La Fiscalía investiga las polémicas obras en el entorno del monasterio de San Pedro de Rocas

La familia propietaria de los terrenos donde se ubica el cenobio denuncia también a la ingeniera jefa de la Diputación de Ourense por un presunto incumplimiento de la Ley de Patrimonio

Monasterio de San Pedro de Rocas.
Monasterio de San Pedro de Rocas.Óscar corral

La Fiscalía investiga las intervenciones de la Diputación de Ourense y de la Xunta de Galicia en el entorno del monasterio benedictino de San Pedro de Rocas, sobre el que pesan nueve figuras de protección. A partir de las denuncias presentadas ante el Seprona por los dueños de los terrenos en los que asienta el monumento, relativas tanto a las labores de desbroce autorizadas por la Consellería de Cultura en la zona del cenobio como a las obras de ampliación de la carretera de acceso iniciadas por el organismo provincial, los expertos Jorge López Quiroga y Natalia Figueras Pimentel han aportado ya al ministerio público numerosa documentación sobre los daños. A la investigación de la Fiscalía se suma una denuncia contra la jefa de Infraestructuras de la Diputación por “intencionalidad” en el presunto incumplimiento de la Ley de Patrimonio.

López Quiroga y Figueras Pimentel fueron contratados en su día, en calidad de especialistas científicos y académicos del monasterio, por la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta para incorporar su investigación sobre San Pedro de Rocas y los orígenes del monacato en la Ribeira Sacra -descubrieron elementos inéditos relevantes y únicos en la Península Ibérica- al expediente de candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. En cuanto Icomos-España, organismo dedicado a la conservación y protección del patrimonio cultural, tuvo acceso a sus investigaciones, incorporó también a estos especialistas para que formaran parte de la entidad.

Los dictámenes de los dos técnicos, aportados ahora a la Fiscalía, indican “graves daños” originados por Xunta y Diputación en esta zona de alta protección. No obstante, ambas instituciones niegan cualquier deterioro aferrándose a un informe elaborado por Icomos-España a partir del cual López Quiroga y Figueras Pimentel decidieron causar baja en ese organismo. En su documento, Icomos sostiene que el desbroce y limpieza de la roca próxima al monasterio no causó desperfectos y que el proyecto de ampliación de la carretera es viable y no provoca daños patrimoniales. Incluso propone la tala de un mayor número de árboles que el centenar de ejemplares catalogados inicialmente previsto.

Los expertos aseguran que ese informe se basó en una “inspección ocular” realizada por una técnico de ese organismo “tras reunirse con representantes de Xunta y Diputación y sin presentar documentación previa del estado inicial del monasterio ni del estado final inmediato a las actuaciones de desbroce y limpieza”. Y expresan su sorpresa porque en él “se omite cada uno de los numerosos daños documentados y localizados en el dictamen que nosotros les remitimos”.

Los expertos ostienen además que esa inspección ocular de los daños en la roca se realizó seis meses después de la denuncia que ellos presentaron, cuando la vegetación y la lluvia cubrían y oscurecían parte de la roca y después de que Icomos “evitase denunciar dichos hechos a la Guardia Civil o la Policía Nacional, para resolverlo de forma interna directamente con la Xunta”. Aseguran que su trabajo se ha circunscrito “a labores científicas y al estricto y escrupuloso cumplimiento y respeto de la Ley”. La Ley de Patrimonio, añaden, “exige que cualquier profesional del Patrimonio Cultural esté obligado a denunciar y a poner en conocimiento de la Administración competente cualquier tipo de daño, agresión o expolio, ya consumado o en grado de tentativa, ya que su omisión implicaría la ocultación de un delito”.

Otra denuncia ante el Seprona

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La familia dueña del terreno afectado ha presentando además una denuncia en el Seprona contra la ingeniera jefa de la Diputación de Ourense por autorizar una obra que supuso el acceso de la institución provincial a una finca de su propiedad. Tras acusar a esta Administración de un supuesto delito de expolio en grado de tentativa, invasión de terreno privado y daños patrimoniales, el portavoz de los dueños del terreno afectado, Juan Carlos Moreiras, acusa ahora a la ingeniera jefa de “intencionalidad” en el incumplimiento de la Ley del Patrimonio Cultural de Galicia, toda vez que en su calidad de directora de Infraestructuras de la Diputación “tenía que conocer la normativa que afectaba a la protección de los bienes culturales, históricos y arqueológicos directamente afectados” en el proyecto que ella presenta. Presunto delito al que añade, el de “encubrimiento de las protecciones de la normativa de Patrimonio, lo que provocará la pérdida irremediable” de los bienes mencionados si se ejecuta la obra.

Moreiras incorpora documentación relativa al contorno de protección del BIC de San Pedro de Rocas, la planimetría que recoge el Plan General de Urbanismo del Ayuntamiento de Esgos y la ficha de la Casa da Coutada y del crucero anexo en la que figuran como bienes catalogados en la Xunta. Se citan además los nueve niveles de protección de la zona en la que el proyecto de la Diputación centra su intervención.

Los propietarios sostienen que la ampliación de la carretera a San Pedro de Rocas “pone en riesgo de desaparición elementos y estructuras patrimoniales visibles, especialmente protegidas y otras de especial protección arqueológica”, según consta en el informe de las fichas patrimoniales registrado en la Xunta e identificado por López Quiroga y Figueras. Ambos advierten de que las obras incumplen “diversos artículos de la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia”, pese a que la propia Consellería de Cultura las ha avalado.

De otra parte, la técnico de la Diputación ha sido citada a declarar, junto a cargos de la Xunta, por la titular del juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Ourense en relación al proyecto de tala de los 135 árboles protegidos.



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