Primer choque entre Xunta y Gobierno por Meirás: el Ejecutivo central no pidió permiso para las obras

El trasiego de maquinaria pesada está en marcha para abrir el Pazo de Meirás lo antes posible y el Consejo de Ministros ha autorizado una partida de 398.000 euros para obras urgentes. Pero el Ejecutivo central no ha pedido autorización a la Xunta de Galicia, responsable de velar por los bienes de interés cultural de la comunidad. La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno gallego ha sacado a la luz esta situación con un comunicado de prensa en el que “recuerda” al Ministerio de Hacienda, actual responsable de la gestión del palacete devuelto por la familia Franco, que tiene la obligación de presentar a la Xunta “un proyecto técnico completo”. En esta memoria debe “describir en detalle las intervenciones previstas en las torres de Meirás dada su consideración como bien de interés cultural (BIC)”. “Se trata de un paso previo legal indispensable para que dichas obras se puedan realizar”, recalca este departamento de la Consejería de Cultura.

Según la Xunta, el Ayuntamiento de Sada, localidad coruñesa en la que se sitúa el pazo, ha enviado un escrito a la Administración autonómica “que contiene a su vez información remitida por el Ministerio de Hacienda” al Consistorio. “En ella se incluyen una serie de intervenciones cuya documentación, una vez analizada, resulta incompleta”, critica el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo. En concreto, “se precisa un proyecto de intervención, firmado por un técnico competente, en el que se definan en detalle las diferentes obras, algo que a día de hoy no ha sido remitido”, insiste. La Xunta quiere conocer el “estado actual de los elementos en los que se pretende intervenir” con una rehabilitación urgente, pero el Gobierno del Estado “ni siquiera incorpora fotografías”, reprocha, en los papeles obtenidos a través del Ayuntamiento.

Además, el Gobierno “no acredita ni justifica la situación de emergencia” que ha declarado para aprobar esta primera partida de casi 400.000 euros destinados a obras en Meirás. Este mecanismo, afea de nuevo la Xunta al tiempo que apela a una “lealtad institucional recíproca”, “está reservado para casos muy excepcionales”.

Desde que (tras 82 años de uso exclusivo) los nietos del dictador entregaron las llaves de Meirás, el pasado 10 de diciembre, la gestión está en manos de la Dirección General de Patrimonio del Estado, que depende del Ministerio de Hacienda. Después de la muerte de Franco, el Estado dejó de asumir esas obras de embellecimiento, mejora y reparación que hasta entonces llevaba a cabo como si el pazo fuera un apéndice del Palacio del Pardo. En 1978, un incendio destrozó la mitad del inmueble, y la familia del dictador no acometió las obras de rehabilitación hasta 20 años después. Tras la entrega de llaves, Patrimonio del Estado envió un equipo de técnicos para hacer un diagnóstico de la salud de la mansión proyectada a finales del XIX por la escritora Emilia Pardo Bazán, y enseguida saltaron las alarmas.

El mes de diciembre, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, dijo en una visita a Meirás que el estado del edificio era “preocupante”, que estaba “en muy malas condiciones”, sobre todo por dentro, y que la intervención era urgente si se quería musealizar y abrir al público sin riesgos. Los daños también son patentes en los jardines. El día de la entrega de las llaves, cuando la Guardia Civil abrió las puertas a multitud de medios de comunicación después del acto judicial sin público, la balaustrada de piedra que adorna la gran escalinata que lleva a la fachada principal se tambaleó y dio la primera señal de peligro.