La Audiencia rechaza de nuevo implicar en la dana al Gobierno de Sánchez

Nuevo movimiento para implicar en la dana –la catástrofe natural que dejó 229 muertos el año pasado en Valencia- al Gobierno de Pedro Sánchez y nueva decisión judicial para desactivarlo. La Audiencia de Valencia ha desestimado un recurso de una acusación particular que pedía incorporar a la investigación los informes del día de la tragedia sobre la tromba que elaboró el Departamento de Seguridad Nacional, un órgano que asesora a La Moncloa en materia de seguridad.

Con el respaldo del fiscal, el tribunal da la razón a la jueza de Catarroja (Valencia) que indaga la causa, Nuria Ruiz Tobarra, que el pasado mayo rechazó esta pesquisa al entender que la competencia en la gestión de la mortífera tromba fue autonómica y no del Ejecutivo central.

Los recurrentes consideraban que el día de la tragedia se vieron afectadas por la dana infraestructuras críticas, como la presa de Forata, cuyo desbordamiento pudo causar 20.000 muertos, según informes de la Generalitat.

La Audiencia de Valencia estima que no hay constancia de que el Departamento de Seguridad Nacional avisara al Ejecutivo de Sánchez de la posibilidad de inundaciones 12 horas antes de la catástrofe, como publicó un medio digital. “Estamos, por tanto, ante una diligencia prospectiva”, indica el tribunal. Y destaca que la misión de este órgano es advertir sobre ataques terroristas o incidencias y no catástrofes naturales como la riada del pasado año.

Por otra parte, la Audiencia de Valencia ha tumbado las maniobras del que fuera director general de Emergencias de la Generalitat durante la dana de 2024, Emilio Argüeso, para ampliar el número de investigados en la causa. Desde marzo, las pesquisas de la magistrada mantienen como únicos imputados a Argüeso y a quien fuera su jefa durante la riada, la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas.

Argüeso había solicitado que desfilaran como investigados ante la instructora el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo; el que fuera jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset; la jefa de servicios de coordinación del 112, Inmaculada Piles; y una técnica de comunicación y emergencias. Todos ellos declararán como testigos (Polo ya compareció el 19 de septiembre).

La sección segunda de la Audiencia de Valencia ha desestimado el recurso de Argüeso contra un auto de la jueza de Catarroja, que denegaba a este exalto cargo las citadas imputaciones. El tribunal asegura que el exdirector de Emergencias “no ostenta legitimación al objeto de interesar la declaración como investigado de otra persona”. E ironiza: “si se defiende por la representación de Argüeso que no hay delito alguno, carece de lógica citar como investigado a nadie”.

Los fallecidos dependientes, bajo el foco de la jueza

En otra decisión de calado, la jueza reclama las grabaciones de las llamadas de los dependientes controlados por la Diputación de Valencia que perdieron la vida durante la tragedia. La magistrada Nuria Ruiz Tobarra ha solicitado a la empresa de teleasistencia que presta este servicio al organismo provincial las conversaciones telefónicas entrantes y salientes del día de la desgracia de cuatro personas que perdieron la vida y cuyos familiares han autorizado al juzgado que se reclame esta información. La inundación dejó 37 muertos –el 16% del total- entre los usuarios conectados al servicio de teleasistencia, tal y como desveló este diario.

El movimiento de la instructora llega después de que la acusación popular que ejerce en la causa la asociación Acció Cultural del País Valencià (ACPV) pidiera el mes pasado a la jueza que indagara a estos dependientes. Y forma parte de una batería de pesquisas más ambiciosa, entre las que figuran reclamar a la Vicepresidencia del Consell, que dirige la número dos de Mazón, Susana Camarero, documentos clave para aclarar estos decesos. La instructora requirió la lista de los fallecidos, el expediente de licitación con la empresa que gestiona la teleasistencia, los protocolos de actuación en una catástrofe natural y las órdenes que se dieron desde Vicepresidencia a la adjudicataria para planificar la tromba de 2024.