mayores y de otros colectivos de apoyo en la plaza de España, justo debajo del despacho del entonces alcalde y actual consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez.

Las elecciones municipales del año pasado cambiaron el signo político en el Ayuntamiento alcorconero y entró a gobernar una coalición de PSOE y Ganar Alcorcón. La alcaldesa, la socialista Natalia de Andrés, puso como una de sus prioridades solucionar este problema con la mayor rapidez. Para ello, promovió una reunión con los administradores concursales, que apoyaron desde el primer momento que el Consistorio se hiciera con las viviendas del plan. De hecho, se retomaba la propuesta que ellos mismo habían hecho al magistrado Vaquer Martín y que fue desestimada por el anterior equipo de gobierno.

Fruto de esas negociaciones, se ha llegado al acuerdo de que el Ayuntamiento se haga con las viviendas de estos mayores y minusválidos. Formarán parte del parque municipal de pisos sociales, de forma que los mayores podrán vivir en ellas hasta que se cambien a otro domicilio, se muden a una residencia o fallezcan. En ningún caso podrán traspasar sus derechos a otros familiares, aunque convivan habitualmente con ellos.

De Andrés ha mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado: “Es una magnífica noticia para la política social de la ciudad, ya que vamos a poder generar un parque de viviendas de emergencia para la ciudad que va a posibilitar cubrir las necesidades que existen en la ciudadanía”. “Es una cuestión de justicia clara para estos mayores que vivían una situación complicada y solo requería de voluntad política”, ha concluido.