Las ciudades blindan las mesas electorales del 14-F con más suplentes

Las grandes ciudades catalanas tienen previsto afrontar las bajas de las mesas electorales para el 14-F con más personas en la reserva, que ya entraron en el sorteo inicial del censo. Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Terrassa y Badalona son algunas de las poblaciones que han optado por ese sistema para garantizar la constitución de los colegios electorales. Hasta este jueves, más de 20.000 personas habían presentado excusas para eludir la cita. En el caso de Barcelona, el porcentaje se eleva casi al 50%. Las juntas electorales, mientras, afrontan la carga de trabajo y tratan de dar respuesta a las solicitudes.

Algunas de las grandes ciudades ya han empezado a notificar a reservistas que tienen que comparecer en los colegios el 14-F porque las excusas admitidas impedirían la normal constitución de las mesas: presidente, dos vocales y seis sustitutos. Es el caso de Terrassa, con algo más de 200 mesas electorales y donde, hasta ayer, se habían presentado 1.100 alegaciones. “Desde hace varias convocatorias ya incluíamos, en el sorteo inicial, a más personas de las que la ley marca; y este año se ha aumentado a 15 por mesa por las posibles eventualidades”, explican desde el consistorio.

Idéntico sistema ha utilizado L’Hospitalet, que amplía el sorteo a cinco personas por plaza. Algo parecido ocurre en Badalona, donde el consistorio ya sabe que la junta electoral ha admitido, de momento, 285 peticiones de excusas. En Santa Coloma de Gramenet, se convocaron a 1.206 personas para 134 mesas electorales. De momento, se han admitido 422 alegaciones y ya se está notificando a los sustitutos. En Barcelona, el sorteo inicial va mucho más allá de la cifra que se requiere para constituir las mesas: “A medida que la junta informe de cuántas excusas admite, se irá notificando a los siguientes en la lista”. Sobre la mesa de la junta de zona de Barcelona descansan 8.000 peticiones de excusas que se deberán resolver, como máximo, antes de 72 horas de la jornada electoral.

Pese al elevado número de personas que trata de esquivar la obligación legal, ni los consistorios ni el Departamento de Acció Exterior, responsable de la logística electoral, creen que exista un riesgo real para la celebración de las elecciones. Lo que se echa en falta, por parte de la Generalitat, es que la Junta Electoral Central no diera criterios comunes a seguir por las juntas de zona. “Lo planteamos, pero contestaron que cada junta tiene sus criterios y su visión del territorio”, explican fuentes del departamento.

Las juntas electorales de zona se encargan de examinar y validar las excusas. El ambiente general estos días es de estrés. La carga de trabajo es elevada y obliga a sus miembros a pisar el acelerador. A su favor cuentan con el hecho de que este viernes finaliza, para la inmensa mayoría de seleccionados, el plazo de alegaciones.

Una vocal no judicial de Arenys de Mar (Barcelona) cuenta que algunas jornadas terminan más allá de medianoche. En las alegaciones por motivos de salud, pesa que se acompañe de un certificado médico. En el caso del cuidado de familiares vulnerables, el criterio es que conviva con esa persona y dependa de ella.

Preocupa el ritmo de resolución de los casos, pero se confía en llegar a la jornada con las mínimas incidencias. No prevén problemas generalizados, pero sí puntuales, para formar mesas. Y recuerdan que tendrían que fallar 7 de los 9 convocados —tres titulares y seis sustitutos— para que la constitución esté en peligro. En tales casos, la ley prevé que se pueda reclutar a los electores presentes en el colegio en ese momento, pero es una opción que, en la práctica, no se utiliza.

Las juntas están comunicando el número de alegaciones aceptadas a los ayuntamientos, que así pueden plantear alternativas para tratar de blindar los comicios. La normativa electoral, que ofrece poco margen de maniobra ante una situación excepcional como una pandemia, no prevé un segundo sorteo. Pero eso no significa, apuntan fuentes judiciales, que no pueda hacerse si se cumplen las garantías. Tampoco prevé la ley el reclutamiento de voluntarios, aunque es una opción que, en última instancia, no se descarta.

