La crisis del coronavirus

Los Ayuntamientos exigen a la Comunidad que medicalice las residencias

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ordena a la administración regional medicalizar las residencias de Alcorcón y Leganés. Alcalá y Parla piden también su aplicación; y Móstoles, Fuenlabrada y Getafe avanzan que estudian acciones legales

Miembros de la UME efectúan tareas de limpieza en la residencia de Francisco de Vitoria de Alcalá de Henares
Miembros de la UME efectúan tareas de limpieza en la residencia de Francisco de Vitoria de Alcalá de HenaresFernando Villar (EFE)

Tras ver que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ordenado a la Comunidad medicalizar las residencias de Alcorcón, algunos de los principales Ayuntamientos de la región reclaman que la medida se extienda a sus localidades. Con casi 6.000 muertos vinculados al coronavirus en estos centros, un auto reconoció ayer a Leganés las mismas medidas cautelares que a Alcorcón; Alcalá y Parla pidieron su aplicación; y Móstoles, Fuenlabrada y Getafe avanzaron que estudian acciones legales. Al contrario que estos municipios, gobernados por el PSOE, el de Las Rozas, del PP, defendió la gestión del Gobierno, y otros prefirieron no pronunciarse.

Mientras Madrid empieza la desescalada en los hospitales, la lucha contra la muerte sigue en su punto álgido en muchas residencias. En las 15 de Alcalá, por ejemplo, hay 509 residentes contagiados o con síntomas, según datos del Ayuntamiento. Y en las de Alcorcón, el 50% de los 579 residentes han dado positivo. Unos datos terroríficos que son solo la punta del iceberg del horror que se vive en las 425 residencias de ancianos que hay en la región.

“La consejería de Sanidad es la responsable de garantizar que se está cumpliendo toda la normativa, y la obligada a poner todos los medios necesarios para garantizar la atención médica”, afirma Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá (PSOE), que le ha enviado una carta al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero, para reclamarle la medicalización de las residencias, o que se redirija hacia ellas el personal que ya no es imprescindible en los hospitales, renovando con ese fin los contratos de los especialistas contratados como refuerzo para la crisis del coronavirus. Y subraya: “La denuncia que ha cursado Alcorcón, en sus planteamientos, y situaciones descritas, es análoga a la situación de Alcalá y otros Ayuntamientos. La consejería debería actuar sin necesidad de que la cuestión se judicializara. Y si no, nos veremos obligados a seguir el camino de otros municipios”.

“Se trata del sector de población más vulnerable y hay prestarle toda la atención que merece… Queremos pensar que la Comunidad actuará en consecuencia y no obligará a los municipios a judicializar este tema tan sensible”, coinciden en el Ayuntamiento de Parla.

La medicalización de las residencias ha provocado un durísimo choque entre el PP y Cs, los dos socios del Ejecutivo de Madrid. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta, aseguró el viernes que ya hay 204 centros en esa situación. Ignacio Aguado, el vicepresidente, discrepa. “Una residencia medicalizada no es solo una residencia con atención sanitaria, es algo más”, profundizó el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, señalando a la necesidad de contar con equipos de diagnóstico y tratamiento para frenar las muertes, además de con profesionales sanitarios.

Porque la falta de personal se mide en datos. Antes de que arrancara la crisis, el 28% de los centros regionales carecía de médico y el 22% solo lo disfrutaban en turno de mañana, por lo que el 50% no tenían atención médica permanente, según detalló el propio Reyero.

Diseñadas para cuidar, y no para curar, las residencias han tenido que intentar una transformación a toda velocidad en mitad de la pandemia.

¿Es suficiente con los millones de equipos de protección distribuidos en abril? ¿Basta con los tests enviados? ¿Tiene sentido que los miles de contratos firmados para reforzar los hospitales no se deriven a las residencias ahora que ha bajado la avalancha de positivos?

“No tiene lógica. No lo entiendo”, responde Santiago Llorente, alcalde de Leganés (PSOE). “Nosotros presentamos la demanda el viernes”, añade el regidor de este municipio, al que ayer el TSJM concedió medidas cautelares similares a las de Alcorcón: la Comunidad debe dotar a sus centros del personal y las máquinas diagnósticas necesarias. “Lo único que han hecho hasta ahora es poner a un señor de la consejería de Políticas Sociales a supervisar, no a dirigir, y sin perfil sanitario”, afirma. “Cuando vimos que la consejería de Sanidad asumía las competencias de residencias (el 27 de marzo) pensamos que mandarían a médicos y enfermeros. Y no ha pasado”.

Por eso, los Ayuntamientos de Móstoles, Fuenlabrada y Getafe también estudian si emprenden el camino de los tribunales. No es el caso de Las Rozas, gobernada por el PP. En Alcobendas, donde PSOE y Cs gobiernan en coalición, prefirieron no pronunciarse, como en Torrejón (PP).

“Era fundamental la medicalización de las residencias, que se ha mostrado que eran espacios muy vulnerables”, explicaron en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. “Así se lo comunicamos a la Comunidad en varias ocasiones, sin éxito”, siguió. “Por todo ello nos parecen muy oportunas las medidas cautelares del TSJM y creemos que deberían ser de aplicación a todas las residencias”.

¿Se podrá dedicar personal sanitario de los hospitales a las residencias? “Los contratos son de refuerzo para la gestión de la presión asistencial por covid-19, y se renovarán en función de la presión asistencial y de la situación epidemiológica”, contesta un portavoz de Sanidad. “Inicialmente la mayoría se hicieron hasta mayo y junio, y en el momento de su fecha de finalización se analizará la situación”.

¿Se podrá dedicar personal sanitario de los hospitales a las residencias? “Estamos valorando posibilidades dentro de nuestro marco de competencias”, respondió un portavoz de la consejería de Sanidad. “Los contratos son de refuerzo para la gestión de la presión asistencial por covid-19, y se renovarán en función de la presión asistencial y de la situación epidemiológica”, abundó. “Inicialmente la mayoría se hicieron hasta mayo y junio, y en el momento de su fecha de finalización se analizará la situación”.

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