La Fiscalía pide seis años de cárcel para Fernando Roig por dos fraudes fiscales en las obras del estadio del Villarreal CF

El presidente del Villarreal, Fernando Roig, se ha sentado este lunes en el banquillo acusado de dos delitos de fraude fiscal y otros dos de falsedad por los que la Fiscalía pide seis años de cárcel y el pago de una multa de un millón de euros. La Abogacía del Estado, que ejerce de acusación particular en el caso, reclama la misma pena de prisión y eleva la multa a 1,5 millones de euros. Ambas acusaciones mantienen que Roig dejó de ingresar en las arcas públicas 525.440 euros en dos años.

Las acusaciones se vierten sobre Roig y otros cinco acusados a los que también se considera autores del fraude, así como sobre una decena de personas más a los que se responsabiliza de ser cooperadores necesarios y para los que se pide una pena de tres años de prisión.

Según los escritos de acusación, los hechos ocurrieron entre 2004 y 2005. En esos años, el Villarreal terminó tercero en la Liga y se clasificó para la liga de campeones. En su declaración ante la titular del juzgado de la Penal número 1 de Castellón, Fernando Roig ha admitido que para la construcción de una nueva grada y las obras en la ciudad deportiva del Villarreal CF no se firmó ningún contrato y solo se llegó a un acuerdo verbal. “A mí lo que me preocupaba era que la obra se acabara”, ha insistido justificando en la premura de un partido contra el Everton la necesidad de contratar mucho personal y de diferentes mercantiles y que los pagos se realizaran de dos maneras: con pagarés a varios meses de vencimiento y pagarés con vencimiento el mismo día o al día siguiente. “El proyecto se modificaba sobre la marcha continuamente y pagábamos con arreglo a cómo se iban haciendo las obras según las necesidades de la empresa que ejecutaba el proyecto”, ha mantenido Roig.

Para la Abogacía del Estado, entre el club y la empresa a la que se encargaron las obras, Estructuras, Viviendas y Carreteras (EVC), existía una “relación de absoluta confianza que se desprende por la forma de contratar, concertadas verbalmente pese a superar los nueve millones de euros”. Además, la representación de la Hacienda, el Villarreal no firmó las certificaciones de obras “como resultaría propio de una relación comercial normal a fin de exigir la responsabilidad correspondientes, especialmente cuando no existe un contrato firmado”.

La Agencia tributaria ha constatado que el Villarreal fue descontando y deduciendo cuotas de IVA que implicaron una disminución de su tributación por dicho impuesto “sin llegar a ingresar en la Hacienda Pública dichos importes evitando el pago de las cuotas impositivas”. Para la Fiscalía, el presidente del Villarreal, en connivencia con todos los acusados, “fue asumiendo el pago de las facturas que iban emitiendo, cuyo contenido material no se ajustaba a la realidad, o bien de forma parcial o bien totalmente”. La Abogacía del Estado apunta en su escrito de acusación que con “la finalidad de eludir el pago de impuestos”, Fernando Roig “recibió facturación falseada de EVC tanto por obras inexistentes como por importes desmesurados de determinadas partidas”. Esta acusación explica además que, la empresa, para no asumir la carga impositiva que esa mayor facturación suponía, se proveyó de facturación falseada de otra mercantil que actuaba como un “subcontratista ficticio en su mayor parte” y que este hizo lo mismo con otra empresa subcontratada que no percibió ningún dinero. Además, la representante de Hacienda sostiene que cuando se trataba de facturación real, se entregaban pagarés a varios meses de vencimiento, mientras que la ficticia se abonaba con pagarés con vencimiento el mismo día o al día siguiente por importes redondos.