La Cámara de Comercio alerta de un déficit de 133.000 viviendas en 2030 en la provincia de Valencia

Un informe de Cámara de Comercio de Valencia señala que, si no se adoptan medidas urgentes, la provincia de Valencia tendrá hasta el año 2030 un déficit de 133.340 viviendas para atender la demanda del mercado inmobiliario, algo que se podría paliar en parte con un desarrollo urbano del área metropolitana acompañado de servicios de transporte. En la ciudad de Valencia, según el arquitecto Alejandro Escribano, redactor del PGOU, apenas queda espacio para entre 8.000 y 10.000 nuevas viviendas, por lo que los nuevos desarrollos podrían crecer en torno a los ejes metropolitanos de la CV-35 o la Autovía de Torrent.

El documento, titulado La vivienda en la provincia de Valencia y realizado en junio de este año, se ha presentado este martes y su presidente, José Vicente Morata, ha destacado que la vivienda es actualmente “el principal problema social” en Valencia, España y gran parte de Europa. Ha pasado de ser la séptima preocupación de los españoles en junio de 2023, a la primera en junio de 2025.

Tras detallar los factores que limitan la oferta de vivienda, como el incremento del coste de los materiales, de la mano de obra y del precio del suelo, el endurecimiento de la normativa técnica y la lentitud burocrática, y los que limitan el acceso a la vivienda, como el precio y el aumento de la población, del turismo y de la esperanza de vida, el informe plantea propuestas.

Según el informe cameral, el encarecimiento del suelo urbano bruto en la provincia es un factor esencial, pues su coste representa hasta el 40% del precio final. Desde 2020, la revalorización del suelo en Valencia ha sido del 39% frente al 16% de media en el conjunto de España. Solo en 2024, el suelo urbano era un 31% más caro que la media nacional, con 221 euros el metro cuadrado, lo que explicaría por qué “es hoy una de las zonas más tensionadas de España”.

La construcción de viviendas sufrió una caída drástica tras la crisis económica y financiera de 2008 y el estallido de la burbuja inmobiliaria tuvo un impacto especialmente severo en la provincia. Solo entre 2007 y 2013, la construcción de casas cayó un 98% y entre 2012 y 2015 el ritmo de edificación se ha mantenido por debajo del millar de viviendas anuales. En los últimos cinco años, añade el informe cameral, solo se han construido 23.911 pisos, “el equivalente de lo que se construía solo en el año 2000″.

Además, la evolución de la vivienda protegida ha ido en descenso: de las 58.320 que se edificaron en la provincia en la década de los noventa, se ha pasado a la construcción de 2.216 en la última década (2014-2024). “Este descenso”, subraya la entidad, “se debe, en parte a la recalificación de vivienda protegida en libre tras un periodo de espera sin vender las residencias”.

El informe asegura que el stock de vivienda nueva no permite reponer el acumulado y destaca que, en junio, solo había 20.466 viviendas disponibles. En cuanto a los precios, en la década de 2014 a 2024 el precio medio se ha encarecido un 65%.

El aumento de la población en la provincia ha influido en el aumento de la demanda. Se calcula que en la próxima década el número de residentes se incrementará un 13% hasta superar ligeramente los tres millones de habitantes y, según la Cámara, el aumento se producirá especialmente por la llegada de población extranjera, a un ritmo del 15% anual.

“Las previsiones apuntan a que en 2037 el 17% de los residentes de la provincia será de nacionalidad extranjera”, enfatizan. De hecho, desde 2013, el número de extranjeros se ha incrementado un 57% en la provincia, hasta alcanzar los 399.722, siendo una mayoría italianos, franceses o rumanos. Le siguen los de Paises Bajos, alemanes o chinos, entre otros.

El documento advierte además de que el auge del turismo y la reconversión de viviendas en pisos turísticos “puede reducir la oferta de uso residencial e incrementar el coste de los alquileres” pero añade que no tienen un peso destacado sobre el total de viviendas en la provincia, un 1,1% del total.

Otro elemento que influye en la demanda de pisos es el aumento de hogares en la provincia, un 70% unifamiliares, de forma que aproximadamente tres de cada 10 hogares están formados por una sola persona.

Todos estos datos conducen a un cálculo de la demanda inmobiliaria, que podría incrementarse, según la Cámara, hasta las 228.165 viviendas en 2030; y con el ritmo de construcción actual solo se podría atender un 30% de esta demanda, por lo que el déficit entre la oferta y la demanda rondaría las 133.000 nuevas residencias.

La Cámara de Comercio aboga por incrementar el suelo urbanizable, por un marco normativo que no frene la edificación de viviendas, por reducir los tributos y gravámenes a la vivienda- por ejemplo, eliminar el IVA con la primera de la primera vivienda-, y por un desarrollo residencial en el área metropolitana de Valencia, dado que en la capital apenas se puede crecer más, acompañado de servicios públicos que faciliten la movilidad.

Como soluciones, el informe de la Cámara propone un modelo metropolitano coordinado, denominado Gran Valencia, que promueva un desarrollo urbanístico cohesionado con infraestructuras de transporte público eficientes, hubs intermodales y servicios de proximidad, facilitando así el acceso a la vivienda en municipios periféricos.

La huerta o la Albufera

El urbanista Alejandro Escribano, que forma parte de la comisión cameral, ha asegurado que el crecimiento de la ciudad de Valencia es “prácticamente imposible o muy limitado”, teniendo en cuenta espacios como la huerta protegida o l’Albufera, y ha afirmado que la expansión “debe venir de desarrollos metropolitanos” que han de concentrarse “donde es posible ocupar nuevos suelos” hacia la CV-35 y Torrent, principalmente.

Este experto ha abogado por densidades de población “del orden de 120 a 140 viviendas por hectáreas que con ocupaciones de suelo de alrededor de 200 hectáreas podrían permitir la construcción de unas 20.000 o 25.000 viviendas en el área metropolitana sin ningún problema” y ha descartado “hacer desarrollos con densidades de 15 viviendas por hectáreas”. “Eso es insostenible, es un error monumental”, ha apostillado Escribano.

“La situación actual exige decisiones valientes, coordinación entre administraciones y un nuevo pacto público-privado para hacer frente a un reto que no solo afecta a las familias, sino también al desarrollo económico sostenible de nuestra provincia”, ha subrayado José Vicente Morata.