Seis meses del incendio del edificio de Campanar en Valencia: “Queremos saber por qué se desarrolló tan rápido”

Han pasado seis meses desde que un virulento incendio consumiese en un tiempo récord un complejo entero de viviendas en el barrio valenciano de Campanar, cobrándose la vida de 10 de sus vecinos y destrozando 138 residencias. Un gran esqueleto negruzco da hoy idea del horror vivido la tarde y noche del pasado 22 de febrero. “Es como volver a empezar de cero”, apunta medio año después Enrique Salvador, propietario de uno de los pisos calcinados y presidente de la Asociación de Propietarios Afectados por el Incendio de Campanar (Aproicam), que reúne al 99% de los dueños de los inmuebles. Sus esperanzas están puestas en la investigación judicial del suceso: saber qué ocurrió, por qué y que se depuren si hay responsabilidades, y en la rehabilitación del complejo de viviendas que el fuego redujo a cenizas.

“No queremos caer en el olvido porque el problema sigue ahí”, explica Salvador, de 33 años, meses después. El presidente de los propietarios afectados enumera los tres grandes objetivos de la asociación. Explica que han conseguido encaminar la rehabilitación del inmueble —una vez un informe dictaminó que la estructura lo permitía— y en septiembre empezarán las obras de desescombro, es decir se vaciará el edificio de cenizas y demás elementos inservibles. Calculan que el desescombro durará unos cuatro meses y paralelamente se contrató en julio al despacho de arquitectura Arqueha para que redacte un proyecto de rehabilitación que se prolongará siete meses. El coste del derribo serán de 1,5 millones de euros y el del proyecto, otros 1,1 millones. Cuando acaben ambos procesos, la comunidad de propietarios convocará un concurso para adjudicárselo a una constructora que sea técnicamente capaz de hacer la reconstrucción. Y todo eso financiado a priori por las aseguradoras, apunta el presidente de Aproicam. “Estamos en conversaciones con ellas para que lo saquen adelante”, apunta.

Su segundo objetivo es que ninguno de los propietarios se vea obligado a pagar a la vez la hipoteca de la casa siniestrada y el alquiler de su actual alojamiento. “Queremos que estas ayudas y la moratoria de las hipotecas con los bancos esté vinculada al periodo de rehabilitación del edificio. En esa tesis estamos y las Administraciones [Generalitat, Ayuntamiento de Valencia y Delegación del Gobierno] se han mostrado partidarias de ayudarnos”. La Generalitat ha pagado unos 970.000 euros en ayudas a los afectados, según fuentes de la Administración autonómica.

En tercer lugar, la asociación va a ofrecer ayuda psicológica o cualquier acción que beneficie a los afectados para superar la tragedia. El joven hace una mención especial al apoyo recibido de la asociación Valientes, una escuela ubicada detrás de la finca siniestrada que empezó a recoger y repartir ayuda el mismo día del siniestro. “Son ángeles para nosotros”, confiesa Salvador. “Mucha gente está siendo consciente ahora de lo ocurrido. Cada persona tiene un ritmo. Además, hay gente de todo tipo, familias con hijos que no pueden asumir un coste elevado de alquiler, otras compuestas por personas mayores que ya no pueden rehipotecarse, familias monoparentales, otras en situación de desempleo…”. En líneas generales, las entidades financieras han aprobado periodos de carencia para el pago de las hipotecas.

Los afectados, propietarios e inquilinos, fueron realojados —los que lo necesitaron— en un edificio de viviendas públicas del Ayuntamiento de Valencia en el barrio de Safranar. Ahí han vivido durante seis meses unas 99 familias pero el próximo lunes, 26 de agosto, vence el plazo que el consistorio dio para que buscasen otro piso, dando por sentado que si había algún caso de vulnerabilidad, el Ayuntamiento buscaría otro recurso. Quedan todavía unas 41 familias, la mayoría vivían de alquiler en el complejo siniestrado.

En el plano judicial, la Audiencia Provincial de Valencia acordó el 25 de junio la reapertura de la investigación que en marzo archivó provisionalmente el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, al considerar que había que practicar nuevas diligencias que aclaren todas las circunstancias del suceso. La reapertura se decretó a raíz de un recurso de familiares de los cuatro miembros de una familia que perdieron la vida en el incendio, al que se adhirieron total o parcialmente la Fiscalía y otras partes como la comunidad de propietarios del edificio o la asociación de damnificados por el incendio de Campanar. “Queremos saber por qué se originó ese incendio y por qué, sobre todo, se desarrolló tan rápido. Queremos que se depuren si hay responsabilidades y lo más importante, justicia para las 10 víctimas mortales”, subraya el presidente de Aproicam.

Ignacio Grau, abogado que representa a las familias de siete de los 10 fallecidos, incide en el retraso que arrastra la investigación por el archivo de la causa. “Queremos saber las causas del incendio y de los fallecimientos. Si el fuego se inicia a las 17,30 horas, ¿por qué hay víctimas que mueren horas después?. Queremos conocer el relato de lo que sucedió en aquellas horas. Son dudas y para eso está la instrucción judicial”, subraya. Las familias de los fallecidos están pendientes de conocer en septiembre cuáles son las resoluciones que dicte el juez sobre las diligencias de investigación que han solicitado las partes personadas en la causa, avanza Grau.

Según el informe elaborado por la Policía Científica, el fuego se originó en el apartamento 86 de la torre más alta del complejo residencial —que en menos de una hora calcinó las 138 viviendas de sus dos bloques— a partir de una pequeña fuga de refrigerante en el condensador del frigorífico de la cocina de ese piso. El fuerte viento de poniente que soplaba aquella tarde favoreció la propagación de las llamas.

Los afectados tratan de seguir con sus vidas. A una de ellas, Ana María Vela, de 65 años, el fuego le pilló en el trabajo y recuerda aquellos momentos como si de una película se tratara. Vela agradece el apoyo del Ayuntamiento y de otras autoridades por el trato recibido. Es una de las propietarias que ha vivido en el edificio municipal de Safranar hasta que a finales de julio se trasladó a un alojamiento de alquiler, donde vive acompañada de su madre de 84 años. “Sigo sin entender qué ocurrió, por qué en poco menos de una hora pasó aquel horror”., explica. “Trato de aplacar y esconder el ronroneo interno de qué pasará dentro de ocho meses [es el tiempo que tiene aplazado el pago de la hipoteca] pero de vez en cuando me asalta y tengo que decirme: ‘mira Ana, como decía aquella película, ya llorarás mañana, ahora hay que continuar adelante’. Pero sí, es una preocupación que no desaparece”, concluye.