“Dinero en b”, espionaje y conducción peligrosa: la tensión electoral estalla en Ourense

La batalla de las municipales ha arrancado con fuerza en Ourense. Los intentos del barón del PP, Manuel Baltar, para evitar que el desenlace de la investigación penal en la que está inmerso le amargue el arranque de la campaña están siendo de momento infructuosos. El aspirante a repetir como presidente de la Diputación tendrá que comparecer ante la jueza de Puebla de Sanabria (Zamora) unas horas antes de la pegada de carteles para responder por un supuesto delito contra la seguridad vial. Después de intentar demorar la vista con una solicitud de aplazamiento y con la incomparecencia de su abogado, la magistrada lo ha convocado el jueves para el juicio rápido, de forma presencial o telemática. Baltar ha pedido también sin éxito la “nulidad de las actuaciones” de una causa que se le abrió por unos hechos que el propio acusado ha reconocido: conducir a 215 kilómetros por hora un coche oficial el domingo 23 de abril.

Minutos después de trascender este miércoles la nueva citación judicial al barón del PP, el alcalde de Ourense, el independiente Gonzalo Pérez Jácome, se ponía delante del micrófono principal del salón de plenos. El regidor, a quien Baltar entregó con su apoyo el bastón de mando en 2019 pese a que había quedado tercero, dedicó más de una hora a desacreditar los audios que han agitado los prolegómenos de la campaña en su ciudad. Publicados por el diario local La Región, en ellos se escucha la voz de Jácome hablando de “dinero en b”, conseguidores y supuestas operaciones de recaudación de fondos con concesionarias municipales. El líder del partido independiente Democracia Ourensana se ha negado a explicar su contenido porque, asegura, las grabaciones son “ilegales”, obtenidas con un micrófono oculto en la Alcaldía, y “están manipuladas”. Sostiene que él nunca dijo o hizo lo que allí se escucha o intuye.

Jácome afirmó el martes en un comunicado que había denunciado el supuesto espionaje en el juzgado de guardia, pero fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia informan de que en ese juzgado no consta ninguna denuncia a su nombre. La oposición sí ha llevado las grabaciones a la justicia para que se investigue al regidor. “No se puede probar nada”, replica Jácome. “Un juez no les dará validez porque no hay ningún audio original”. Según él, los autores del “espionaje” han editado, cortado y “descontextualizado” las “60.000 minutos” de grabación que calcula que tendrán, reduciéndolas a 20 minutos de audios “fake”. Y ha aprovechado la rueda de prensa para realizar una demostración en directo de lo que piensa que se hizo con su voz: se grabó a sí mismo diciendo que no roba y editó el audio quitándole el no.

Detrás de ese supuesto espionaje que comparó con el Watergate, Jácome asegura que se oculta una “mafia” de empresas “yonkis del dinero público” que se juegan “millonadas” en las elecciones. Sostiene que está siendo víctima de “la táctica del demonio: mezclar mentiras con verdades”. “Y posiblemente todo esto esté orquestado por el PP o por el PSOE, quizás más por el PP. Es una sospecha”, ha afirmado sobre unos partidos que, señaló, dejaron “200 enchufados” en la plantilla municipal. Y teniendo tales sospechas, ¿repetirá el pacto con Baltar que hace cuatro años le permitió al barón del PP seguir al frente de la Diputación? “El diablo es malísimo, pero yo pactaré con el diablo si con ello consigo el cielo para Ourense”, contestó.

Jácome cargó directamente contra el periódico que publicó los audios que según él están manipulados, La Región. Y lo vinculó con la denuncia que él puso en los tribunales y que anuló el contrato de la Diputación de Baltar por el que la institución provincial pagó 2,7 millones de euros a este diario local por la compra de su archivo (el asunto está pendiente de recurso en el Supremo). El alcalde también dio el nombre de Copasa, una constructora ourensana que está entre las firmas que más obra pública reciben en Galicia, subrayando su interés en las concesiones municipales que tendrá que renovar el gobierno local que salga de las urnas el 28-M. Insinuó que la compañía está detrás del espionaje, pero admitió que lo dice sin pruebas.

Jácome adujo, en defensa propia, que no está en el cargo “para trincar pasta” de las empresas que aspiran a esas adjudicaciones como dan a entender los audios, porque fue él quien las pospuso para después de las elecciones. “Lo que impide que La Región y Copasa se adueñen del dinero público de Ourense es Gonzalo Pérez Jácome y quieren quitarme de ahí”, insistió. Con todo, el alcalde dice no sentir “ninguna preocupación” por el coste electoral de los audios: “Después de este ataque tan injusto, la gente se va a poner de nuestro lado y vamos a arrasar en las elecciones”.

El mandato de Pérez Jácome ha sido convulso. Rompió el acuerdo de gobierno con el PP, lo abandonaron tres de sus siete concejales y ha arrastrado un rosario de problemas judiciales de los que ha salido indemne. La penúltima causa fue archivada en junio de 2022. El alcalde de Ourense estaba investigado por malversación de fondos públicos, por desviar casi 100.000 euros de su grupo político al canal de televisión del que es propietario, Auria TV. Después fue absuelto de maltrato leve por haber empujado a una sindicalista. Las grabaciones que han irrumpido en la batalla electoral están ya en manos de la justicia. PSOE y BNG las han llevado ante la Fiscalía, un paso ante el ministerio público que el PP también anunció.

Los candidatos de PP, PSOE y Democracia Ourensana en estas elecciones han sido ya alcaldes de Ourense y también tienen en común que los tres han sido imputados por corrupción pero luego exculpados. El aspirante del PP, Manuel Cabezas, que ostentó el bastón de mando entre 1995 y 2007, fue juzgado por prevaricación por perdonar cesiones de suelo a promotores inmobiliarios. Y el del PSdeG-PSOE, Francisco Rodríguez, que ocupó el puesto desde 2007, dimitió en 2012 tras ser detenido dentro de la Operación Pokémon. Aquel macrosumario judicial, que les costó el puesto y la carrera política a varios regidores y concejales de PP, PSOE y BNG que finalmente fueron liberados de cargos, se basó en buena medida en pinchazos policiales. Aquellas grabaciones apuntaban a la comisión de supuestos delitos que, sin embargo, no pudieron ser probados.