Tribunales con cargos del PP dieron plazas en la Diputación de Ourense a candidatos de Baltar justo antes del 28-M

Cuatro candidatos del PP a las municipales recibieron una feliz noticia justo un mes antes del 28-M: habían logrado una plaza en propiedad en la Diputación de Ourense. El Boletín Oficial de la Provincia publicó el 27 de abril la adjudicación de 15 puestos y cuatro de ellos fueron a parar a políticos populares que ya ocupaban cargos locales y que además iban en las listas electorales. El alcalde de Castrelo de Miño, Avelino Pazos Pérez, ha conseguido una plaza de técnico auxiliar agrícola; la regidora de Riós, Eva María Barrio López, se ha hecho con otra de ingeniera técnica forestal; la número dos de la lista de Punxín, Diana Sulleiro Lema, será técnica superior en desarrollo local y recursos europeos; la coordinadora de Empleo del PP de Ourense, miembro del comité de garantías del PP provincial y suplente en la candidatura de los comicios en esta ciudad, Sara Isabel Hermida Álvarez, ha conseguido otro puesto del mismo ramo pero como “técnica especialista”.

Los cuatro cargos del PP se han hecho con esos empleos públicos sometiéndose al dictamen de tribunales designados a dedo por el presidente de la Diputación y del partido en Ourense, Manuel Baltar, según recogen las bases de la convocatoria. Baltar ha elegido para la misión de calificar a sus compañeros de partido a varios miembros de la gran familia del PP en la provincia. Al alcalde de Castrelo de Miño, que compitió con otros 19 aspirantes, lo juzgó la número nueve de la candidatura del PP de Cualedro, Raquel Rivero Cuquejo, que es además hermana del regidor popular en este municipio. En el tribunal que prefirió darle el puesto a la alcaldesa de Riós frente a otro candidato se sentaron dos hijos de sendos históricos exalcaldes del PP en la provincia de Ourense: Manuel Pérez Nieto (vástago del exalcalde de San Amaro Ernesto Pérez) y Manuel Ángel Rodríguez Rodríguez (hijo de Manuel Ángel Rodríguez, que entre 1979 y 2023 blandió el bastón de mando de Esgos, pueblo de origen de los Baltar, y que fue sustituido por un tío del actual presidente de la Diputación).

Manuel Pérez Nieto, que fue nombrado adjunto al jefe de Recursos Humanos de la Diputación cuando su padre era alcalde de San Amaro, preside los cuatro tribunales que otorgaron plazas en propiedad a los cuatro candidatos populares. En los equipos examinadores de Sulleiro y Hermida se sentó el vicesecretario del PP local de Ourense, Francisco Javier Rodríguez-Nóvoa González. Rodríguez-Nóvoa evaluó, pues, a su propia compañera en la dirección del PP, Sara Isabel Hermida, que acabó siendo elegida frente a otros 16 aspirantes. Sulleiro, por su parte, competía con otras 19 personas. Hermida y Rodríguez-Nóvoa formaron parte de la candidatura por Ourense al Congreso en las generales de 2019.

El árbol genealógico que une a la plantilla de la Diputación de Ourense y al PP es frondoso. Otra de las componentes de los tribunales que evaluaron a las populares Sulleiro y Hermida es Montserrat Rodríguez González, esposa del presidente del partido en O Carballiño, Argimiro Marnotes, que también fue alcalde en esta localidad. El proceso por el que ella misma entró a trabajar en la Diputación de Ourense ya fue criticado en su día por el PSOE. Los socialistas aseguraron en 2008 que a Rodríguez la examinaron “hijos de alcaldes del PP”. Lo mismo le ocurrió a otro de los examinadores de Sulleiro y Hermida: Esteban Fernández Álvarez. Es hijo del empresario y ex edil del PP en Ourense Ovidio Fernández Ojea y aprobó su plaza con polémica en 2010 junto a la parlamentaria Ana Belén Vázquez, que ocupa un escaño en el Congreso de los Diputados desde hace 23 años.

Entre los 13 titulares de los cuatro tribunales que otorgaron las plazas a los candidatos del PP, además de los dos que ocupan cargos en el partido y los cuatro que son familiares directos de dirigentes o exdirigentes de la formación, hay personas de confianza del clan Baltar desde hace años. Es el caso de Javier Bobe Vázquez. Es jefe de Medio Ambiente en la Diputación de Ourense y fue un hombre muy cercano a José Luis Baltar, padre del actual presidente provincial y que lo antecedió en el puesto durante 22 años. Bobe fue uno de los testigos en el juicio en el que Baltar padre fue condenado por enchufar en la institución a un centenar de personas, causa judicial que acabó con su carrera política. Bobe declaró entonces que era una “práctica habitual” que el político del PP le “consultase” sobre los currículos de las personas que optaban a puestos en la entidad: “El presidente tenía los currículos en la mesa y me pedía opinión”.

La Diputación de Ourense defiende que la composición de estos cuatro tribunales es “estrictamente técnica” porque sus miembros deben poseer “una titulación académica que acredite conocimientos en las materias” relacionadas con las plazas y disfrutan de “plena autonomía”. La entidad esgrime que no se han producido impugnaciones, ni a la elección de los examinadores ni a la adjudicación de las plazas. En el caso de los dos alcaldes, que repetirán en el cargo con mayoría absoluta, el equipo de Baltar subraya que ambos eran trabajadores de la Diputación de Ourense antes de llegar a regidores por el PP. Según ha comprobado este periódico, Pazos entró como peón de carreteras en 2011, cuando ya formaba parte de la ejecutiva provincial del partido, y Barrio es funcionaria desde 2007, años después de estrenarse como concejal popular en Riós.

Poco antes del 28-M, también ha entrado a trabajar en la Diputación de Ourense con una plaza en propiedad de personal laboral fijo el marido de una estrecha colaboradora de Baltar: la gerente del Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico, Emma González Diéguez, nombrada por él en febrero de 2021. Su esposo ha obtenido un puesto de capataz de zonas verdes y lo ha hecho a través de un concurso, es decir, de una valoración de méritos. Ha sido uno de los agraciados con uno de los tres puestos de operario sin cualificación ni requisito de titulación a los que optaban 85 personas. El tribunal, según las bases, fue elegido por sorteo, pero el azar se alineó con el criterio de Baltar: coincide en 5 de sus 6 miembros con el equipo examinador que otorgó la plaza al alcalde de Castrelo de Miño.

El clan Baltar preside la Diputación de Ourense desde 1990 y, en 2011, se calculaba que 400 ediles del PP trabajaban o tenían familiares trabajando en ella, lo que suponía casi la mitad de la plantilla. En su centro cultural Simeón llegó a haber en nómina 33 porteros para atender dos puertas. El organismo provincial aduce que actualmente de sus 741 trabajadores (excluyendo al personal eventual) seis son alcaldes, “lo que supone un 0,8 % de la plantilla”.

Tras el 28-M, el poder político que Baltar padre traspasó a su hijo Manuel en un granero de votos fundamental para el PP gallego está en peligro. Los populares ourensanos no lograron la mayoría absoluta en la Diputación y mantener la Presidencia depende de Gonzalo Pérez Jácome, el alcalde de la capital provincial con el que se alió Baltar en 2019 pero con el que acabó rompiendo en medio de la legislatura.