Valencia exigirá una ficha de intervención a los bomberos para evitar siniestros como el de Campanar

Los proyectos de edificios que, a partir de ahora, presenten una solicitud de licencia de obras en el Ayuntamiento de Valencia deberán incluir una ficha de intervención operativa, un documento con la información básica del edificio para que los bomberos puedan planificar su estrategia de actuación y evitar siniestros como el del edificio de Campanar, en el que murieron 10 personas. Así lo ha anunciado este lunes la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, durante el debate sobre el estado de la ciudad en el que ha anunciado que otorgará una medalla a la gratitud a todos los que colaboraron en la asistencia a los perjudicados.

Catalá ha explicado que esa ficha servirá para que “a golpe de vista” los bomberos puedan conocer las características fundamentales y materiales del edificio. En el caso de Campanar, los 10 fallecidos vivían en las plantas superiores a la del piso en el que se inició el fuego. Actualmente, el procedimiento operativo de intervención en incendios en edificios de gran altura de los bomberos recoge que en la ciudad de Valencia hay más de 100 edificios de más de 15 plantas sobre los que indica su antigüedad, un dato orientativo “para conocer qué normativa se le aplicó en lo que respecta a seguridad contra incendios”. El edificio incendiado en Campanar, de 14 plantas, no figura, por lo que, antes de llegar, los bomberos no conocían sus características. La labor de los bomberos fue cuestionada y, presumiblemente, será investigada en el procedimiento penal que está en marcha.

La alcaldesa ha hecho referencia a la rápida propagación de las llamas por la fachada del inmueble y ha indicado que “se pudo deber al material envolvente”. “No podemos cambiar el código técnico, exigimos que lo hagan pero este ayuntamiento no se va a quedar parado a la espera de que el Gobierno mueva ficha”, ha dicho, obviando que el código técnico fue modificado con posterioridad a la construcción de ese edificio y que actualmente no están permitidos algunos de los materiales supuestamente utilizados en dicha fachada. Aun así ha anunciado que para los vecinos cuyas fachadas tengan materiales semejantes, el Ayuntamiento de Valencia bonificará el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) al 99%.

La alcaldesa ha dedicado parte de su intervención a hablar de vivienda y de apartamentos turísticos sobre los que ha dicho que el Ayuntamiento ordenará a las empresas suministradoras el corte de luz, agua y otros suministros a los pisos turísticos ilegales, tal como hace el Ayuntamiento de Sevilla desde hace meses y pese a que hace apenas un mes rechazaron la medida para los propietarios incumplidores. Además, ha indicado que las inspecciones de apartamentos turísticos se han incrementado un 454 % y ha detallado que en el primer semestre de 2023 hubo 48 inspecciones y en el primer semestre de 2024 ha habido 266 inspecciones. Catalá ha apostado por “una ciudad vivible, con un turismo de calidad, regulado y sostenible” y ha defendido que van a “seguir luchando contra la actividad ilegal”. Y ha asegurado que se conformará un grupo de trabajo con la Autoridad Portuaria y el sector para priorizar aquellos buques que utilicen Valencia como puerto base; que no haya atraques de cruceros simultáneamente al día, salvo circunstancias excepcionales; y para apostar por aquellos buques que sean menos numerosos en pasaje.

El debate sobre el estado de la ciudad ha sido escenario también del anuncio de la revisión el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valencia. María José Catalá ha manifestado que esta revisión servirá para diseñar la estrategia “el futuro urbano de la ciudad”. Entre otras cosas, incluirá la creación de una nueva bolsa de suelo en Benimàmet con una edificabilidad de más de 460.000 metros cuadrados de techo en el que se podrán construir más de 4.600 viviendas, de las que casi 1.000 será de protección pública.

Catalá ha anunciado también una ayuda directa de 300 euros a los padres y madres por hijo recién nacido a partir del 1 de enero de 2025. Tras la intervención de la alcaldesa han intervenido representantes de distintos colectivos que acuden al pleno para reivindicar o agradecer la acción municipal. El portavoz de Vox, Juan Manuel Badenas, ha interrumpido estas intervenciones en dos ocasiones, en las que María José Catalá ha parado el debate para llamarle la atención: la primera de ellas, cuando se hablaba de los mensajes en X de la concejal ultra Cecilia Herrero, que Compromís denunció por xenófobos y racistas y la segunda al hablar de igualdad y mujer.

La oposición coincide en criticar un gobierno para turistas y no para vecinos

Los grupos de la oposición, socialistas y Compromís, han coincidido en critica al equipo de gobierno de expulsar a los vecinos de los barrios de la ciudad. “Ha pasado de ser una ciudad vivible a ser vendible. Este ayuntamiento no quiere vecinos, solo clientes y turistas”, ha dicho el portavoz socialista Borja Sanjuán, quien además ha acusado al PP de haber dado “el chivatazo” de la moratoria a los propietarios de los apartamentos turísticos.

La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha coincidido en señalar que la moratoria llegó tarde “y los especuladores se prepararon”. “Estamos siendo expulsados de nuestra ciudad”, ha señalado Robles, quien ha afeado al equipo de gobierno que el precio del alquiler haya subido en un año más que en los siete anteriores. “Usted mira la ciudad con mirada especulativa y so modelo es para turistas y no para vecinos”, ha espetado a María José Catalá.

Ambos partidos han reclamado también al PP que prescinda de sus socios de gobierno, los concejales ultra de Vox. Los socialistas porque, mientras el portavoz ultra ha hablado de libertad de expresión, “ha intentado callar a los vecinos” que han intervenido durante el pleno a los que, según Compromís, ha llegado a amedrentar en los pasillos.