Mazón sigue adelante con la contrarreforma que favorece la construcción en la costa valenciana

El Gobierno valenciano, entonces de PP y Vox, inició al poco de llegar a la Generalitat en 2023 una contrarreforma legislativa para flexibilizar una serie de normas en vigor, aprobadas desde 2015 por el anterior ejecutivo del Botànic (PSPV, Compromís y Unidas Podemos) que ordenaban y protegían el territorio valenciano. Y la primera ellas, la Ley de Simplificación Administrativa, entró en vigor ayer martes. La ley, un cajón de sastre que afecta a multitud de materias, no solo a la urbanística, puede afectar a la prohibición de construir en la costa en 1.137 hectáreas de suelo no urbanizable e inundables. De momento, la norma de simplificación administrativa permite el uso terciario —por ejemplo, la construcción de hoteles― a solo 200 metros de la línea de costa, cuando antes el mínimo eran 500. Además, deriva a los ayuntamientos la competencia para dar licencias en suelo no urbanizable en áreas inundables, una facultad que antes dependía de la Generalitat.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, del PP, ha mantenido el contenido de su Plan Simplifica, tal y como se diseñó meses antes de la dana que ha devastado el territorio de buena parte de la provincia de Valencia, sobre todo en las zonas inundables de las poblaciones. Una de las medidas más polémicas, como permitir la construcción a 200 metros de la costa, fue pactada en las Cortes por los populares y por Vox en la mañana del 29 de octubre, cuando se desataron las inundaciones que han provocado al menos 222 muertos.

La ley ya vigente, tras su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), es, salvo un puñado de cambios, el decreto que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, presentó el pasado mes de mayo con la finalidad de dejar atrás el “modelo anticuado” y “reducir las trabas” en la legislación autonómica: es decir, simplificar la burocracia para agilizar la tramitación administrativa a las empresas y la relación con el ciudadano. El decreto eliminaba o modificaba 29 leyes, 37 decretos, ocho órdenes y más de 500 artículos vigentes. El Gobierno valenciano lo aprobó a principios de julio, aunque después, por imperativo de Vox, que ya había abandonado el Ejecutivo valenciano, se tuvo que tramitar como proyecto ley en las Cortes Valencianas.

Esta ley deriva, por ejemplo, a los municipios la elaboración de informes y la competencia para dar licencias en suelo no urbanizable en áreas inundables con el propósito de agilizar la tramitación de proyectos, cuando antes era una obligación de la Generalitat.

Otro de los artículos que más llamó la atención del decreto de julio fue la reducción de distancia de la costa para poder construir hoteles o cualquier otro uso terciario del suelo, lo que desmontaba la protección diseñada por el anterior ejecutivo del Botànic para alejar el hormigón del litoral después de años de bum urbanístico. Precisamente, el nudo gordiano del Pativel, el plan de ordenación de la costa aprobado en 2018 por el gobierno progresista, estaba en impedir la construcción en los primeros 500 metros de litoral, protegiendo 7.500 hectáreas de suelo, de las que 1.137 eran, antes del plan, urbanizables y estaban localizadas en zonas inundables. El Pativel las desclasificó y las convirtió en no urbanizables. Ahora la Generalitat introduce un cambio que permite el uso terciario hotelero a partir de los 200 metros desde la línea de playa.

El borrador de anteproyecto de ley de ordenación y protección de la costa valenciana, otra de las reformas legales anunciadas por el Gobierno de Mazón, va en parecida dirección y, de consumarse, restaría también fuerza legal al plan que protegía de la edificación las zonas inundables, según la portavoz adjunta socialista María José Salvador. “El Pativel nos puso a la vanguardia en protección de la costa, teniendo en cuenta lo maltratada que ha estado históricamente, y ahora quieren vaciarlo”, añadía también en su día la parlamentaria de Compromís, Paula Espinosa.

En el plan Simplifica hay otro elemento que debilita la Estrategia Territorial Valenciana, el primer documento de ordenación del territorio autonómico aprobado en 2011 por la Generalitat, presidida entonces por el PP, y que limitaba los crecimientos urbanísticos hasta 2030 en los municipios. El gobierno del socialista Ximo Puig (2015-2023) convirtió sus dictámenes en vinculantes y ahora el PP quiere considerarlos orientativos.

Los anuncios de modificación o revisión de la legislación en vigor más proteccionista con el territorio se suceden. Hace solo unos días, el Ejecutivo autonómico mostró su voluntad de modificar la Ley de la Huerta, que protege tierras de alto valor agrícola, con el objetivo, —“excusa”, según la oposición—, de “desbloquear los proyectos de actuación sobre el encauzamiento de ríos y barrancos”, un tema muy sensible tras la dana.

Ley de la Huerta

La socialista María José Salvador, exconsejera de Territorio del Botànic, cree que el motivo aducido por el Consell era una mera coartada porque no hay ninguna infraestructura hidráulica que se prohíba en la Ley de la Huerta, que prosperó bajo su mandato. Por ejemplo, para intervenir en los barrancos del Poyo o La Saleta, desbordados durante la dana, Salvador asegura que la Ley de la Huerta no es impedimento. Solo exige una serie de criterios de integración paisajísticos para intervenir en los cauces. Y entiende que detrás de la urgencia del Gobierno valenciano para modificar esta norma puede estar también el abrir la mano a la edificación en este tipo de suelos.

Por último, la Generalitat se propone revisar también el Plan de Acción Territorial sobre prevención del Riesgo de Inundación (Patricova), donde se identifican y cartografían las zonas inundables de la Comunidad Valenciana. “¿Para qué? No lo sabemos”, dice Salvador, que recuerda que este plan ha sido un instrumento válido y ha evitado la construcción en zonas inundables durante los mandatos del Botànic.

Según el actual consejero de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, quiere que el cambio legal “recoja nuevas prioridades” para evitar la construcción en zonas de potencial alto riesgo, según señaló la pasada semana. Una nueva cartografía “permitirá delimitar las zonas que han sufrido inundaciones y la altura de calado de cada una de ellas”, para “visualizar el territorio afectado y la magnitud de las inundaciones”, sufridas en el temporal de hace un mes, explicó.