La Justicia respalda la estrategia de Sevilla contra los pisos turísticos: tres sentencias avalan que corten el agua si son ilegales

El Ayuntamiento de Sevilla (PP) ya ha cortado el agua seis veces en el último año a pisos turísticos irregulares en el centro histórico, tras sucesivos incumplimientos de la ley. Esta tajante medida ha supuesto el cierre de los apartamentos, que algunos propietarios han intentado revertir sin éxito. Tres dueños de los seis pisos han recurrido el corte del agua en los tribunales, pero la justicia ha respaldado el cerrojazo al encontrar proporcionada la resolución, motivada por las quejas de los vecinos, hartos del ruido y trajín de los turistas.

El Consistorio de la capital andaluza pretende aumentar su policía turística para imponer mano dura y revertir la alfombra roja dada durante la última década a los pisos turísticos, que aumentan en paralelo al alza de los hoteles que inundan la ciudad. “Uno de los dueños invocó que su piso era un domicilio, pero con las pruebas aportadas por la Policía Local, el juez resolvió a nuestro favor”, relatan fuentes de la Gerencia de Urbanismo municipal. El corte del agua está respaldado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento, pero también por dos informes de bufetes externos que han visto legal la medida.

Mientras, la turistificación de Sevilla, con tantísimos visitantes concentrados en el casco antiguo y Triana, deviene a veces en turismofobia, como ocurrió el pasado martes en Santa Cruz, el barrio con más pisos turísticos de España, donde un vecino lanzó un cubo de agua a un grupo de turistas británicos que habían llegado en crucero a Cádiz. “Entiendo parte de la molestia. Al haber tanta masificación y grupos de free tours dando gritos a las doce de la noche (…) pero tirar un cubo de agua no es la solución”, declaró a Diario de Sevilla la guía del grupo, Mercedes Míguez.

El Ayuntamiento sevillano quiere acotar el problema porque estima que hay 5.000 pisos ilegales en la ciudad, que se suman a los 10.000 que tiene registrados. Es decir, uno de cada tres apartamentos es ilegal, según el Consistorio, que confía en que el aumento de inspecciones consiga un efecto disuasorio los próximos años, porque al ritmo actual la plantilla de agentes de la Policía Local tardaría una década en revisarlos todos. En los seis pisos turísticos clausurados hasta ahora no volverá el suministro de agua hasta que Urbanismo no cierre los expedientes abiertos y vuelvan a ser viviendas particulares. Los cepos en los contadores digitales no son sencillos de burlar y la empresa pública Emasesa revisa si existe consumo en los pisos clausurados, según la Gerencia.

En paralelo, otras ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Santiago de Compostela y Alicante rechazan la medida de cortar el agua a los propietarios incumplidores. Cádiz propone cobrar una tasa extra de agua y Málaga un nuevo impuesto a los turistas de pisos que sirva para aumentar los servicios sociales y ayudar a las familias vulnerables perjudicadas por la escalada imparable de precios de alquiler.

“Si Emasesa detectara movimientos, los vecinos darían la voz de alarma porque son los que denunciaron por ruidos y están muy formados en la materia. Los últimos tres cortes los hemos llevado a cabo desde enero en la Alameda de Hércules, la zona comercial y la que colinda con la judería [Santa Cruz]”, explica Pedro Pujol, uno de los dos únicos agentes especializados en la lucha contra los pisos ilegales de la unidad de Policía Turística. 57.000 vecinos viven en el corazón de la tercera ciudad española que más turistas recibió en 2022 con 3,4 millones, según un estudio con datos del INE. Cada semana, los sevillanos más hartos interponen una media de 10 denuncias para lograr el cierre de los pisos turísticos que les molestan, ya sea por falta de documentación, escasez de cuartos de baños o por superar la altura de un primero y tener la licencia posterior a julio de 2022. En la última década, 3.400 ciudadanos tiraron la toalla y abandonaron el centro histórico por culpa del turismo masivo.

