Remite el peso de los escándalos de corrupción política en el voto andaluz

¿Hasta qué punto condicionan aún el voto los escándalos de corrupción que protagonizó el PSOE andaluz durante sus 36 años de gestión ininterrumpida? ¿Se han librado los socialistas de esa pesada losa cuatro años después, o aún les resta papeletas?

Los expertos sociólogos y politólogos reducen su influencia, pero constatan que la sombra de la corrupción todavía atenaza a parte de los votantes socialistas, que ven cómo el principal caso de corrupción, los ERE fraudulentos, no está resuelto y aún coleará durante muchos años. Para muchos votantes tradicionales del PSOE, la sombra de la sospecha permanece sobre dos expresidentes andaluces que lo fueron todo en la región: Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ambos condenados por la Audiencia de Sevilla y pendientes de la sentencia del Tribunal Supremo.

Con Ciudadanos en caída libre, el panorama preelectoral favorece al PP, que ha pasado estos tres años y medio en el poder sin protagonizar grandes escándalos de corrupción política. Solo el avance de la investigación judicial por el caso que desveló una caja B en el PP de Almería, con pagos a una constructora a cambio de comisiones ilegales para el partido, puede pasarles factura. Sin embargo, su eco mediático ha sido limitado y no parece que haya calado entre la ciudadanía unas prácticas corruptas que minen la popularidad del partido en una provincia que ha sido un bastión tradicional del PP.

Si en octubre de 2018 —justo antes de las últimas elecciones— la corrupción era el segundo problema para los andaluces (un 40,8% la citó en la encuesta preelectoral del CIS, una cifra elevadísima para los expertos); ahora, el sondeo de principios de junio para estos comicios sitúa la corrupción en el octavo puesto, con solo un 7,4% de la población que lo cita entre los tres principales problemas.

“No es que haya más o menos corrupción, pero sí denota la percepción. La gente tiene una nebulosa de casos abiertos en Andalucía con un efecto limitado en el voto. La lentitud de los procesos, algunos eternos, hace que la gente desconozca los culpables, pierda perspectiva y su efecto se minimiza”, apunta Gloria Martínez, socióloga y doctora en Ciencias Políticas de la Administración por la Universidad de Sevilla.

Una de las razones que tumbó en 2018 al Gobierno de Susana Díaz fue la corrupción, sumada al desgaste y otros motivos de gestión. Hoy esa corrupción acapara menos titulares porque la lentitud de la justicia, su garantismo y un lenguaje alambicado no enganchan la atención del ciudadano: los ERE fraudulentos, convertido en un dinosaurio con 35 piezas aún sin fecha de juicio y otras 100 en instrucción, tendrá su sentencia más relevante que atañe a la pieza política después de las elecciones por decisión de la justicia, que tradicionalmente intenta no interferir en los procesos electorales.

La otra macrocausa de corrupción activa en los juzgados sevillanos es Invercaria —que analiza las inversiones de una empresa de capital riesgo de la Junta— y tiene una treintena de piezas, solo seis de ellas juzgadas y la mayoría en instrucción. Su impacto es relativo porque las condenas —ninguna ratificada aún por el Tribunal Supremo— son menores, no hay cargos políticos relevantes y los hechos están vinculados a la ingeniería financiera y no poseen una explicación sencilla para la ciudadanía. El caso Faffe mandó al banquillo al exdirectivo de la Junta Fernando Villén por gastar presuntamente 32.000 euros en prostíbulos, pero su notoriedad pública es menor como cargo socialista para que su procesamiento logre restar papeletas al PSOE el próximo 19 de junio.

Jean-Baptiste Harguindéguy, profesor titular de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, subraya otra ventaja del PP sobre el PSOE en estas próximas elecciones autonómicas: “El electorado de izquierdas perdona menos que el de derechas, es una diferencia bastante relevante. Los votantes más mayores son más benévolos con los políticos corruptos, y esto se solapa con un candidato socialista que parece de paso y aún se tiene que consolidar”.

El nexo entre los políticos y el comportamiento electoral ha sido analizado en muchas publicaciones de carácter científico, y ante la pregunta de por qué los electores siguen votando a representantes corruptos, las respuestas varían en función de ciertos condicionantes. Entre ellos, la oferta electoral existente, la competencia de los políticos —uno corrupto puede conservar su escaño debido a su solvencia— y cómo de estrecho es el vínculo ideológico entre votante y representante, lo cual dificulta una papeleta alternativa.

“Hoy por hoy la corrupción es un problema en un cierto segundo plano entre las preocupaciones de la ciudadanía. Los estructurales son la inflación, la economía y el desempleo, al margen de otras como la gestión sanitaria. La sentencia de los ERE queda en el inconsciente colectivo, pero ya la considero amortizada, aunque es difícil que el PSOE se deshaga de todo eso en poco tiempo”, considera Francisco Camas, director de investigación de opinión pública en la firma Ipsos.

En su artículo El precio electoral de la corrupción: ¿por qué los votantes la castigan tan poco?, el profesor de la Universitat Autònoma de Barcelona Jordi Muñoz reflexiona: “El votante que se encuentra en la tesitura de tener que decidir si castiga o no a un representante implicado en un escándalo de corrupción, acostumbra a mirar a su alrededor y necesita encontrar una alternativa que satisfaga, al menos, dos condiciones: que no se encuentre demasiado alejada en el espectro ideológico y que sea percibida como limpia o, al menos, menos corrupta que el que se quiere castigar. A menudo fallan ambos requisitos, o al menos uno de los dos”.