El Tribunal Europeo de Derechos Humanos admite a trámite la demanda de las víctimas del Alvia

Casi 12 años después del siniestro y con una sentencia que condena por igual al maquinista y al cargo público que validó la seguridad de la línea, las víctimas del Alvia no se rinden. Los afectados por el descarrilamiento del tren que mató a 79 personas en Santiago de Compostela en 2013 han acudido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para intentar conseguir algo que cuatro gobiernos y cinco ministros de Fomento, tanto del PP como del PSOE, les han negado desde entonces: que se repita la investigación técnica que realizó, sin garantías de independencia, el ministerio dirigido por la popular Ana Pastor justo después de la tragedia. La institución con sede en Estrasburgo acaba de admitir a trámite su demanda.

Lo ocurrido con aquella investigación del Gobierno de Mariano Rajoy sigue indignando a los supervivientes y familiares de los fallecidos en el accidente. Al contrario que el fallo judicial dictado el pasado julio, aquel informe elaborado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) exculpó a la Administración del siniestro y circunscribió la responsabilidad al maquinista, Francisco Garzón Amo. El problema es que al frente del órgano que realizó las pesquisas técnicas estaban directivos de organismos implicados en la gestión de la línea en la que se produjo la tragedia, incluido Adif. Andrés Cortabitarte, el cargo público condenado por los tribunales, fue precisamente jefe de Seguridad en la Circulación de esta última entidad, encargada de gestionar en España las infraestructuras ferroviarias.

La Asociación Plataforma Víctimas del Alvia 04155 acudió a los tribunales españoles para forzar que se repitiese esa investigación, pero en 2023 el Tribunal Supremo enterró esa posibilidad con una sentencia que establece que debe ser la CIAF quien decida rehacer las pesquisas. El colectivo tampoco logró el amparo del Tribunal Constitucional. Ahora será el tribunal europeo el que se pronuncie sobre si el Estado español ha vulnerado los derechos de las víctimas. En un comunicado, los afectados han criticado con dureza la actitud del ministro actual, Óscar Puente. Aseguran que se niega a recibirlos y recuerdan que en 2016, cuando el socialista era alcalde de Valladolid, aprobó una moción para “instar al Gobierno a constituir una comisión de investigación compuesta por expertos y técnicos independientes”. “Un acto más de hipocresía”, concluye la plataforma de víctimas.

Antonio Benítez, abogado de los afectados por el accidente del Alvia, considera “un éxito absoluto” que Estrasburgo haya aceptado la demanda. El Consejo General de la Abogacía Española cifra en menos de un 5% el porcentaje de demandas que admite a trámite este tribunal, destacan las víctimas. “Esperamos obtener una resolución favorable que ordene al Estado español a realizar una nueva investigación independiente. Dada la complejidad del asunto y la inexistencia de precedentes, que al menos yo conozca, considero que las víctimas del Alvia están haciendo historia en esta lucha judicial”, afirma Benítez.

Fue también un organismo europeo el primero que desmontó el informe de la CIAF sobre el accidente del Alvia. La Agencia Ferroviaria Europea emitió en 2016 un dictamen en el que concluía que Renfe y Adif se habían investigado a sí mismas, aferrándose al error humano del maquinista e ignorando las “causas profundas” del siniestro. Las pesquisas, añadía la entidad, incumplieron la directiva europea de seguridad ferroviaria. Desde entonces, las víctimas han emprendido una batalla judicial para que se repitan. En la demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esgrimen que esa investigación técnica del descarrilamiento del tren no respetó “los cánones de independencia, imparcialidad y objetividad” dado que parte de los miembros de la CIAF pertenecían a Renfe, Adif y la consultora pública Ineco y, por tanto, “presentaban conflicto de intereses”.

Las víctimas del Alvia critican ante Estrasburgo que los tribunales en España han evitado pronunciarse sobre esta cuestión. Consideran que se han vulnerado sus derechos fundamentales y su derecho a la tutela judicial efectiva porque todas las resoluciones judiciales desestiman sus pretensiones sin entrar en el fondo de la cuestión. “No fue analizado, en ningún momento (ni por la CIAF ni por nuestros tribunales) si la composición del equipo de investigación del accidente ferroviario de 24 de julio de 2013 cumplió con los necesarios cánones de independencia, imparcialidad y objetividad”, señalan. Las sentencias “se han ceñido a verificar si el carácter de imparcialidad rige en la nueva composición” de la CIAF, que fue cambiada precisamente tras el escándalo del accidente. Los fallos judiciales, añaden, tampoco se han pronunciado “sobre la omisión del derecho de las víctimas o familiares al trámite de audiencia durante el proceso de investigación y elaboración del informe”.