Un juzgado avala la decisión del Ayuntamiento de València de no dar licencias de obra y rehabilitación al antiguo Hotel Sidi Saler

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de València ha desestimado el recurso presentado por las empresas propietarias del edificio del Sidi Saler —Divarian y Coral Homes— contra las resoluciones del Ayuntamiento de València adoptadas cuando gobernaban la ciudad Compromís y PSPV, que denegaron las licencias de obras y de actividad para la rehabilitación de este inmueble y la reapertura del hotel. La tesis del anterior gobierno municipal era la del derribo mientras que la intención expresada por la actual alcaldesa de Valencia, María José Catalá, es reabrirlo como hotel para mayores.

Los demandantes, según la sentencia que ha adelantado Radio Valencia, impugnaron con el recurso las resoluciones adoptadas por el Ayuntamiento de València que denegaron las licencias de obras y actividad para la rehabilitación del edificio y la implantación de una actividad hostelera en el antiguo Hotel Sidi Saler, “ubicado en una parcela que forma parte del dominio público marítimo-terrestre y está dentro de los límites del parque natural de L’Albufera”. Contra la resolución judicial cabe un recurso de apelación.

Los principales argumentos de los fondos propietarios del inmueble, según consta en el fallo, eran que el hotel no atenta contra espacios naturales protegidos, por lo que se halla fuera de ordenación diferida, no sustantivo; y entendían que se había denegado las licencias “en desviación de poder”. Pedían al juzgado la condena al Ayuntamiento a conceder las licencias en los términos solicitados el 30 de septiembre de 2019.

El Ayuntamiento, por su parte, argumentó que no se podía conceder la licencia porque el edificio está fuera de ordenación, situado en un espacio protegido y con unas características que atenta contra este espacio natural.

El antiguo hotel se construyó entre los años 1974 y 1976 y el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de València, aprobado en 1988, lo clasificó como suelo urbano de uso terciario y con una edificabilidad de dos plantas. Sin embargo, el inmueble cuenta con seis plantas de forma que cuando entró en vigor el PGOU quedó fuera de ordenación. Más tarde, en 2007, el edificio quedó dentro de la zona de dominio público marítimo-terrestre y cesó su actividad en 2011, año desde el que permanece cerrado.

Poco antes de la inclusión del suelo que ocupa en el dominio público, el Ministerio de Transición Ecológica otorgó a las entidades bancarias que se quedaron con la propiedad del hotel una concesión para ocuparlo y explotarlo de acuerdo con la ley de Costas. La concesión cambió luego de manos y los nuevos fondos de inversión propietarios solicitaron las licencias de obras y ambientales que, después de tres años de tramitación, el gobierno local, de Compromís y PSPV, denegó porque el inmueble está fuera de ordenación sustantiva y lo solicitado “excedía lo permitido en esa situación urbanística”.

La sentencia niega que el Ayuntamiento haya incurrido en una desviación de poder al denegar las licencias y pronunciarse a favor del derribo del edificio. “La demolición de un edificio fuera de ordenación es, en definitiva, una exigencia última de toda esta normativa y tomar decisiones administrativas en esta línea en ningún caso puede considerarse desviación de poder”, señala el texto.

“Sólida y bien argumentada”, según Agrò

En el procedimiento se personó Acció Ecologista-Agró, que alegó parecidos argumentos que el consistorio. La organización ecologista considera ahora la sentencia “sólida y bien argumentada, pero estamos seguros que será recurrida ante el TSJCV por la propiedad”. “Hemos de recordar que hasta siete funcionarios del Ayuntamiento y de la Generalitat Valenciana informaron que afectaba al medio ambiente. Por lo que no es un tema donde quepa mucho debate.

El Ayuntamiento está intentando allanar la reapertura por otras vías y rechazamos esa opción por varias razones. Primeramente, no se puede modificar un Plan General de más de 30 años ante la necesidad de una empresa mercantil, cuando el resto de ciudadanos han tenido que respetarla en todo este espacio de tiempo. No se puede instar a declarar la Albufera como reserva de la Biosfera y al mismo tiempo dar pasos decididos en dirección contraria. El hotel, con tres salones de eventos supone una afección al medio ambiente y a la tranquilidad de los vecinos.

Para el grupo municipal de Compromís, su portavoz, Papi Robles, asegura: “Es una magnífica noticia para la ciudad de València y un claro aval a las políticas de Compromís en defensa de la Devesa-Albufera. La caducidad de la licencia ambiental del antiguo hotel Sidi Saler confirma lo que ya sabíamos: la turistificación descontrolada y los proyectos urbanísticos especulativos no tienen cabida en un espacio tan valioso como la Devesa”.

La concejala valencianista reprocha a la alcaldesa María José Catalá su intento de recuperar “el viejo proyecto franquista de convertir la Devesa en un ressort turístico, ignorando la importancia medioambiental de este paraje único. Ahora vemos cómo la realidad se impone: Compromís, con el apoyo de la sociedad civil organizada, lo paró en su momento y lo seguirá haciendo. La Devesa es de todas y todos, no de unos pocos privilegiados”.