Desde que el pasado enero la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) dio potestad a los Ayuntamientos para imponer sus restricciones a la turistificación, a muchos propietarios sevillanos les ha entrado el miedo: desde entonces la Junta ha recibido la inscripción de tres pisos como viviendas turísticas cada día, lo que suma unos 700 nuevos apartamentos registrados en la capital, confirman fuentes municipales. Sin embargo, en Sevilla la fecha del inicio de actividad de los pisos en el registro debe ser anterior al 7 de julio de 2022 y así sobrevivir. “Los explotan de manera ilegal mientras que no los pillamos”, confía Pujol. Para aumentar el control, la ley andaluza fijó que desde ayer, tras un plazo de seis meses desde su entrada en vigor, las empresas explotadoras son las que deben figurar en el registro de la Junta y no los propietarios, ya que se han dado casos de dueños ilocalizables en regiones como California y diferentes países europeos.

El Ayuntamiento sevillano asegura que ha sido “muy prudente” para regularizar sus restricciones después de que la justicia tumbara normativas municipales al respecto, como fue el caso de Córdoba. Un punto de inflexión fue la victoria judicial en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a su modificación del artículo 44 del PGOU después de los recursos de los propietarios de pisos turísticos.

A pesar de las cautelas del Consistorio andaluz, ha sido este verano cuando la medida de cortar el agua a los dueños de pisos infractores ha saltado a la luz pública. La mayoría de ciudades españolas no ven la medida con buenos ojos.

Madrid fue la primera que se expresó en contra: “Entiendo la situación de Sevilla, pero no es el modelo de Madrid”, matizó el alcalde José Luis Rodríguez Almeida (PP), que aboga por una moratoria de licencias para disuadir y un aumento de las inspecciones. Barcelona asegura que “una medida así no está sobre la mesa”. La capital catalana duplicará en 2025 los recursos destinados a las inspecciones para evitar que la actividad ilegal crezca antes de que se extingan todas las licencias vigentes en 2028, y resalta que ha recuperado para uso residencial habitual 3.473 pisos que operaban con actividad turística ilegal.

Tampoco Valencia ni Alicante ni Santiago de Compostela contemplan la posibilidad de cortarle el agua a los pisos irregulares. En Cádiz, el nuevo alcalde Bruno García (PP) subirá la tasa de agua a las viviendas turísticas, para que en breve pasen a pagar agua en los tramos que se aplican para usos comercial-industrial. En Málaga, su alcalde, Francisco de la Torre, ha propuesto la puesta en marcha de una tasa por noche para gravar a las viviendas turísticas. Lo ha hecho pasando la pelota al Gobierno, tras escribir una carta al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en la que plantea una iniciativa legislativa que impulse la medida y que luego “los municipios que lo consideren oportuno” establezcan ese impuesto turístico. Su recaudación, según el regidor, debería destinarse a los alquileres de familias en situación de exclusión social, pero también a la promoción del turismo de calidad.

En Sevilla, el presidente del sindicato Sppme de la Policía Local, Luis Val, aclara sobre el trabajo de la Policía Turística, compuesto por 20 agentes: “El problema es cuando no hacen caso, pasan los meses y comprobamos la reserva en internet, pues Urbanismo decreta el corte de agua por reiteración y desobediencia, siempre que haya contadores individuales para no perjudicar a otros vecinos, claro”.

Las quejas por la turistificación en el centro de Sevilla se dispararon en pandemia cuando los jóvenes alquilaban pisos turísticos para celebrar fiestas eternas sin que la Policía Local pudiera frenarles. Esto conllevó denuncias por ruidos y luego en 2022 los propietarios necesitaron cambiar el uso del suelo de residencial a uso terciario por hospedaje, medida reforzada por la Junta el pasado enero. Ahora, con 15.000 viviendas en pleno centro y Triana, Sevilla intenta que el vaso no rebose, aunque el grifo sigue abierto.

Con información de Ferrán Bono, Rafa Burgos, Silvia R. Pontevedra, Jesús A. Cañas y Nacho Sánchez.