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El puerto de Valencia otorga a una filial de la naviera MSC la concesión por 50 años de la terminal norte

Compromís explica a 30 eurodiputados las “consecuencias” de una ampliación portuaria que consideran “aberrante”

Crecimiento Economía Española
Un gran buque de contenedores en las instalaciones del puerto de Valencia.Mònica Torres
C. V.

La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha otorgado a la compañía TIL (Terminal Investment Limited), de la naviera MSC, la concesión administrativa para la construcción y explotación por un plazo de 50 años de la nueva terminal pública de contenedores en la zona norte del Puerto de Valencia. A unos metros de donde se ha celebrado el consejo de administración portuario, Compromís ha mostrado a una treintena de eurodiputados las “graves consecuencias” medioambientales y sociales que comportará la obra.

Esta decisión representa un paso administrativo más para hacer realidad la terminal de la ampliación norte, de la que se encargará TIL como oferta seleccionada por la APV en septiembre de 2019, con una inversión privada prevista de 1.098 millones de euros, la mayor realizada hasta la fecha en el sistema portuario español, según ha informado la autoridad portuaria. La APV, responsable de la construcción del muelle, tiene comprometida una inversión de hasta 656 millones de euros.

La nueva infraestructura se ha concebido y diseñado bajo la premisa de maximizar su operativa multimodal, además de bajo unos criterios de respeto medioambiental, que incluyen su total electrificación con operativa autosuficiente y origen 100% renovable.

El consejo ha aprobado además la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Valencia para la creación de un órgano interadministrativo de cooperación para La Marina de Valencia tras la disolución del consorcio que la gestionaba. La concesión para la gestión de los espacios náutico-deportivos de la zona norte del Puerto de Valencia, una cuestión en la que el Ayuntamiento llevaba “trabajando desde hace meses”, se la ha adjudicado Serveis Maritims Port Eivissa, S.L y Ocibar, S.A.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, miembro del consejo portuario, ha destacado también la aprobación de la concesión administrativa de las antiguas dos bases del equipo Iberdrola, para Sesame, por un plazo de 20 años y con una inversión de 2,9 millones de euros “con los que se rehabilitaran, recuperarán y explotarán estos inmuebles”.

“Estamos dando pasos de gigante en tiempo récord, porque desbloqueamos este espacio y generamos inversión privada aportando oportunidades a este entorno, después de un bloqueo de 8 años en los que solo se aspiró a traer unas oficinas de Labora que no iban a aportar nada de riqueza ni de la actividad económica que ya protagoniza el día a día de La Marina”, ha asegurado Catalá.

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“Aberración ambiental”

A unos metros de la reunión del consejo de administración, en el Tinglado número 2 del puerto, una treintena de eurodiputados del grupo Verde-Alianza Libre Europea y de representantes de organizaciones políticas de Gales, Escocia, Alemania, Eslovenia o Finlandia, invitados por Compromís, han conocido de primera mano las características e impacto de la ampliación portuaria sobre el litoral valenciano.

Papi Robles, portavoz de Compromís en Valencia, y el europarlamentario Vicent Marzà han señalado que “desde la coalición siempre hemos reivindicado que esta ampliación es una aberración ambiental para nuestra ciudad, una operación que sólo puede concebirse desde el punto de vista de un pelotazo urbanístico donde se han puesto de acuerdo PSOE y PP”.

Robles ha criticado que “mientras el miércoles en el pleno municipal aprobábamos por unanimidad apoyar la declaración de Reserva de la Biosfera de la Albufera para protegerla, hoy la alcaldesa del PP, en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria, ha firmado la muerte del lago y del parque natural dando su visto bueno a las obras de ampliación del Puerto. Es imposible e inviable mantener viva la Albufera con esa ampliación”, ha subrayado la portavoz.

Marzà ha incidido en que “una de las principales batallas” es frenar la ampliación del Puerto de Valencia, una “barbaridad a nivel ecológico, social, económico y de salud”. En esta línea, ha advertido de que la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que ha sido quien ha estado “mirando hacia otro lado” y quien “no ha ejercido sus competencias” en relación con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Puerto de Valencia, será ahora quien tenga “las competencias a nivel europeo” al ostentar la Vicepresidencia Ejecutiva de Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Unión Europea para “velar para que proyectos como este no pasen”.

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