Puestos de trabajo cancerígenos: España controlará el radón en la oficina con cinco años de retraso

Las cifras oficiales alertan de que unas 1.500 personas mueren cada año en territorio español por un cáncer de pulmón provocado por una alta exposición al radón, un gas invisible e inodoro que se cuela desde el subsuelo en los espacios cerrados, tanto en las casas como en los lugares de trabajo, y que España no parece tener prisa en combatir. Hace ya casi cinco años que la normativa europea obliga a vigilar y mitigar esta radiación, natural pero cancerígena, a la que es sometida parte de la ciudadanía durante su jornada laboral, sobre todo quienes trabajan en sótanos y plantas bajas de la mitad occidental del país. Desde entonces, ni el Gobierno de Mariano Rajoy ni el de Pedro Sánchez han sido capaces de aprobar el reglamento necesario para que ese mandato comunitario se haga realidad.

Los científicos que llevan años esperando a que España cumpla por fin la directiva europea -una norma que recibió luz verde en 2013 pero que los Estados miembros deben aplicar desde febrero de 2018- creen que el final de su lucha está cerca. El real decreto que modificará el reglamento de protección sanitaria contra radiaciones ionizantes tiene visos de salir adelante en los próximos meses, pendiente solo del trámite ante el Consejo de Estado, según reveló Marta García-Talavera, jefa del área de Radiación Natural del Consejo de Seguridad Nuclear, en el Simposio Nacional de Radón Laboral celebrado esta semana en Santiago de Compostela.

Fuentes cercanas a la tramitación explican que la norma, que está previsto que incluya sanciones, impulsará mediciones en empresas y administraciones cuyas sedes estén ubicadas en sótanos y plantas bajas de las zonas de España que el Consejo de Seguridad Nuclear considera más expuestas a este problema de salud pública. Y obligará a tomar medidas para rebajar la presencia de radón en aquellos lugares donde, como media anual, se superen los 300 becquerelios por metro cúbico, la unidad de medida utilizada con este gas y que equivale a la desintegración atómica que se produce en un segundo.

Este tope, marcado por Bruselas, no es nada excepcional en la mitad occidental de España. El mapa del radón elaborado en 2017 por el Consejo de Seguridad Nuclear basándose en 12.000 mediciones señala las zonas que potencialmente superan este umbral y en las que es prioritario actuar. Suponen el 17% del territorio español y las comunidades más afectadas son Galicia, con un 47% de su superficie en esta situación; Extremadura (47%); Madrid (36%); Castilla y León (19%); y Canarias (19%). El organismo estatal de seguridad nuclear, que asesorará a la Inspección de Trabajo para combatir esta radiación en empresas y administraciones públicas, publicará una lista de municipios en los que se tendrán que realizar las mediciones.

El problema lo describió con contundencia el físico Francisco Castejón, del Consejo de Seguridad Nuclear, en el simposio del pasado martes en el que también participaron investigadores universitarios y representantes del Ministerio de Trabajo y de la Xunta. En España, aseguró Castejón, hay trabajadores que reciben “dosis radiactivas altísimas, que por menos se ha evacuado a gente en Fukushima”. El camino para lograr que el radón “deje de ser una amenaza” en el puesto de trabajo ha estado plagado de “obstáculos”, según este experto, por los conflictos de competencias y las dificultades para coordinar a las 17 comunidades autónomas. A su juicio, a partir de ahora será necesaria una “labor de concienciación” similar a la que se realizó con la legislación que puso coto al tabaco en espacios públicos.

Alberto Ruano, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Santiago e investigador del Laboratorio de Radón de Galicia, presentó los resultados preliminares de su último estudio sobre la presencia del radón en espacios laborales. Se analizaron más de 3.000 puestos de trabajo de diferentes sectores en España, todos ellos empresas y administraciones públicas que solicitaron la medición voluntariamente. Un 20% superó el umbral de 300 becquerelios marcado por la UE, mientras que la mitad estaban expuestos a más de 100 becquerelios, el tope máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las mayores concentraciones de este gas cancerígeno se localizaron en espacios laborales de entidades culturales, medios de comunicación, centros educativos, servicios públicos e infraestructuras turísticas.

Ruano explica que los resultados no se pueden extrapolar al conjunto de España porque la muestra está compuesta por entidades que pidieron ser analizadas, lo que apunta a que albergaban alguna sospecha sobre los altos niveles de radiación. Galicia, añade, está además sobrerrepresentada. Esos datos sí les servirán a los investigadores de la Universidad de Santiago para obtener información sobre el tipo de edificación en la que el radón campa más a sus anchas. Ya tienen claro que entre estos recintos abundarán edificios antiguos mal aislados del suelo o construidos en granito.

Otro estudio dirigido por Ruano en 2019, en colaboración con CC OO, incluyó 248 mediciones en puestos de trabajo de varias comunidades autónomas. En este caso, fue el sindicato el que les ofreció la participación a las empresas y, según explica el catedrático gallego, se encontraron con muchas reticencias a acoger las mediciones. Finalmente, la investigación detectó que el 27% de los espacios analizados superaron el máximo marcado por la UE. En Galicia este porcentaje fue del 46% y en la Comunidad de Madrid, del 10%. “El conocimiento de la distribución del gas radón en los puestos de trabajo españoles es aún escasa”, señala Ruano.

Epicentro en Galicia

La comunidad gallega es la que tiene más territorio afectado por altos niveles de radón, pero también es la más estudiada. En Galicia se recogieron casi la mitad de los registros con los que el Consejo de Seguridad Nacional dibuja la presencia de este gas cancerígeno en todo el Estado y cuenta con un centro puntero en el estudio de los efectos en la salud de esta radiación, el Laboratorio de Radón de la Universidad de Santiago, que acumula 30 años de investigaciones.

La Xunta admite que Galicia afronta “un problema grande” con el radón. Adela Quinzá-Torroja, gerente del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Galicia, considera que es necesario “orientar a las empresas” para que sepan “cómo proceder para valorar este riesgo” y pide que las mediciones que lleguen tras la regulación que ultima el Gobierno central se realicen “con rigor técnico” y a través de “laboratorios acreditados”.

El Ministerio de Sanidad admite en el informe Acción contra el Radón de 2021 que “existe abundante evidencia científica que demuestra la asociación entre exposición a radón en ambientes interiores y cáncer de pulmón” y que es “significativo” el número de edificios que presenta concentraciones elevadas de este gas. Esta radiación es la primera causa de cáncer de pulmón en personas no fumadoras y la segunda después del tabaco en quienes sí lo son. Con respecto a sus efectos en otras enfermedades, según este documento editado por Sanidad, son pocos los estudios que apuntan a una relación pero “sigue siendo necesario profundizar en este campo”. “En España existen estudios que sugieren una relación causal entre la exposición al radón residencial y el cáncer de esófago y el cáncer cerebral, entre otros”, advierte el informe.