Herida de muerte a Altri, la polémica ‘macrocelulosa’ de Lugo que apadrina la Xunta

Del “Nunca Máis” al “Altri non”. La consigna contra la macrocelulosa que apadrina la Xunta en Palas de Rei (Lugo), primero de la mano de Alberto Núñez Feijóo y ahora de Alfonso Rueda, se ha convertido en el grito de disidencia favorito en Galicia. Se puede leer en forma de camiseta o chapa en toda manifestación que se precie, o como pintada en tapias de ciudades y pueblos. Hasta se ha colado furtivamente en retransmisiones de la Televisión de Galicia, la última en boca de las Tanxugueiras. Aunque el proyecto logró el visto bueno ambiental del Gobierno gallego, acumula un par de heridas que lo asoman a la muerte. Tras no recibir los fondos europeos que solicitaron sus promotores, la incertidumbre financiera que lo rodea acaba de dejarlo fuera también, al menos de momento, de las infraestructuras que ejecutará el Gobierno central para dar suministro eléctrico a nuevas industrias.

El movimiento vecinal y ecologista que se opone a la planta promovida por la compañía Greenfiber (propiedad de la portuguesa Altri y del empresario coruñés Manuel García, dueño de Greenalia) celebra la noticia, pero no detiene su batalla judicial. La Plataforma en Defensa da Ría de Arousa y la asociación ecologista Adega por un lado, y el sindicato CIG por otro, han anunciado este lunes que presentarán sendos recursos contencioso-administrativos contra la tramitación de la concesión de aguas a la factoría, que ocuparía una parcela de 366 hectáreas y que aspira a producir 400.000 toneladas de celulosa soluble y 200.000 toneladas fibras textiles sostenibles. Los denunciantes consideran que el expediente debe ser archivado porque se ha rebasado el plazo máximo legal de 18 meses sin que la Xunta lo resolviera. La Administración autonómica admite que ese tope se ha superado, apela a la “complejidad del procedimiento” y niega el archivo porque no perjudica “a terceros”.

Greenfiber pretende captar y luego verter un máximo de 46 millones de litros de agua al día del río Ulla, un cauce que abastece a 11 municipios y que desemboca en la marisquera ría de Arousa. La cantidad, inciden sus detractores, equivale a lo que consume toda la provincia de Lugo y las cofradías de pescadores temen daños ambientales que pongan en peligro su medio de vida. “El vertido de Altri va a disminuir la calidad sanitaria del agua que bebemos”, ha alertado Xaquín Rubido, portavoz de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, durante un acto este lunes en Vilagarcía de Arousa al que han asistido representantes del sector pesquero y marisquero.

El último golpe que ha recibido la pastera tiene que ver con su conexión a la red eléctrica, fundamental para su puesta en marcha. La planta pretendía un acceso a la red y una subestación de nueva creación pero, en principio, el Gobierno central ha descartado la construcción de estas instalaciones. Fuentes de la Secretaría de Estado de Energía explican que han recibido una avalancha de peticiones de enganche de nuevos proyectos industriales y que en la planificación de inversiones hasta 2030 han tenido que “priorizar”. Se ha dado preferencia a aquellas inversiones más viables, “que aporten más beneficios socioeconómicos con el menor impacto ambiental”. El objetivo es evitar que “los consumidores experimenten una subida de las facturas eléctricas asociado al mayor tamaño de las redes si no van ligadas a proyectos efectivos y reales”, señalan. La conexión y la subestación que precisa la celulosa de Palas de Rei solo darían servicio a este proyecto y está sumido en la incertidumbre sobre su financiación. Greenfiber ha admitido que necesita que una cuarta parte del coste de la fábrica sean ayudas públicas, es decir, 250 millones de euros de un total de 1.000 millones.

La propuesta de planificación eléctrica de la que han quedado excluidas la conexión y la subestación de la macrocelulosa saldrá a exposición pública esta semana o la que viene, informa la Secretaría de Estado de Energía. Greenfiber ya ha anunciado que analizará “detalladamente los argumentos técnico-económicos” del ministerio para ver la posibilidad de presentar alegaciones. “De producirse la exclusión, todo apuntaría a que estamos ante una decisión puramente política”, avanza la empresa en un comunicado, en línea con la reacción de Rueda. “Todo se reduce a política”, se ha quejado el presidente gallego. “Hay tanta oposición para hacer cosas que ya no se puede hacer nada”.

La planificación, replica el Ministerio de Transición Ecológica, responde a “criterios técnicos, minimizando el coste para los consumidores y maximizando el retorno económico”. Fuentes de la Secretaría de Estado de Energía esgrimen que la planta está sumida en la “incertidumbre” por la falta de financiación garantizada y que si su ejecución se frustrara, las infraestructuras “no valdrían para nada”. “El Gobierno no puede asumir esa decisión”, afirma el ministerio. Greenfiber, también coincidiendo con otra de las críticas expresadas por Rueda, discrepa: “Se deja fuera del mapa de desarrollo económico e industrial a toda la provincia de Lugo para los próximos años, limitando oportunidades industriales y de empleo”.

Los opositores a la planta se muestran prudentes ante esta exclusión. “En función de cómo estén redactados esos argumentos la decisión puede ser recurrida legalmente”, advierte Rubido desde la ría de Arousa. “Hay que seguir con la presión social y movilizándose para parar este proyecto depredador que va a causar un gran perjuicio al Camino de Santiago, al sector agronadero, al sector del mar y al conjunto de Galicia”.