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Los jueces obligan al Ayuntamiento de Madrid a sancionar a pisos turísticos del centro

El Tribunal Superior de Justicia ha rechazado un recurso de apelación interpuesto por el Consistorio tras una resolución en la que se le exigía inspeccionar viviendas de la calle del Príncipe

Fachada del número 15 de la calle del Príncipe (Centro), en el que fueron precintados pisos turísticos en el año 2019.
Fachada del número 15 de la calle del Príncipe (Centro), en el que fueron precintados pisos turísticos en el año 2019.víctor sainz

El Ayuntamiento de Madrid tendrá que actuar, expedientar y sancionar a las Viviendas de Uso Turístico (VUT) de la calle del Príncipe, en el distrito Centro, denunciadas por cambio de uso residencial a turístico sin licencia. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado el recurso de apelación interpuesto por el equipo de Gobierno de Manuela Carmena, que pretendía revertir esta decisión.

El auto falla a favor de un vecino que vive en un edificio que vive en el número 15 de la calle del Príncipe, que en 2018 denunció que 39 de estas viviendas funcionaban como pisos turísticos sin la preceptiva licencia municipal. De esta forma, el tribunal reconoce el derecho del denunciante a solicitar que el Ayuntamiento proceda “de inmediato” a la incoación de expediente de disciplina urbanística sobre las viviendas, aunque el Consistorio aún puede interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en un plazo de 30 días.

La Asociación Vecinal de Sol y Barrio de las Letras, junto con la de la Corrala Latina-Rastro-Lavapiés y el vecino denunciante, Luis García, han ofrecido este jueves una rueda de prensa en la que han puesto en valor la “importancia extraordinaria” de esta sentencia, porque la jurisprudencia establecida afectaría al conjunto de las VUT en el Distrito Centro, unas 10.000, han considerado. “Ahora mismo no sabemos cuántas hay, pero en el momento álgido estábamos entre las 15.000 y las 20.000’, ha explicado el asesor jurídico de la asociación vecinal, Alfredo Carda.

Cuatro años de lucha

La batalla de García, profesor de Lengua Española en la Universidad Complutense, comenzó en el verano de 2016. La empresa Mucor alquilaba las dos primeras plantas del edificio en el que vive por dos años, hasta que comprobó que alquilarlo por días hacía su negocio más rentable y cedió la gestión a Likehomemadrid Renting Apartments in Center S.L. Una tarde, García observó cómo en su patio unas chicas alemanas montaron una piscina hinchable. Según García, se emborracharon y salieron a la calle. “Al rato, trajeron a lo mejor que había en la calle Príncipe. Se nos habían metido en el edificio”, relataba a este periódico en 2019.

A partir de su denuncia, a García, aseguraba, le han llegado a amenazar de muerte. Lo denunció y ganó el juicio. “Por la calle me han llamado maricón e hijo de puta. Es una lucha que agota, abrasa. Si eres débil acaban contigo”, relataba entonces, mientras mostraba en su móvil un pantallazo de una página web de alquileres: “Dos noches, 476 euros”.

Para la Asociación Vecinal de Sol, que afirma haber puesto unas 2.000 reclamaciones, con esta resolución “queda clara” la obligación del Ayuntamiento atender las denuncias administrativas presentadas por los vecinos, realizar las tareas de inspección, incoar los expedientes relativos a la disciplina urbanística y obligar el cese de las empresas urbanísticas que operan ilegalmente sobre pisos residenciales.

“Hay 49 viviendas, en las cuales 7 vecinos somos los propietarios, y la primera y la segunda planta estaban consagradas a esto (viviendas de uso turístico). En algunas viviendas había incluso lavandería y recepción (...). Ganar esto es, al menos, una pequeña recompensa moral”, ha señalado García tras conocer la sentencia del TSJM.

La alcaldesa de Madrid en funciones, Begoña Villacís, ha apostado este jueves por “dar cauce” normativo a los pisos turísticos en la capital para que estos “no acaben en la economía sumergida”, tras conocer la resolución judicial. “Todos los modelos de negocio caben cuando se cumple la norma. No nos vale economía sumergida, que deriva también en una problemática con vecinos”, ha expresado ante los periodistas.

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