Ocho detenidos por presuntas irregularidades en contratos del servicio de carreteras en Cantabria

La Policía Nacional ha detenido este miércoles a ocho personas —seis en Cantabria y dos en Madrid— durante una operación conjunta desarrollada por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria (AEAT). Las actuaciones investigan la presunta adjudicación irregular de contratos de mantenimiento y conservación de carreteras en la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio del Gobierno de Cantabria. El Juzgado de Instrucción Número 5 de Santander ha decretado el secreto de sumario sobre una intervención cuyo origen se sitúa en la investigación iniciada hace un año por la Delegación de la Agencia Tributaria en Cantabria.

Los arrestados son el jefe del Servicio de Carreteras, Miguel Ángel Díez, su esposa, sus dos hijos —detenidos en Madrid y puestos ya en libertad—, y cuatro personas relacionadas con las empresas investigadas. En el domicilio de Díez la policía se ha incautado de casi 500.000 euros. Los Policía calcula que el alto funcionario llevaba más de 10 años adjudicando irregularmente contratos.

Los detenidos prestarán declaración ante la titular del juzgado en las próximas horas por su supuesta implicación en delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales y cohecho. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha declarado en Telemadrid que está “preocupadísimo” y que espera que caiga todo el peso de la ley sobre “aquellos funcionarios que hayan podido tener una conducta delictiva”. El vicepresidente autonómico, Pablo Zuloaga (PSOE), ha expresado el compromiso de “colaboración, transparencia” y se ha mostrado seguro de que “llegado el caso se asumirán responsabilidades. Desde el Partido Popular han pedido ya la comparecencia de Revilla en el Parlamento de Cantabria para que ofrezca explicaciones por un asunto que “huele mal”, en palabras de la secretaria autonómica de la formación, María José González Revuelta.

El registro a la Consejería de Obras Públicas ha empezado muy temprano, a las 7.30 horas de este jueves, cuando varios agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y de la Agencia Tributaria han entrado en la sede y han precintado al menos tres despachos del Servicio de Carreteras para buscar documentación que permita aportar pruebas concluyentes sobre las presuntas irregularidades que se han cometido en la contratación de trabajos mantenimiento y conservación de carreteras autonómicas. Antes, de madrugada los agentes registraron el domicilio de Díez, donde se encontraba el funcionario, y localizaron una elevada suma de dinero en metálico, de casi 500.000 euros. Posteriormente, la comisión judicial lo trasladó a su despacho de la Consejería para efectuar un minucioso registro en el que han llegado a intervenir guías caninos, ante la sospecha de que pudiera tener dinero escondido también allí.

A Miguel Ángel Díez se le considera como la cabeza visible de una supuesta trama organizada para el cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de contratos a las empresas que también están siendo investigadas. El empleado público es jefe de Servicio de Carreteras Autonómicas en comisión de servicios desde hace algo más de un año, según han confirmado fuentes del Ejecutivo autonómico, lo que supone que la Agencia Tributaria inició la investigación poco después de que asumiera la jefatura.

Las mismas fuentes han mostrado su sorpresa por la presunta implicación de Díez, un profesional “de dilatada experiencia” y considerado como “uno de los más competentes” del departamento.

El registro ha terminado a primera hora de la tarde y, tras el mismo, el juzgado ha requerido al Gobierno de Cantabria que acredite la condición de funcionario del jefe de Servicio. De forma paralela, los agentes han efectuado también registros en empresas que, desde hace años, son adjudicatarias habituales de las tareas de mantenimiento y conservación de la red autonómica de carreteras, entre ellas Rucecan, La Encina y Api Movilidad.

La intervención de la UDEF y de la Agencia Tributaria ha generado una auténtica “conmoción” en la propia Consejería de Obras Públicas del Gobierno regional. Su titular, José Luis Gochicoa (PRC), ha comparecido a mediodía, mientras la comisión judicial registraba el Servicio de Carreteras, y ha avanzado que en el caso de que se detecten “irregularidades” propondrá que su departamento se persone como perjudicado. “Todo el peso de la ley tiene que caer sobre esa persona”, ha dicho el consejero sobre un trabajador público que “funcionaba de manera correcta”.