Compromís pide a Catalá que expulse de su gobierno “la corrupción del pasado” y el PSPV, una comisión de investigación por ‘Azud’

Los dos grupos políticos de la oposición en el Ayuntamiento de Valencia, Compromís y PSPV, han pedido explicaciones a la alcaldesa María José Catalá, del PP, por la mención en el último informe de la Guardia Civil incorporado al caso Azud de alguna persona de su círculo de confianza actual. “Estamos preocupados por el hecho de que Catalá mantenga en su gabinete a personas vinculadas al gobierno de Rita Barberá”, cuyo cuñado, José María Corbín, está investigado por una presunta trama de comisionistas relacionada con el Ayuntamiento.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado ingresos en efectivo, por más de 300.000 euros en las cuentas personal y profesional del abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de Valencia, la ya fallecida Rita Barberá. El informe, remitido al titular del juzgado que instruye el caso Azud, mantiene que Corbín cobraba comisiones de empresas adjudicatarias del Ayuntamiento de Valencia a través de dos fórmulas: una, la contratación de su despacho y otra, con ingresos en efectivo en sus cuentas.

El informe de la Guardia Civil incluye además el análisis de los mensajes de los teléfonos intervenidos a Corbín. “La mayor parte de estas comunicaciones habían sido borradas de los diferentes terminales móviles; si bien, las mismas han podido ser recuperadas a través de los métodos”, indica el informe. Entre los mensajes aparecen conversaciones con los concejales del equipo de Barberá con los que no tenía por qué tener relación alguna. La Guardia Civil apunta a que la investigación “evidencia que, previsiblemente a través de esta vinculación familiar, Corbín habría tenido acceso, contacto y vinculación en relación a asuntos de tramitación del Ayuntamiento, haciéndolo a través de otros miembros de la corporación municipal”.

A la luz del informe de la UCO, la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento ha pedido que no haya ningún tipo de permisividad hacia la corrupción en ninguna institución, venga del partido que venga. “Debemos pedir la máxima responsabilidad en la gestión del dinero público para la confianza y tranquilidad de nuestros vecinos y vecinas, por eso estamos muy preocupados por el hecho de que Catalá mantenga en su gabinete a personas vinculadas al gobierno de Rita Barberá que está siendo investigado por corrupción”.

Robles considera además inexplicable que el gobierno de la capital, de PP y Vox, la haya nombrado alcaldesa honoraria y además le dedique un puente [el de las flores]: “Desde Compromís queremos reiterar el máximo rechazo y condena frente a estos hechos. Catalá debe tomar medidas contra esta lacra para la ciudad y expulsar de su partido y de su gobierno la corrupción del pasado”.

La portavoz socialista Sandra Gómez ha pedido a la alcaldesa que abra una comisión de investigación “que arroje luz sobre la vinculación de algunos de los colaboradores más estrechos de Catalá con la trama de comisionistas liderada presuntamente por el cuñado de Rita Barberá, que investiga el juzgado en el marco del caso Azud.

Acceso a los expedientes

Gómez ha exigido que todos los partidos que conforman la corporación puedan tener acceso a todos los expedientes “que hoy nos están negando para poder analizar la relación que existía entre el Gobierno del PP de Barberá y los casos de corrupción que están apareciendo a través de la investigación del caso Azud y que salpican [presuntamente] a su núcleo de colaboradores más estrecho”.

“Todas las informaciones que están apareciendo sobre la presunta corrupción que afecta al gobierno de Barberá tienen una vinculación muy directa con el presente. Esto no va de remover el pasado que ya está judicializado sino de aclarar qué relación tiene este caso, por ejemplo, con el actual jefe de gabinete de la señora Catalá, Cristóbal Grau, que fue concejal en la época de Barberá y que aparece directamente señalado en los papeles de Azud”, ha incidido Gómez.

La responsable socialista en la ciudad ha mostrado su sorpresa por que el PP esté preocupado por lo que se está investigando en Madrid con las mascarillas pero obvie que algunos asesores suyos hayan aparecido relacionados con la trama del caso Azud en las investigaciones realizadas por la Guardia Civil.

El caso Azud empezó con una denuncia anónima presentada en la Agencia Tributaria de la Delegación de Valencia en la que se exponía el alto nivel de vida y las posesiones de la familia Corbín Barberá. La denuncia señalaba al cuñado de la exalcaldesa de Valencia del PP como “negociador”, y la Agencia Tributaria detectó que la principal fuente de ingresos de su despacho procedía de empresas vinculadas con el Consistorio valenciano.

De la investigación a Corbín, iniciada en 2017 por el juzgado número 13 de Valencia, han surgido pesquisas sobre las empresas que le pagaban y los negocios de estas. Los registros en las sedes de las sociedades y en los domicilios de sus pagadores llevaron a la intervención de anotaciones y documentos de los que surgieron sospechas de operaciones ilícitas y que han acabado salpicando también al PSPV, el partido de los socialistas valencianos, por haber financiado gastos electorales a través de una constructora.