Radiografía electoral | Un final de legislatura accidentado en la plácida Cantabria

“Es el mayor ridículo de la historia”, sentencia una mujer mientras cruza las vías del tren en Cabezón de la Sal (Cantabria, 8.300 habitantes). “Un desastre”, coincide un vecino, también rumbo al trabajo. “¡Es un chiste!”, espeta otra mujer que espera la llegada del cercanías. Se refieren todos al fiasco de los 31 nuevos trenes que Renfe encargó hace tres años para circular por la red de Cantabria y Asturias, y que no han podido fabricarse porque, en la fase de diseño, se detectó que no iban a caber por los túneles. La consecuencia inmediata del escándalo, que se saldó en febrero con la dimisión del presidente de Renfe y de la secretaria de Estado de Transportes, es que tendrán que seguir circulando por estas vías los trenes viejos, al menos hasta 2026. Como compensación, serán gratuitos hasta entonces. Una situación que hastía a veteranos como Florencio Pérez, de 91 años, sentado un lunes en el banco de siempre con los amigos. “Dependemos del Gobierno central para cualquier cosuca”, sostiene, como resumen personal de la legislatura en Cantabria.

La coalición de Gobierno formada por el Partido Regional de Cantabria (PRC) y el PSOE se examina el 28-M, sacudida por la crisis de los trenes de Renfe y por otro escándalo que sí le toca de lleno: el presunto fraude en las adjudicaciones de contratos de carreteras que suman 42 millones de euros, un caso que ha provocado el cese del consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa. La oposición agita ambas causas, las dos muy recientes, para intentar jubilar a Miguel Ángel Revilla (PRC), presidente entre 2003 y 2011 y desde 2015 hasta ahora. Revilla, de 80 años, se deja querer por el PP tras un mandato de gobierno con el PSOE que ha tenido dos fases bien distintas: primero, durante la pandemia, una sólida unidad de todos los grupos en el Parlamento regional; después, en plena crisis económica por la guerra de Ucrania, la bronca política de una larga precampaña.

El presidente traza un “balance positivo dentro de la coyuntura” y recita obras en marcha, con inversiones estatales que “transformarán la región”, como el AVE a Cantabria —que lleva años de retraso— o el Museo de la Prehistoria. Para Revilla, es clave el papel negociador que desempeñan en Madrid el diputado y el senador del PRC: “Son más importantes, incluso que ganar la presidencia, es definitivo”, sostiene. Revilla censura la “chapuza” ferroviaria de los trenes de cercanías; pero al caso de las adjudicaciones irregulares de contratos de carreteras le quita hierro: “Cualquiera en una Administración puede sufrir a un corrupto y tres empresarios conchabados, nadie lo imaginaba. El consejero es honrado y capaz, no está implicado, pero dimitió porque era el jefe”, zanja.

El vicepresidente del Gobierno y líder socialista en la región, Pablo Zuloaga, ensalza un mandato con leyes como la de ciencia que buscan, dice, “mejorar el modelo productivo sin abandonar el desarrollo industrial, para no expulsar el talento joven”. Cantabria (585.000 habitantes) acabó 2019 con un 11,18% de paro, tasa que llegó al 12% durante la pandemia y descendió en 2022 al 10,34%, por debajo de la media española (que ahora está en el 13,2%), según el INE. Zuloaga también destaca las normativas por los derechos LGTBI o de memoria democrática aprobadas por la coalición.

Una visión muy optimista de la que discrepa la candidata del PP, María José Sáenz de Buruaga, que recuerda la “colaboración y lealtad” que prestó su grupo durante la pandemia y ataca al Ejecutivo regional porque lo fía todo, sostiene, a los fondos provenientes de la Administración central y a los impuestos. Sáenz de Buruaga apuesta por bajar el IRPF y promete, si gana, culminar infraestructuras ralentizadas y reforzar las industrias: “La sensación es de declive, estancamiento, pérdida de oportunidades”, opina. Revilla se abre a negociar con todas las fuerzas, salvo Vox, aunque acusa al PP de “crispado y faltón”.

Las pugnas entre candidatos apenas resuenan en la pequeña aldea de Valdáliga, donde los vecinos están bastante más pendientes del importe de los fertilizantes y la leche. Ivon Entrecanales, de 54 años, habla de sus 220 vacas. Suben la luz y el abono, y los precios lácteos oscilan: tras una buena racha por la escasa oferta, vuelven a caer. “La inflación es una burrada, cierran granjas y no hay relevo generacional. Si no queremos que desaparezca, hay que apoyar la ganadería”, receta el ganadero, harto de burocracia y promesas. “Aquí no hay tanta tensión como en Barcelona o Madrid”, agradece, pero ruega agilidad administrativa para engrasar el sector primario: “Me dan más miedo los funcionarios que los políticos”.

La secretaria general de CC OO en la comunidad, Rosa Mantecón, valora los acuerdos del diálogo social esta legislatura, con apoyo a empresas y plantillas, pero anhela una ley de vivienda y más medidas contra la despoblación. El nuevo mandato debería, en su opinión, afianzar las empresas en Cantabria, fomentar “empleo de calidad y riqueza” y atraer nuevas industrias. Mariano Carmona, de UGT, suscribe esta línea y celebra el diálogo social entre sindicatos y empresas “buscando soluciones en años difíciles”. Enrique Conde, jefe de la patronal cántabra, pide “valentía” y “agilidad” para reducir trámites ineficaces. La comunidad, cree Conde, necesita “facilitar la inversión y cambiar el modelo productivo hacia sectores tecnológicos y digitales”, además de cuidar la industria decadente de la siderurgia.

Torrelavega (51.000 habitantes) antaño desbordaba industria. El segundo municipio cántabro tras Santander tenía en 1992 más de 60.000 residentes, el doble que en 1960 gracias a factorías donde ahora humea el descontento. Manuel Samos, trabajador en una de ellas, recuerda cuando la llamaban “la ciudad del dólar”; ahora es “ciudad cementerio”. Los esqueletos de inmensas plantas —la papelera Sniace cerró en 2020, y la siderurgia flojea también— se oxidan como las verjas de negocios que cuelgan el cartel de “se traspasa”. “Necesitamos nuevas inversiones con apoyo de las administraciones”, dice Samos. El sector siderúrgico vivió esta primavera 20 días de huelgas y piquetes. El conflicto acabó tras la firma de un convenio salarial.

El paisaje cambia a solo 30 kilómetros, en la apacible playa del Sardinero, con su elegante casino, en Santander (171.000 habitantes). Las hermanas sevillanas Ana y Teresa García, de 59 y 60 años, llevan 30 en el norte. Sus cuatro hijos, de alta formación, se marcharon: “Esto es para gente mayor y bebés”, concluyen. Ellas elogian, no obstante, la limpieza y la atención sanitaria, aunque la lista de espera quirúrgica media en Cantabria es de 154 días (una de las más abultadas de España) y para ver a un especialista hay que esperar 91 días, según los datos del Sistema Nacional de Salud a 31 de diciembre de 2022. En la Universidad de Cantabria, donde muchos estudiantes se estrenarán electoralmente en mayo, están Cristina López, Rebeca Arana y Lara García, de entre 18 y 19 años. “No me gustaría irme a Madrid. Como mucho un año, para probar”, dice López, antes de hablarle a Santander: “Sin el mar y sin la playa yo no podría”.