La campaña se aleja de la gente

No ha habido forma. La quinta jornada de campaña tampoco ha logrado liberarse de ETA. Para alivio de casi todos, arrancó con una noticia que dio alas al optimismo. Hasta el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, celebró que los siete candidatos de Bildu con condenas por delitos de sangre anunciaran que renunciarán a los escaños si los obtienen. Todo apuntaba a que la carrera electoral se salvaba del vacío. Pero la baronesa de los populares en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, enterró la esperanza en solo unos minutos. En un tuit expresó su total desconfianza en el anuncio y advirtió de que para ella nada había cambiado. Después de su sentencia, el líder nacional de su partido no tardó en dejar también de creer. Nada ha podido ya separarlo de la senda marcada por la candidata regional. Bildu ha seguido centrando los mensajes de estos comicios locales —y en 12 comunidades también autonómicos— en Castilla-La Mancha, Castilla y León o Andalucía.

La campaña se ha vuelto a hundir en el plebiscito Sánchez-Feijóo, o más bien, Sánchez-Ayuso, o mejor incluso, Feijóo-Ayuso. El secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, ha expresado su preocupación por el protagonismo indestructible de unos “debates que alejan la política de la realidad de los problemas de la gente”. Cree que es “lo que al PP finalmente le interesa”. Aunque no todos los analistas políticos lo tienen claro. Los hay que avisan a Feijóo de que esta estrategia de agitar sin descanso el cadáver de ETA 12 años después del cese de la violencia solo funciona para quien quiera vencer en la Comunidad de Madrid, es decir, para Ayuso. En el resto del territorio, le da votos sobre todo a Vox.

El socialista José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno cuando el fin del terrorismo de ETA, tenía un acto para apoyar a la candidata a alcaldesa de Terrassa (Barcelona), Eva Candela. Solo ha podido hablar de Bildu. Pero lo ha hecho para reivindicar la paz y la convivencia que España inauguró en 2011 después de dos siglos “de violencia política ininterrumpida”. Apeló a la “conciencia colectiva”, al “deber ético con las víctimas”. Y a la transmisión de ese legado a la juventud, para que lo defiendan y no se desenganchen de la democracia. “Tenemos que tener esta mirada para que los más jóvenes aprendan bien la lección de lo que significa la democracia y la no violencia”, explicó. Y se mostró esperanzado en que después del anuncio de Bildu “nunca más se utilice el terrorismo y el pasado de ETA para la confrontación política”. Apenas dos horas después de estas palabras de Zapatero, Feijóo acusó a Pedro Sánchez de “ser más generoso con los verdugos que con las víctimas” y Alfonso Fernández Mañueco afirmó que cualquier pacto político con Bildu menoscaba la “dignidad” de “los castellanos y leoneses”.

Mientras Zapatero visitaba Cataluña, Mariano Rajoy se ha paseado por Aragón con Jorge Azcón, que aspira a arrebatarle la presidencia al socialista Javier Lambán. El expresidente del Gobierno por el PP se ha mantenido al margen del tema preferido por los populares y no ha entrado en profundidades. Declaró que su partido en territorio aragonés “ha funcionado muy bien, las cosas se han hecho razonablemente”. “Creo que no hacía falta que estuviera yo aquí, porque van a ganar, pero, por si acaso, lo hago muy a gusto”, concluyó Rajoy.

En Alcorcón, el lugarteniente de Ayuso, Alfonso Serrano, se ha frotado las manos. Junto a Feijóo y ya con el río muy revuelto, el número dos de la candidatura y secretario general del PP en la Comunidad de Madrid se ha jactado de que solo su partido “entiende a Madrid y a los madrileños”. A las formaciones de izquierda de la región las sitúa “en las cuevas de Altamira”, no se sabe si cómo referencia temporal o geográfica, por proponer mecanismos públicos de control de los alquileres desbocados y “trabajar menos para cobrar más”. El nombre de Serrano saltó hace poco a la palestra fuera de las fronteras madrileñas porque trascendió que, pese a ganar 80.000 euros al año como diputado autonómico, estaba recibiendo una ayuda pública para pagar la calefacción y el agua caliente que está destinada a personas con bajos ingresos.

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