El panorama es similar en Barcelona y el resto de provincias. En Reus, el juez decano Diego Álvarez de Juan cuenta “casi 800 excusas” y avisa de que quien se crea ya a salvo de estar en una mesa está muy equivocado: “Es posible que a alguien se lo notifiquen el viernes antes de las elecciones”. Opina que el elevado volumen de pretextos obliga a los ayuntamientos a buscar nuevos candidatos: “Cada excusa supone un nuevo sorteo”, dice. Álvarez de Juan ve respaldo legal a la opción de escoger a ciudadanos presentes en los colegios, pero no ve tan claras las bolsas de voluntarios.

“El volumen de alegaciones está siendo muy alto”, certifica Alfonso Serrano, secretario de la junta electoral provincial de Lleida. “Nunca se había dado una situación como esta, pero confiamos en que, de una manera u otra, se constituyan las mesas”, apunta. Serrano apunta que la mayoría de impugnaciones se admiten. “Todas las juntas electorales de zona estamos siendo menos restrictivas”, admite el decano de Reus. “Si a quien alega una excusa justificada le dices que no, al final esa persona está ahí enfadada y se genera un desafecto al propio sistema democrático”.

En la junta local de Girona se habían recibido hasta ayer 668 excusas, frente a las 340 de las elecciones generales de 2019. Tratan de resolverlas “a toda velocidad”. En la de la Bisbal d’Empordà admiten que no dan “abasto” y tienen la sensación de que habrá alguna que otra mesa que no podrá constituirse. En Figueres, “la sensación es que nadie quiere ir a una mesa”, explica una colaboradora, que no obstante piensa que hay margen de maniobra. “El tema de las mesas está controlado”.

Los municipios pequeños, sin plan alternativo para votar

Si en las ciudades grandes se opta por llamar a los siguientes en la lista del sorteo para asegurar que haya nueve personas en cada una de las mesas, la situación es diferente en poblaciones pequeñas y más cuando se trata de pueblos de 200 habitantes o menos. “Una de las ventajas que tenemos es que nos conocemos todos y buscamos las soluciones, pero este año es más complicado”, apunta Mario Urrea, presidente de la Asociación de Micropueblos de Cataluña. Urrea bromea incluso sobre que en localidades pequeñas la gente sabe quién tiene el covid y quién no. El problema surge cuando no tienen suficiente capacidad para asegurar que el 14-F estén a primera hora los tres titulares de una mesa más los seis suplentes. “Lo hemos planteado porque nadie nos ha dicho, en ese caso, cuál es el plan B, si fallan todos o casi todos. De eso nos quejamos”, añade. Como tampoco saben cuántas excusas han aceptado las Juntas Electorales y no tienen una idea clara de cuántas personas necesitan más para cubrir esas bajas.

Urrea confiaba en tener alguna respuesta tras reunirse, en la tarde de este jueves, con el delegado del Govern en Lleida y con Ismael Peña-López, responsable técnico de la organización de las elecciones y director general de Participación Ciudadana. En localidades pequeñas de Lleida, algunos ayuntamientos se intentan coordinar para buscar soluciones de forma conjunta. En otras convocatorias electorales no ha sido infrecuente que un trabajador municipal cubriera la plaza de algún miembro de la mesa que no se presentara el día de la votación. Esta posibilidad se podría en las elecciones del próximo 14 de febrero.

En Berga, por ejemplo, la junta electoral ha pedido al Ayuntamiento de la localidad que facilite la sustitución entre colegios de distintos municipios para cubrir las plazas que hagan falta. De manera que si saben que en una mesa determinada se pueden producir varias vacantes, se puedan cubrir con los suplentes de las que no tengan problemas para formarse porque, en principio, se cuenta con todos.

En todo caso, todo depende de la comunicación entre las juntas electorales de zona y los ayuntamientos, que es a quienes corresponde dotar de miembros a los colegios previo sorteo o con otro criterio. Un intercambio de información que está resultando variable y algunos ayuntamientos no tienen conocimiento todavía de cuántas excusas están siendo admitidas por las juntas.

Con información de Marc Rovira y Marta Rodríguez.