Juicio a una funcionaria de Lugo 15 años después de falsificar supuestamente una licencia urbanística

Una funcionaria del Ayuntamiento de Barreiros (Lugo) será juzgada este lunes por el tribunal de la sección segunda de la Audiencia de Lugo, acusada de haber falsificado la solicitud de una licencia urbanística para beneficiar a un particular, “una conocida” de la imputada, según el fiscal.

La vista se celebra 15 años después de la apertura del caso por el juzgado número uno de Mondoñedo, mientras la acusación de la Fiscalía de Lugo no se formalizó hasta diciembre de 2018. En un principio fueron investigadas otras dos personas más por lo mismos hechos, pero el fiscal retiró la acusación contra ellas por falta de indicios suficientes de su participación en la supuesta falsificación de la solicitud de licencia.

La acusada se enfrenta a una petición de tres años de cárcel y otros tantos de inhabilitación especial para desempeño de cargo público por supuestamente haber modificado la solicitud del permiso de licencia administrativa para beneficiar a una conocida, según el fiscal. Además, solicita para la funcionaria el pago de una multa de 2.500 euros, a razón de una cuota de 10 euros diarios durante 9 meses.

Los hechos que serán juzgados se remontan a junio de 2006, cuando la acusada desempeñaba funciones de auxiliar administrativa en el Ayuntamiento de Barreiros. Entre otros cometidos, la funcionaria se encargaba de gestionar las solicitudes de licencias que entraban en el consistorio, tanto las presentadas por particulares, como por empresas privadas e instituciones públicas. Así, el papeleo de los asuntos urbanísticos pasaban por ella y otras compañeras del departamento municipal que tenían que ir anotando las solicitudes en el libro de registro del Ayuntamiento.

Con fecha 22 de junio, una vecina de la localidad y conocida de la funcionaria imputada, presentó una solicitud de obra de la que quedó constancia en el correspondiente libro de registro, relata el fiscal en su escrito de acusación. “En un momento no determinado, pero, en todo caso, con posterioridad a la fecha del registro, y para beneficiar a la solicitante, realizó de su puño y letra añadidos a la correspondiente anotación inicial”, apunta el representante del Ministerio Público.

El Ministerio Fiscal sostiene que la procesada alteró los datos del registro municipal, “atentando con ello a la seguridad jurídica en la actuación de la Administración pública”. Todo ello con el ánimo de beneficiar a una persona, por lo que considera que la funcionaria cometió un delito de falsedad en documento público.