La trama de fraude en los contratos de carreteras de Cantabria desvió “varios millones de euros” a cuentas particulares

La presunta trama de cobro de mordidas en la adjudicación de contratos públicos de mantenimiento y conservación de carreteras en Cantabria desvió a cuentas particulares “varios millones de euros”, según han desvelado la Agencia Tributaria y la Policía Nacional este viernes, cuando ha ingresado en prisión el jefe de Servicio de Carreteras Autonómicas del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Díez, dos días después de que los agentes hallaran en su domicilio 530.000 euros en metálico y una máquina de contar dinero.

La investigación, iniciada a principios de 2022, salió a la luz este pasado miércoles al efectuarse registros, además de en el domicilio de Díez, en la sede de la Consejería de Obras Públicas. La titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de Santander, encargada de la investigación por la que fueron detenidas ocho personas, ha ordenado el ingreso en prisión comunicada y sin fianza del jefe de Servicio y ha dejado en libertad con cargos a su esposa y a cuatro miembros de las empresas presuntamente implicadas. A todos ellos se les imputan los delitos de cohecho, fraude en la contratación y blanqueo de capitales.

En los primeros meses de 2022, funcionarios de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Cantabria tuvieron conocimiento de la posible participación de un alto funcionario del Gobierno autonómico en la manipulación de adjudicaciones de contratos de obra pública en la región. Mediante la emisión de informes técnicos y su participación en las mesas de contratación, esta persona logró presuntamente que una serie de empresas resultaran adjudicatarias de los contratos. Los investigadores de la Agencia Tributaria detectaron indicios de un incremento no justificado de “varios millones de euros” en el patrimonio del núcleo familiar más cercano del funcionario entre 2013 y 2022.

Según la investigación, Miguel Ángel Díez intervenía en la preparación de ofertas de licitadores concretos y, además, estimaba arbitrariamente los criterios subjetivos de valoración de las ofertas, lo que implicaba la expulsión de otros potenciales licitadores. Para ello modificaba precios, negociaba los términos de las licitaciones con empresas concertadas y hacía uso de información privilegiada.

El principal investigado de la trama supuestamente diseñó, con la participación de su esposa e hijas, una estrategia para introducir en el circuito legal del dinero las importantes cantidades que recibía en forma de comisiones ilegales. Además, se ha podido constatar que el citado entorno familiar disfrutaba de diversas dádivas y de un vehículo cuyo contrato de alquiler era abonado por una de las empresas que luego resultaba adjudicataria de contratos de obra pública, en cuyos informes técnicos participaba directamente el investigado.

Registros y bloqueos de cuentas

La investigación derivó en las detenciones, este miércoles, de todos los investigados, al tiempo que se practicaban entradas y registros en el domicilio del principal investigado, el despacho donde desempeña su trabajo en la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria, los domicilios sociales de las empresas adjudicatarias de los contratos cuya connivencia ha sido puesta de manifiesto a lo largo de la investigación y los registros en los domicilios particulares de los administradores de estas sociedades, todos ellos en Cantabria.

Durante el registro que se practicó en el domicilio del funcionario investigado se detectaron 530.000 euros en una caja de seguridad oculta en una pared y una máquina para contar dinero. Los agentes también se han incautado de abundante documentación, tanto en soporte papel como informático, que permitirá a la Policía y la Agencia Tributaria seguir avanzando en la investigación. Además, se han bloqueado cuentas bancarias y activos financieros por importe de varios millones de euros, y otros activos que tienen a su disposición los investigados. La operación sigue abierta y no se descartan nuevas actuaciones.