El presidente de la Confederación Hidrográfica revela que pidió el envío de un mensaje dos horas antes de la alerta de la Generalitat

Descoordinación, falta de previsión, ausencia de mando... El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, recuerda el comité que coordinó la respuesta a una de las mayores desgracias naturales de España -la dana que dejó 229 muertos en octubre- como una cadena de errores. Un encuentro marcado por la tensión y el desconcierto. Así lo ha explicado este viernes el dirigente durante su declaración ante la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la inundación, Nuria Ruiz Tobarra, según confirman a EL PAÍS fuentes presentes en su comparecencia, que duró ocho horas. Su reconstrucción desciende al detalle tras diez meses de silencio.

Durante su relato como testigo, una condición que le obliga a decir la verdad y a responder a todas las partes, el responsable de este organismo que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, ha destacado que solicitó a las 18.00 horas del 29 de octubre que se enviara un aviso para pedir a los ciudadanos que subieran a las primeras plantas de los edificios. En ese momento, el president Carlos Mazón tenía por delante 45 minutos de sobremesa en el céntrico restaurante de Valencia El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana. Y restaban dos horas para que la Generalitat remitiera la alerta a móviles, que llegó a las 20.11 horas, cuando se amontonaban los muertos y desaparecidos.

El testigo urgió la activación de la alerta por el riesgo de Forata (presa en el cauce del río Magro, afluente del Júcar), que pudo causar 20.000 muertos tras su desbordamiento, según informes de la Generalitat. Después,matizó que nunca afirmó que Forata fuese a colapsar, sino que había riesgo de vertido por coronación.

Según ha explicado, durante la reunión del Cecopi, el órgano autonómico que coordinó la catástrofe, la entonces consejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, preguntó por qué se declaró la emergencia. “La consejera [Pradas] preguntaba por qué se declaraba la emergencia. Que qué era eso. No dábamos crédito”, ha indicado sobre esta exdirigente imputada en la causa junto a quien fuera su número dos, Emilio Argüeso. Ambos están investigados por los presuntos delitos de lesiones y homicidios imprudentes, que están castigados con hasta cuatro y tres años de prisión, respectivamente.

Mazón, protagonista

Tras desembarcar en el Cecopi, a las 20.28 horas, después del envío de la alerta y cuando se acumulaban los muertos, el president Mazón tomó el mando en la reunión, según Polo. “Por la noche, [el barón popular] repartía la palabra en el Cecopi”, ha indicado. La Generalitat, desde que arreció la bronca política, siempre atribuyó la dirección de la gestión de la crisis a la exconsejera Pradas, que fue destituida por el jefe del Consell cuatro semanas después de la catástrofe antes de ser imputada por la jueza.

El protagonismo de Mazón en el Cecopi llegó a su punto álgido a partir de las 23.00 horas. Es entonces cuando el jefe del Consell “toma las riendas” y modera el turno de palabra de los gestores de la desgracia, según el testigo.

Las vacilaciones de la exconsejera

Las vacilaciones se apoderaron de Pradas en el pico de la crisis. “Se me quedó grabado cómo el subdirector de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, insistió varias veces a la consejera que la ley le amparaba para tomar cualquier tipo de medida. Ella tenía dudas sobre si podía tomar o no medidas”, ha afirmado. Polo informó a la exdirigente de la posibilidad de confinar a la población. “Recibí una llamada del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que me preguntó: ¿Qué está pasando? Le transmito que el problema es que ahí [en el Cecopi] nadie toma decisiones. Nadie hace nada”, ha añadido.

En el transcurso del encuentro, Pradas le leyó un texto de la alerta a la población y le preguntó si le parecía bien. Polo respondió “con el micro cerrado” a la entonces consejera, que no, pero que enviasen algo.

En las tensas horas del Cecopi se registraron tres apagones, desconexiones controladas por la Generalitat para los participantes que se conectaron por videoconferencia como Polo o la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, según el testigo.

A su juicio, uno de estas interrupciones fue para ocultar la ausencia de Pradas. “Mi hipótesis es que nos conectamos la primera vez y la consejera no está. Y que la desconexión es para que llegue”, ha dicho.

“Sobre las 19.00 horas, nos volvemos a conectar al Cecopi. No sé lo que dicen, pero nos damos cuenta de que no se ha enviado el mensaje todavía”, ha indicado en alusión al Es Alert que se remitió a las 20.28 horas. “Y, entonces, uno de ellos, da un grito, ¿Pero no habéis mandado todavía el mensaje?”, ha añadido sobre este encuentro cargado de tensión.

El responsable de la CHJ mostró su desconcierto de que la Generalitat no reaccionara desde primera hora de la mañana del día de la dana tras la declaración de la alerta roja, la máxima en la escala, que la Agencia Española de Meterología (Aemet) emitió a la 7.36 horas. Y ha admitido que se enteró del desbordamiento del barranco del Poyo, detonante de la inundación, a las 18.45 horas, a través del personal de su organismo. Ha reconodido, además, que no reportó en el Cecopi de este peligro porque, por entonces, ya no había margen de maniobra. “No era relevante esa información. No había capacidad de reacción a partir de esos datos”, ha dicho, para reiterar que sólo advirtió del riesgo de Forata.

Las horas del Cecopi no fueron sencillas. Y él tuvo dificultades para seguir el encuentro por videoconferencia mientras se amontonaban los fallecidos y desaparecidos. “Lo único que observaba era la esquina de una mesa. Solo veía a Jorge Suárez, subdirector de Emergencias, y a otra persona que no conozco”, ha dicho, según fuentes presentes en su declaración.

Preguntado por el fiscal sobre por qué la CHJ no informó al departamento de Emergencia de la Generalitat sobre el caudal del barranco del Poyo entre las 16.15 y las 18.43 horas del día de la dana -uno de los principales reproches del PP y la Generalitat- Polo ha justificado: “el umbral de 150 litros cabe perfectamente en el cauce del Poyo. El propio plan establece un sistema de seguimiento. No le compete a la CHJ. Esa información no es relevante. Durante el tiempo que me dice, se manda un aviso de una hora en Chiva (17.245 habitantes), Ribarroja (24.230). Se envía de modo automático”.

Y, sobre la validez de la información del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), el mecanismo que controla los caudales desde la CHJ, el dirigente ha defendido que estos datos son “complementarios a otros”. “La planificación se hace antes. El Saih te sirve para comprobar si se están cumpliendo las previsiones meteorológicas”, ha expresado.

El día de la tromba, un representante de la Generalitat se puso en contacto con la CHJ, según el testigo. “Por la mañana, alguien de Emergencias contactó con el coordinador del Saih. Ellos no hacen valoraciones, sino que ofrecen datos”, ha precisado. Después, ha añadido que la primera petición oficial del Gobierno de Mazón fue la convocatoria del Cecopi, que arrancó a las 17.00, cuando ya había comenzado a desbordarse el barranco del Poyo a la altura de poblaciones como Chiva o Cheste, tal y como revelaron decenas de llamadas al 112.

El responsable de la CHJ ha defendido el funcionamiento de los sistemas de medición del organismo. “El sistema es muy robusto y no falló hasta que empezaron a arrastrar los sensores por la riada”, ha dicho.

El día de la gota fría, Polo recibió llamadas de alcaldes alertados por el cariz del temporal. “Se puso en contacto conmigo la alcaldesa de Carlet (Valencia, 16.428 habitantes). Y le digo, teniendo en cuenta los caudales, que no tiene, en principio, de qué preocuparse porque desbordará por la izquierda. Entrará algo de agua por el polideportivo, pero no tiene por qué preocuparse”, ha recordado ante la magistrada.

El testimonio de Polo se revelaba esencial. Tras guardar silencio desde la catástrofe natural que el pasado 29 de octubre dejó 229 muertos y un reguero de destrucción en Valencia, el responsable de la CHJ ha centrado los duros envites de la Generalitat, del PP y de los dos exaltos cargos del Ejecutivo de Carlos Mazón imputados: Pradas y Argüeso.

Todos le reprochaban no haber avisado con antelación a la administración autonómica de la magnitud de la tragedia y haber descuidado actuaciones en enclaves como el barranco del Poyo, detonante de la inundación. Una tesis que ha desmontado con vehemencia la instructora. La magistrada rechazó la petición de la defensa de Argüeso de citar a Polo como investigado. Y, en numerosas resoluciones, ha señalado a la Generalitat como la administración competente en gestionar la desgracia.